Hoy inició el cese al fuego con la insurgencia del ELN, sin embargo, aún no es clara la posición del Gobierno para enfrentar la grave situación de violencia que están generando los grupos paramilitares, las disidencias y bandas criminales que tienen azotadas a las comunidades en varios lugares del país.
Hay incertidumbre en varias regiones por el recrudecimiento del conflicto armado, a pesar de los esfuerzos del Gobierno por reducir los niveles de violencia con su política de diálogo y de “paz total”.
De otro lado, el ELN dejó claro que se defenderá frente a “cualquier estamento o grupo armado” por lo que todo indica que continuarán varios conflictos regionales.
En el Nordeste antioqueño, en el municipio de Segovia, las comunidades denuncian confinamientos, desabastecimiento y desplazamiento por combates entre el Clan del Golfo y un grupo que aún no está identificado. También denunciaron que en el Bajo Cauca hay constantes retenes de este grupo paramilitar.
En días pasados, el Consejo Comunitario General del San Juan en el Chocó llamó a una emergencia humanitaria por recrudecimiento del conflicto en los municipios de Istmina, Nóvita, y Sipí. Reportan confinamiento, desabastecimiento y heridos.
De igual forma, llamaron a las instituciones a cumplir con anteriores acuerdos que comprendían inversión social, medidas de protección y asistencia comunitaria.
En Buenaventura, la situación es más compleja. Hace unos días fue difundido un vídeo por redes sociales donde encapuchados y con armas largas, llamados la banda “Los de Robert”, declaró la guerra a “Los de Jalisco”, otra banda rival, además de otras ya conocidas como “Los Shotas” y “Los Espartanos”.
Mientras la guerra entre bandas aumenta en la zona urbana del puerto, en la zona rural, en el Bajo Calima, el ELN sostuvo enfrentamientos con las paramilitares del Clan del Golfo, también conocidos como las Autodefensas Gaitanistas (AGC).
Más hacia el sur, en la región del Naya, el ELN tuvo enfrentamientos con las disidencias “Jaime Martínez”.
Más hacia el sur, el pueblo Awá denunció que no ha cesado la violencia en su territorio en el Pacífico Nariñense. Dicen que hay confinamiento, familias desplazadas, homicidios y amenazas. Pidieron a las instituciones medidas de protección y acompañamiento humanitario.
Desde el inicio de la política de “Paz Total”, no se ha logrado un cese de hostilidades real con los otros grupos. Al contrario, estos han afectado a las comunidades con amenazas y desplazamiento.
Además, no lograron cumplir con el cese al fuego propuesto por el Gobierno a principios de año, aunque este tampoco diseñó unas reglas claras, ni una estrategia para su correcto funcionamiento.
Lo anterior está relacionado con el status de estos grupos, pues tampoco han demostrado una unidad de mando y mucho menos, móviles políticos dentro de su naturaleza, pues están fuertemente vinculados a economías ilegales.
Hoy, las comunidades y organizaciones de derechos humanos siguen esperando que el Gobierno estudie medidas de protección efectivas para los líderes sociales y, en general, para las comunidades que habitan las regiones más golpeadas por el conflicto armado.
