Indígenas de nueve comunidades Wayúu que habitan en Riohacha llegaron a Bogotá para denunciar ante el Gobierno Nacional que terceros los están desalojando de sus territorios ancestrales para construir proyectos urbanísticos. Dicen que en su región las instituciones no les reconocen sus derechos.
Indígenas Wayúu denuncian abusos de la fuerza pública y la presencia de grupos armados ilegales que apoyan los desalojos y ataques contra las comunidades. Cuestionan la autonomía de las autoridades regionales, ya que algunos funcionarios tienen compromisos con particulares para efectuar los desalojos.
En la Denuncia ante Procuraduría y organismos competentes firmada por el Movimiento Social Indígena Sumainwayuu, responsabilizan al alcalde José Ramiro Bermúdez, al inspector de policía Francisco Peñaranda Pinto y al capitán Diego Amorocho por estos desalojos.
“Ha venido gente armada con policía a amenazarnos y sacarnos. Uno ve que nos desbaratan las viviendas, nos corretean con armas”, dijo el líder Wayúu Pedro Ballesteros quien agregó que las instituciones en su región “no respetan ningún derecho ni ancestral ni occidental”.
Entre los proyectos de expansión urbana que buscan apropiarse de los territorios ancestrales de las comunidades Wayúu están: La cárcel de mediana seguridad para una población de 10 mil internos, la construcción de una laguna de oxidación y terceros beneficiados con escrituración ilegal sobre los predios ancestrales para ampliar el poder de clanes políticos como el de los Char.
Hasta el momento han desalojado a las comunidades de Potrerito, a Wayucaso y Acachamejia. “Estamos vulnerados por una mafia política, que con escrituras de falsa tradición están apoderándose y tratando a los indígenas de invasores”, dijo la vicepresidenta indígena del Movimiento Social Indígena Sumain Wayúu, Margareth Fince.
Aunque los territorios no están resguardados, los Wayúu explican que pueden demostrar que han vivido en esas tierras desde hace siglos. Pedro Ballesteros, del movimiento Sumain Wayúu dijo que en una de las zonas existe un proyecto de construcción de 1300 apartamentos y que estas zonas se han valorizado. Así mismo, aumentó el interés económico en ellas.
Las comunidades afectadas corresponden a Cachacamejia, Potrerito, Suamain Wayúu, Walinay, Santa Clara, El Propio Patrón, Wayuukazo, Elmayal, Tuctu, Juan de Aragón, Campo Alegre, Villa Fátima, en Riohacha, departamento de La Guajira.
Las comunidades Wayúu exigen el derecho a la tierra, al territorio y a su cultura. Denuncian que los desalojos son pan de cada día, por cuenta de la alcaldía, las autoridades municipales y regionales, que favorecen a clanes políticos, empresarios, multinacionales y terratenientes de la región.
Aunque la Agencia Nacional de Tierras, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo o el Ministerio de Defensa han realizado pronunciamientos para que se suspendan los desalojos, estos han sido desacatados.
Voceros y voceras indígenas como Carlos Uriana, Presidente del Movimiento Indígena, se reunieron el sábado con el Ministerio del Interior, el Ministerio del Trabajo, entre otras instituciones del Estado, así como con los congresistas Robert Daza, Gloria Flórez, y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) para organizar una mesa nacional que busque los mecanismos para intervenir de manera más contundente en esta situación.
Las comunidades indígenas esperan que las gestiones del Gobierno Nacional resuelvan la situación que tiene en riesgo el bienestar de las comunidades.
Desde hace un año las comunidades protestan para poder llamar la atención de las autoridades locales, quienes han incumplido los acuerdos. El pasado mes de marzo, realizaron protestas en Riohacha para detener los desalojos.