Los trabajadores del sector agrario en Perú retomaron las protestas contra la Ley Agraria y exigir mejores condiciones laborales, una crisis de la que la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) manifiesta se ha generado a partir de la falta de interés de los actores principales para resolver este conflicto.
Las manifestaciones se han retomado en las regiones de Ica (sur) y La Libertad (noroeste), donde ya se registraron las primeras protestas a principios de diciembre para exigir la derogación de la Ley de Promoción Agraria.
Asimismo, convocaron un paro nacional para el próximo 29 de diciembre, porque "el Gobierno no está teniendo un compromiso serio", a la que se le suma la paralización de las actividades del Sindicato Unificado de Controladores de Tránsito Aéreo del Perú entre el 22 y el 25 de diciembre.
Los controladores aéreos refirieron que "las operaciones y el uso de tecnologías aeronáuticas se mantendrán de manera ininterrumpida como se ha venido dando todo este tiempo".
Los trabajadores exigen una nueva ley laboral agrícola que les otorgue mayores ingresos, mientras el parlamento y ministros buscan llegar a un acuerdo que les ha sido esquivo desde el domingo.
El presidente peruano Francisco Sagasti, instó el miércoles a apurar el paso para acabar con los piquetes que tienen varados a decenas de buses y camiones con alimentos, que permanecen inmovilizados desde el lunes en varios tramos de la carretera en las regiones de Ica y La Libertad..
"Apoyaremos al Congreso, en la medida de lo posible, con toda la información que necesiten, con todo nuestro esfuerzo y espero que lo hagan en los próximos dos días", dijo Sagasti, quien lleva cinco semanas al poder, a la radio Exitosa.
Susana Quintanilla Huarancca, presidenta del Comité de Lucha del Sector Agrario de Ica, denunció la “esclavitud moderna” a la que están sometidos los trabajadores del sector agroexportador y agroindustria desde hace 20 años.
Durante la sesión de la Comisión de Economía del Congreso para evaluar la nueva propuesta de ley agraria, la dirigente sostuvo que laboran en “precarias condiciones”, “sin los materiales adecuados” y expuestos a sustancias toxicas.
Quintanilla afirmó que las empresas agroexportadoras se han beneficiado exponencialmente de la ley de promoción agraria, conocida como ‘Ley Chlimper’, recientemente derogadas por el Parlamento, a costa del “sudor, lágrimas y esfuerzo físico” de los trabajadores.
“No nos negamos al desarrollo económico, pero queremos con inclusión social, educación, salud y calidad de vida”, enfatizó.
Por otra parte, desde la Junta Nacional de Usuarios de los Sectores Hidráulicos de Riego de Perú criticaron "la poca partida presupuestaria anual que destina la Administración al sector".
El presidente de la SNI, Ricardo Márquez, precisó que se debe hacer una ley pensando en esos 2 millones de pequeños agricultores familiares, un proyecto que los congresistas se encuentran discutiendo, aunque este lunes volvió a fracasar el consenso ante la propuesta presentada, que fue devuelta a la Comisión de Economía para volver a evaluarla.