Las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que nos encontramos movilizadas desde el pasado 25 de julio en los diferentes puntos del departamento, como único medio de exigir al gobierno nacional el cumplimiento a todos los compromisos adquiridos desde las memorables marchas cocaleras de 1996 hasta los más recientes, adquiridos el pasado 05 de Septiembre de 2014. Donde se definieron los temas de la problemática social cocalera, en la que se propone la construcción de un Plan de Sustitución de Cultivos.
En la problemática Minero-Energética y Ambiental, el compromiso es la revisión y evaluación de las Licencias Ambientales otorgadas y en trámite. La revisión de la problemática de derechos humanos y la falta de inversión social, son otros de los temas en lo que poco o nada se ha avanzado. Manifestamos nuestro inconformismo y rechazo al trato violento que le viene dando el gobierno nacional a la movilización pacífica que venimos desarrollando.
Como todos son testigos, hoy después de más de un año y medio de diálogos, este proceso no ha logrado avanzar significativamente ni concretar nada de lo acordado hasta la fecha. Por el contrario, el gobierno nacional en cabeza de JUAN MANUEL SANTOS y su delegado para los diálogos en el departamento el señor viceministro del interior GUILLERMO RIVERA FLOREZ, quien presume de ser hijo de esta tierra, parece no importarle el progreso y bienestar de sus habitantes, particularmente las comunidades menos favorecidas, en cambio si aboga y defiende los intereses de las trasnacionales que saquean nuestros bienes naturales dejando en nuestros territorios contaminación de ríos y quebradas, desplazamientos, hambre y miseria. Lo único que ha hecho el señor viceministro es dilatar este proceso, enviando delegados a las reuniones programadas que desconocen los acuerdos y que ellos mismos reconocen que no son las personas idóneas con quienes se debe abordar los temas, ni representan las instituciones correspondientes para tratar a profundidad dichos temas. De esto son testigos delegados de la Defensoría del Pueblo y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quienes sirven de garantes al proceso.
Todas las exigencias planteadas por las comunidades de la región están en el marco de la Constitución Política de Colombia, en ningún momento hemos sido ajenos en nuestras acciones a salirnos del marco constitucional, por el contrario siempre hemos puesto nuestra voluntad al dialogo y el compromiso de construir país por la vía política. Razón por la cual, instamos al gobierno nacional en cabeza del Presidente JUAN MANUEL SANTOS, a que atienda de manera oportuna a las comunidades de esta región del país, para lo cual proponemos una reunión inmediata con presencia del Ministro del Interior, Ministro de Ambiente, Ministro de Minas y Energía, Alto Consejero para el Post Conflicto, para buscar soluciones efectivas y reales a la problemática que hoy vulnera los derechos de las comunidades. Estamos cansados de seguir firmando actas que no se cumplen, esperamos que esta vez las propuestas se materialicen.
Señor presidente, si es verdad lo que usted dice en sus discursos sobre la paz, demuéstrelo en hechos concretos en bien de las comunidades que habitamos este extenso y selvático territorio amazónico. Si no es así, entonces déjenos decirle que su gobierno no tendrá paz, pues nos tendrá por mucho más tiempo en las carreteras ahora y las veces que sean necesarias; porque JAMÁS vamos a renunciar al sueño de vivir dignamente y de habitar nuestros territorios libres de toda contaminación.
Finalmente, nuestro llamado a la solidaridad, el apoyo y la comprensión de los diferentes sectores sociales de Putumayo, Colombia y los pueblos hermanos del mundo para con nuestra causa,
estamos defendiendo la vida y el derecho a tener un ambiente sano. Esta lucha es de todos, si gana el campo, gana la ciudad; ganamos todos.
¡Si no hay pan para el pueblo, no hay paz para el gobierno!
¡¡¡Los tiranos se venden, los pueblos jamás!!!
