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En Oregón, como en otros estados, los manifestantes protestaron frente a la sede legislativa local armados con fusiles. Las manifestaciones armadas tuvieron lugar en varios estados tres días antes de la investidura del presidente Joe Biden.

Como parte del clima de inestabilidad política que vive Estados Unidos en los últimos días de la presidencia del saliente Donald Trump, durante el fin de semana se registraron varias protestas con manifestantes armados en las cercanías de los respectivos capitolios estatales de varios estados; de acuerdo a varios diarios locales.

En la capital de Ohio, Columbus, se congregaron unas 50 personas. Cerca de la sede del poder estatal, el grupo se cruzó con una protesta contraria, en la que se veía una bandera del movimiento Black Lives Matter. No obstante, no hubo actos de violencia.

En Michigan, más de 50 manifestantes con armas de calibre militar se reunieron ante el capitolio estatal en la ciudad de Lansing, pero casi todos se marcharon pronto, abrumados por la gran presencia policial y de la Guardia Nacional alrededor del edificio.

 

El Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, dejó en evidencia el acto de piratería realizado por el gobierno de los Estados Unidos, en la acción acometida por el Departamento de Estado, en la que confiesan “robar” 40 millones de dólares en combustible que la República Islámica de Irán le vendería a Venezuela.

“@SecPompeo el Pirata de Estado de Trump, se jacta de robar $40 millones en combustible perteneciente al pueblo venezolano. Es la confesión de un criminal que sin duda enfrentará a la justicia algún día. Justicia poética será verlo sin trabajo en unos días. #GAMEOVER”, escribió en su cuenta twitter el alto funcionario.

 

La denuncia a la que hace mención, quedó plasmada en un trino de la propia oficina del Departamento de Estado en la misma red social, en la que se lee: “Secretario Pompeo: En agosto de 2020, EE.UU. incautó envíos de combustible de Irán con destino a Venezuela. Más de $40 millones que se destinaron a nuestro Fondo de Víctimas del Terrorismo, en lugar de a Maduro y representantes del terrorismo”.

 

La decisión del gobierno de Donald Trump de incluir a Cuba en su lista de países “patrocinadores del terrorismo” días antes de concluir su mandato le deja una piedra en el camino al presidente electo Joe Biden. Cuando asuma el 20 de enero Biden tendrá que lidiar otra vez con la relación entre Estados Unidos y Cuba, una cuestión política siempre complicada a nivel externo e interno. Siendo vicepresidente de Barack Obama acompañó el “deshielo” entre ambos países, que Trump anuló de un plumazo en 2017 imponiendo todo tipo de restricciones, desde el envío de remesas por parte de familiares hasta el virtual cierre de su representación diplomática en la isla.

A la pequeña Cuba siempre se le imponen condiciones, que nunca se acaban. Un día puede ser la exigencia de modificar algo de su política interna y al otro que cambien su política exterior. No debe haber ningún país tan exigido a aceptar todo lo que Estados Unidos pide. Casi se diría que la única posibilidad para un gobierno cubano de acabar con el bloqueo norteamericano y las sanciones es abandonar el poder y entregarle las llaves a un funcionario de la Casa Blanca.  

El portavoz de la Cancillería de Irán, Said Jatibzade, en una rueda de prensa en Teherán (capital persa). 

Irán condena las sanciones de EE.UU. contra el titular de las fuerzas populares de Irak y dice que derivan de la “angustia” ante su expulsión del país árabe.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció el viernes la imposición de sanciones contra Faleh al-Fayaz, el líder de las Unidades de Movilización Popular de Irak (Al-Hashad Al-Shabi, en árabe), que forman parte de las Fuerzas Armadas del país.

En una conferencia de prensa celebrada el lunes, el portavoz de la Cancillería de Irán, Said Jatibzade, rechazó la medida de EE.UU. y la atribuyó a lo “muy angustiado y preocupado [que está Washington] por la resolución parlamentaria sobre la expulsión de las fuerzas estadounidenses”.