La congresista María del Rosario Guerra, haciendo honor a su apellido y partido, propone que en los municipios donde se dificulta el manejo civil, se nombren militares que dirijan la administración pública y militar.
Desde 1991 con la nueva constitución nacional, no es permitido que un militar ejerza la dirección ministerial de las Fuerzas Militares, pues estos deben acatamiento y subordinación al poder civil.
Son conocidos los excesos que tienen los militares al otorgarles ese tipo de poderes. El general-dictador Rojas Pinilla (1953-1957) autorizó el ingreso de militares a la universidad Nacional ocasionando la muerte del estudiante Uriel Gutiérrez y días después, de 13 manifestantes más, quienes marchaban rechazando el asesinato de Gutiérrez. Sujetos afines a la dictadura buscaron censurar la prensa que no apoyaba su gobierno, por medio del asesinato del director del periódico El Diario en 1955.
En 1985 con la retoma del Palacio de Justicia, tomado por el M-19, por parte de los militares, se demostró que varias personas entre magistrados y trabajadores de la cafetería, habían salido vivas y posteriormente fueron desaparecidas. Los militares las consideraban apoyo al M-19 o guerrilleros, estas desapariciones fueron posibles porque Belisario Betancourt le dio plenos poderes a los militares para manejar la situación.
Durante la presidencia de Uribe Vélez, la Seguridad Democrática, brindó protagonismo a las Fuerzas Militares para atacar a la insurgencia, estas medidas desencadenaron miles de asesinatos a civiles desarmados que fueron llevados a zona apartadas con la promesa de conseguir trabajo. Estas personas fueron asesinadas y pasadas como guerrilleros.
La corrupción militar que se ha demostrado en diferentes instancias y medios de comunicación independientes, como el pago por el manejo de millonarios contratos a militares de alto rango por parte de sus subordinados o empresas civiles, sobrefacturación en todo tipo de compras y favores sexuales a los que se ven obligados para ascender de rango, son el pan de cada día.
La propuesta ya resulta descabellada, y más si lo que se busca es tener la gobernabilidad municipal en aras de garantizar el derecho al voto el 27 de octubre, día de los próximos comicios electorales. Claramente, un alcalde «Ad hoc» militar, desarrollaría presión para que las comunidades voten por los candidatos de partidos que apoyan su accionar, y ahí se cuenta bien perfilado el Centro Democrático, el partido de la congresista María del Rosario Guerra.
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