De todos modos esperé que pasara el día para escribir esta entrada, porque detesto gastar tiempo en cosas que no se van a usar. Como todo parece indicar que el mundo no se acabó hoy y que mañana podrán leerme muchos sobrevivientes del 666, procedo a tratar un tema sobre el que quiero llamar la atención de propios y extraños: El ordenamiento territorial.

La ley 9a. de 1989, o ley de Reforma Urbana, marcó el inicio de una nueva etapa en la planificación municipal, orientada a integrar los distintos factores sociales, económicos, políticos, culturales y ecológicos en un desarrollo sostenible, riñendo con los clásicos procesos de planeación física, encomendados hasta entonces a arquitectos urbanistas.

Luego de ocho años de baja operatividad de la norma en el campo del desarrollo municipal, la ley 388 de 1997, o ley de Ordenamiento Territorial, puso a disposición de los entes territoriales y de los promotores inmobiliarios todo un compendio de instrumentos prácticos que permitirían la aplicación real de la reforma urbana propuesta con la ley 9a., ofreciendo así los ‘dientes’ de que carecía esta, para poder llevar a la práctica los planes de ordenamiento territorial en todo el país, hecho que significó una revolución silenciosa con relación al inicio de la construcción de una cultura de planificación armónica, consensual y participativa que comenzó a dar sus primeros resultados con la expedición paulatina de los POT a lo largo y ancho del territorio nacional.  

Entre tanto, con la ley 3a. de 1991, inspirada en los vientos neoliberales que soplaban entonces en el continente, había desaparecido la función edilicia del Estado, y con ella el ICT; en reemplazo se creó la figura del subsidio familiar para vivienda de interés social, administrado desde entonces por el Inurbe, hoy en liquidación. Aunque bastante criticado por sus detractores, este beneficio monetario ha llegado hasta hoy como la única fórmula gubernamental para enfrentar el pavoroso déficit habitacional de nuestro país.

Los numerosos planes de vivienda entregados por Samper durante su gobierno apaciguaron en parte la tensión que se vivía por el proceso 8000; las más de 400 mil viviendas construidas con la ayuda estatal le permitieron al Presidente Pastrana mostrar, al término de su mandato, su mejor indicador en materia de inversión social; pese a todo ello, el gobierno Uribe procedió a decapitar a una entidad que, transformada con el paso del tiempo, escribió gloriosas páginas de la historia de la vivienda popular y el desarrollo urbano de gran parte de nuestras ciudades y municipios. Los nombres de prodigiosos arquitectos como Rogelio Salmona, Pedro Alberto Mejía, Germán Samper y Eduardo Londoño se encuentran íntimamente asociados a los mejores tiempos de la Entidad.

Sin ser la panacea, el subsidio a la demanda ha sido un buen recurso para aliviar la angustia de muchos destechados de nuestro país, pero lamentablemente la ausencia de unas políticas estatales de largo plazo y la entrega paulatina de los bienes y servicios al sector privado para su lucro han marcado un deterioro en la calidad habitacional de las viviendas que hoy se entregan, así como la pérdida del sentido social que marcó su nacimiento. Entre más ‘barata’ resulte la vivienda, menos rentable será para el promotor, de modo que al haber puesto en manos de los privados la elección de los planes de vivienda a ofrecer, estos terminaron inevitablemente ignorando las expectativas de las familias más necesitadas: su labor se orientó a la oferta para sectores más rentables, el tope superior definido por la política del subsidio. Prueba de que no todo se debe privatizar. 

El descalabro de los primeros cuatro años del gobierno Uribe en materia de vivienda social, que  obedece no solo a lo descrito antes, sino a la improvisación y la ignorancia en la materia con las cuales se ha gobernado en este campo, pecado que seguramente la historia le cobrará cuando ya sea tarde. La absurda fusión de temas tan complejos como la vivienda, el ordenamiento territorial y el medio ambiente en un mismo ministerio, marcaron el comienzo de una anunciada bancarrota en estos tres campos tan vitales. El nombramiento de Cecilia Rodríguez, una desconocida total en el medio, quien afortunadamente terminó de ‘asesora’ en un reality de televisión, así como el posterior de Sandra Suárez, publicista en una pequeña agencia de Medellín y ex jefe de mercadeo de Yardley, ayudaron a la entrada en barrena de una cultura de servidores públicos ampliamente capacitados para manejar por separado los temas del nuevo y flamante ministerio.

Con diversas salidas en falso y la expedición escalonada de una reglamentación cada vez más enredada, el gobierno ha mostrado su talante falto de escrúpulos, cuando los costos de operación, una de las razones para acabar el Inurbe, se han duplicado entre el ministerio, Fonvivienda y el valor de los contratos de operación asignados a las cajas de compensación, con los nefastos resultados en cuanto al número de subsidios asignados, efectivamente desembolsados y aplicados a favor del beneficiario. Lo anterior sin contar con el escandaloso proceso liquidatorio del Inurbe, que luego de cuatro años de alargues, se ha convertido prácticamente en una fuente de empleo para costosos contratistas desconocedores de los asuntos a su cargo y simplemente referidos por políticos a quienes se adeudan favores.

Parte del mismo talante gubernamental ha sido la indebida utilización del poder político en el ejercicio de acciones poco éticas, como la conocida liberación por Decreto de amplias zonas de reserva ambiental en los cerros orientales de Bogotá, que favorecen a constructores de proyectos localizados inconvenientemente en sitios cuyas licencias se encuentran en entredicho o no existen, pero que ahora contarán con el apoyo gremial de Camacol, bajo la batuta de la la recientemente renunciante viceministra de vivienda, quien salta del sector público al privado, para alegría de los pulpos que ahogan nuestra ciudad con sus edificios irracionalmente planeados, pero financieramente muy buenos para sus bolsillos. El poder del capital.

Pero la más reciente perla en este conflicto de competecias es la intervención de la ministra de la cultura, quien obrando indebidamente como intermediaria entre unos constructores y el Distrito Capital, ha metido decididamente su mano para viabilizar la construcción de un centro comercial que, se sabe ya, acabará colapsando un importante sector de la ciudad, tal como sucedió recientemente con la construcción de otro tristemente célebre bodrio en la autopista norte, por parte de Pedro Gómez.

La injerencia del gobierno nacional en los municipios y en los departamentos ha sido famosa durante estos cuatro años, pero la metida de la mano al alcalde Garzón, por ejemplo el día del paro, deja muy mal parado a este último y siembra muchas dudas sobre el verdadero origen de las ‘ayuditas’. Si Lucho no se cuida, corre peligro su prestigio y hasta su butaca. Lo del centro comercial Santa Fe puede ser el comienzo del fin, si no abre los ojos pronto y actúa aunque sea tardíamente, en beneficio de la ciudad.

Este recuento llega necesariamente al anunciado nombramiento de Juan Lozano (miembro de la casa editorial de El Tiempo, junto con Juan Manuel y Pachito, y ficha de Peñalosa, anque ahora aparece como de Cambio Radical). De entradita se ve que los próximos cuatro años no traerán sorpresas mayores que aquellas a las que estamos acostumbrados últimamente con los ministros. ¿Qué puede saber Juan Lozano sobre ordenamiento, vivienda y medio ambiente? No importa, el importante es el presidente, al fin y al cabo. Si esto no es un pastel rancio, que alguien me explique qué es entonces.