El cuestionado decreto modifica las condiciones de contratación y la composición de los bancos de oferentes para la modalidad de educación por cobertura. El representante a la Cámara Víctor Correa, integrante de la comisión VI que trata temas referentes a la educación,
afirmó que “las medidas adoptadas por el Ministerio no consultan la realidad de los planteles existentes y eliminan los oferentes de este servicio educativo sin que se haya suplido adecuadamente la oferta. Esto afecta principalmente a los sectores populares del área metropolitana y el área rural de Antioquia, en regiones como el Magdalena Medio y el nordeste antioqueño”. A raíz de esa situación, afirma el legislador, “se quedarán sin dónde estudiar 24.000 estudiantes del área rural y urbana”.
El lunes 1 de diciembre, Correa propuso un debate de control político en la comisión VI de la Cámara de Representantes. El texto de la Constancia plantea: “No creemos que valga la pena sacrificar componentes esenciales del derecho a la educación como lo es la continuidad y la accesibilidad, afectados por la intempestiva aplicación del decreto 1851 de 2015 que impide garantizar un empalme para el derecho de aquellos estudiantes de bajos recursos”.
Desde el sector estudiantil coinciden con los reparos que plantea el legislador. “Antes de proponer medidas como la ley 1851, es necesario garantizar que la población en edad escolar cuente con la posibilidad de ingresar en el sistema educativo”, explica Lina Cardona, estudiante de sociología e integrante de la organización Identidad Estudiantil de Antioquia. “Para ello es necesario destinar más recursos al sector, crear más centros educativos y mejorar los ya existentes”, concluyó.
Publicado el día Miércoles, 02 Diciembre 2015
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