El expresidente de Bolivia Evo Morales denunció el domingo que EE.UU. ha puesto "en marcha el Plan Cóndor 2" para debilitar a los gobiernos progresistas que se están implantando en América Latina.
Según el exmandatario, la administración estadounidense estaría desarrollando una operación similar a la que se llevó a cabo en las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado, que promovió golpes de Estado y aupó al poder a regímenes autoritarios de derechas.
"Reafirmamos que se halla en marcha el Plan Cóndor 2 y debemos acordar medidas para que los gobiernos de la derecha de Latinoamérica no sigan participando en los golpes de Estado bajo la dirección de Estados Unidos, provocando luto y dolor a nuestros pueblos", publicó Morales en su cuenta de Twitter.
Además, Morales citó una investigación, realizada por el portal Behind Back Doors y recogida por medios como Cuba Debate, que afirma que la CIA instruyó al jefe de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) de Argentina, José Sánchez, para que recolectara información sobre miembros del Gobierno boliviano y de diplomáticos y ciudadanos de países como Venezuela y Cuba con la finalidad de atacar a los gobiernos de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA).
"La CIA intervino en golpe de Estado en Bolivia y en otros países para acosar y desestabilizar a gobiernos progresistas del Alba y de América Latina mediante guerras sucias y psicológicas contra líderes de la región", afirmó Morales en otra publicación.
¿Apoyo de Argentina al golpe contra Morales?
Estas declaraciones se suman a la polémica desatada durante la última semana sobre la intervención que habría tenido el gobierno del expresidente argentino Mauricio Macri en el golpe de Estado que acabó con la salida de Evo Morales de Bolivia tras perder el apoyo de la Policía y el Ejército.
Así, el jueves pasado se conoció que el Ejecutivo de Macri habría enviado munición letal y gases lacrimógenos para que el gobierno de facto de Bolivia, encabezado entonces por Jeanine Áñez, reprimiera las protestas que se sucedieron tras el golpe de Estado, en noviembre de 2019.
Una carta remitida por el jefe de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros, a la Embajada argentina en Bolivia, como muestra de agradecimiento, probaría que se habían recibido 40.000 cartuchos AT, 18 gases lacrimógenos en spray MK-9, 0.5 gases lacrimógenos en spray MK-4, 50 granadas de gas CN, 19 granadas de gas CS y 52 granadas de gas HC.
Por ello, el diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Juanito Angulo anunció la formación de una comisión mixta en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia para investigar este envío de material bélico. "Se confirma la participación del Gobierno de Macri y también hemos establecido hace semanas atrás la participación de la administración de Ecuador que encabezaba Lenín Moreno", añadió Angulo en declaraciones a la agencia Télam.
La actual ministra de Seguridad argentina, Sabrina Frederic, calificó de "gravísimo y escandaloso" el apoyo del Ejecutivo de Macri al "golpe de Estado" en Bolivia. "Muchas dependencias del Estado tuvieron que intervenir" para el envío de ese material, incluidos el Ministerio de Defensa, el de Relaciones Exteriores, el de Justicia, el de Seguridad y la Aduana, relató en declaraciones recogidas por diferentes medios argentinos.
Por su parte, Macri tachó de "mentira" las informaciones conocidas durante los últimos días: "Es una desgracia para todos los argentinos tener un presidente que carece de credibilidad", dijo en referencia al actual mandatario, Alberto Fernández.
"Los propios protagonistas locales, tanto el exembajador argentino Normando Álvarez García como el excomandante general de la Fuerza Aérea Boliviana (Jorge Terceros), desmintieron la denuncia de conspiración y la autenticidad de la prueba que se presenta con apariencia documental. Todo lo dicho es falso. Todo es mentira", sostuvo.
¿Qué fue la Operación Cóndor?
Entre las décadas de 1970 y 1980 EE.UU. apoyó la instauración de diversas dictaduras en Sudamérica, algunas de las cuales se coordinaron en un plan de acciones y apoyo mutuo, bajo el patrocinio de Washington, para acabar con la oposición de izquierdas en sus países. Participaron los gobiernos dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
Es considerada como una campaña de represión política y terrorismo de Estado, que incluyó operaciones de inteligencia y asesinato de opositores políticos. Las víctimas son difícilmente cuantificables, aunque se estima que podría ascender a 50.000 el número de opositores asesinados, incluyendo a 30.000 desaparecidos, y a 400.000 el de los arrestados.
