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La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia (ALP) anunció que la presidenta de facto Áñez responderá ante la justicia por las masacres de Sacaba y Senkata, a solo pocos días de asumir el poder tras el golpe de Estado contra el presidente, Evo Morales Ayma.

“Se ha determinado juicio de responsabilidades contra Jeanine Áñez por los delitos de genocidio, asesinato, tentativa de asesinato, lesiones graves, lesiones seguidas de muerte y asociación delictuosa, por los hechos en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto)”, dijo el diputado Víctor Borda, quien detalló que una comisión parlamentaria especial resolvió recomendar dos juicios de responsabilidades contra la mandataria de facto.

La comisión especial del Parlamento que investiga ambos casos puntualizó que varios ministros del gobierno de facto también serán llamados a declarar por los enfrentamientos registrados tras el golpe contra Morales en 2019, reseña HispanTv.

Por su parte, Eva Copa, presidenta de la ALP, reiteró que nunca hubo fraude, pues el porcentaje de votos con el que ganó el MAS así lo evidencia «nos robaron una elección y se debe investigar porque no pueden quedar en la impunidad los hechos de Sacaba y Senkata», dijo.

«No puede quedar en la impunidad la persecución política y judicial a los dirigentes del MAS; tampoco la quema de casas de asambleístas; y el secuestro de familiares. La Fiscalía debe actuar con celeridad para dar con los responsables y resarcir estos daños», recalcó a la prensa este lunes.

Cabe resaltar que ya la comisión especial del Parlamento entrevistó al Viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaria sobre los hechos acaecidos en Ovejuyo, Senkata, Sacaba, Betanzos y Yapacaní, entre octubre y noviembre de 2019, tras las elecciones generales y donde sale a relucir el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, identificando los vehículos militares que habrían operado en Senkata, donde fallecieron 10 personas por impacto de bala y al menos otras 30 terminaron heridas, refiere el Senado Boliviano.

Santamaria mencionó que se sometería a las investigaciones de rigor, en aras de «contribuir en la transparencia de la información durante el ejercicio del cargo».

El pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional amplió hasta el 26 de octubre el plazo de trabajo de la Comisión Especial Mixta, que a la fecha trabaja en la sistematización de la información para su informe final.