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Hace pocos días el gobierno nacional expidió el  Decreto 2170 de 2013 mediante el cual revirtió dos sentencias del Consejo de Estado que disminuían las remuneraciones de los congresistas.

Esta actuación del gobierno, fruto del desespero y la improvisación, dejó al descubierto no solo el ejercicio de las peores prácticas que desinstitucionalizan la administración pública, sino el uso del chantaje como el principal mecanismo para intermediar la relación entre los poderes públicos en Colombia.

Semejante desafuero causó la indignación generalizada de la opinión pública que, en distintos tonos y por diferentes medios, le notificaron al gobierno y a los profesionales de la política su inconformidad con lo sucedido.

Burlando la ley

El Consejo de Estado se pronunció sobre este tipo de prestaciones especiales y encontró que las primas de localización y de salud (reglamentadas por los artículos 2 y 4 del Decreto 801 de 1992) que reciben los congresistas por un monto mensual cercano a los 8 millones de pesos, se están pagando de manera generalizada sin considerar que la Ley 4 de 1992 exige especificar las circunstancias que justifiquen y habiliten este reconocimiento prestacional.

El gobierno debió corregir este vicio de forma -que implica una remuneración diferencial para los congresistas-, pero optó por sostener el pago generalizado de estas dos primas, sustituyéndolas por una prima especial de servicios.

Se trata de una burla a la legalidad. El nuevo decreto 2170 incurrió en una ilegalidad mayor al determinar esta sustitución, por cuanto la Ley 4 de 1992 nunca estableció una prima especial de servicios para los congresistas.

Además, los dos decretos ¾el que tumbó el Consejo de Estado y el nuevo que lo sustituyó ¾ quebrantan indiscutiblemente la prohibición establecida en el artículo 10 de la Ley 4 de 1992, debido a que ambos contravienen esa disposición, lo cual implica que ambos carecen de todo efecto legal y por tanto no han creado derechos adquiridos.

Al parecer la intención del gobierno con el nuevo decreto ha sido la de comprar tiempo, pues pese a que reincide en la ilegalidad, garantiza la misma remuneración de los congresistas y, por ende, calma los ánimos en el poder legislativo, mientras este  comienza a auto-legislar sus emolumentos.

La prima de salud es inconstitucional

Semejante desafuero causó la indignación generalizada de la opinión pública que, en distintos tonos y por diferentes medios, le notificaron al gobierno y a los profesionales de la política su inconformidad con lo sucedido.

​Si bien la prima de localización y vivienda se justifica para los congresistas que no residen en Bogotá -la sede del Congreso-, no sucede lo mismo con la prima de salud, puesto que al existir un régimen general para toda la población (Ley 100 de 1993) este  subsidio especial y adicional para los congresistas está violando el derecho fundamental a la igualdad.

Existió un precedente de características similares al de esta prima en el artículo 389 de la Ley 5 de 1992, el cual establecía que la administración de la Cámara y el Senado “podrán contratar los servicios de medicina prepagada para los familiares de los congresistas”.

Pero la sentencia C-742 de 2001 de la Corte Constitucional declaró inexequible esta prebenda, entre otros argumentos porque esta situación excepcional que favorece a los familiares de los congresistas es desproporcionada, debido a que estos ya tienen la posibilidad de acceder a los servicios de salud en igualdad de condiciones con los demás servidores públicos y sus familias.

Operación tortuga y chantaje

La operación tortuga adoptada en el trámite del proyecto de ley que reforma el sistema de seguridad social en salud fue la presión que los congresistas ejercieron para inducir al gobierno a cometer semejante despropósito.

Tan solo cuatro parlamentarios rechazaron esta actuación del gobierno (los senadores Juan Lozano y Camilo Romero, y los representantes Iván Cepeda y Ángela Robledo). Por su parte el presidente del Congreso, senador Juan Fernando Cristo, aceptó el malestar que a la mayoría de los congresistas le habían causado los fallos del Consejo de Estado y propuso abrir un debate. Consideró que se debía “mirar si los salarios que hoy devengan los altos funcionarios del Estado son los adecuados o no para tener un buen nivel de administración pública, de justicia y de funcionamiento del Congreso”.

El debate es necesario y bienvenido, pero no en La Habana, sino de cara al país e incluyendo a la mayoría de colombianos cuyas únicas armas son la indignación, el reclamo y la protesta pacífica.

La productividad y la eficiencia en el desempeño de los poderes públicos no dependen del sueldo de los altos funcionarios del Estado, debido a que las grandes decisiones que requiere el país se ven entorpecidas por un sistema político clientelista. Este sistema político niega la democracia, y esta es la discusión que de verdad necesitamos en Colombia. 

Cabe preguntarle al presidente del Senado: ¿En dónde están los congresistas que representan a los campesinos que llevaron a cabo el paro agrario, a los trabajadores de la Universidad Nacional, a los cultivadores de café, a los camioneros, a los estudiantes de las universidades públicas, a los desempleados, a los pobres o, en efecto, a la inmensa mayoría de colombianos que no reciben semejantes beneficios?

La respuesta es sencilla, senador: no existen estos representantes del pueblo, porque la relación de la mayoría de congresistas con los ciudadanos se reduce a la compraventa de votos en época electoral.

Una cueva de Rolando

El gobierno debió corregir este vicio de forma -que implica una remuneración diferencial para los congresistas-, pero optó por sostener el pago generalizado de estas dos primas, sustituyéndolas por una prima especial de servicios. 

La crisis de la democracia representativa se ha profundizado por cuenta del Congreso:

· Más de sesenta ex congresistas presos por su relación con grupos paramilitares y narcotraficantes.

· Ex congresistas detenidos por conflicto de intereses en el trámite de los proyectos de ley.

· Una gran parte del Congreso es ausentista, evade su responsabilidad en los debates, no se prepara y no hace aportes sustanciales en las plenarias.

Todo esto ha conducido a una crisis de legitimidad del Congreso que explica por qué la gente se indigna cuando el Presidente se burla de la legalidad para garantizar sus prebendas, pero son muy diligentes cuando se trata de ajustar los recursos que necesita la población más vulnerable, como la reforma laboral[1] por ejemplo.

Comparaciones internacionales  

Our Generation es una organización sin ánimo de lucro que en julio de 2011 publicó el documento  Are taxpayers getting their money’s worth? An analisis of congressional compensation, donde compara la relación entre el ingreso de los parlamentarios y el salario promedio en cada uno de los países avanzados que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), el prestigioso club al cual pretende ingresar Colombia.

Como se observa en la gráfica siguiente, mientras en esos países la remuneración de los parlamentarios equivale a 2,4 veces el salario promedio de la población ocupada, en Colombia tenemos una relación de 17,3 a 1.

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Semejante contraste es un reflejo del abuso de poder por parte de la clase política que, en vez de representar o de velar por lo intereses de la ciudadanía, se vale de su posición y de su potestad para hacer las leyes en beneficio descarado de ella misma. La distancia salarial entre el Congreso y el resto del país también refleja y agrava la concentración de la riqueza en Colombia. Mientras que los países desarrollados de la OCDE tienen una distribución equitativa del ingreso, Colombia es uno de los ocho países más desiguales del mundo.

Otra forma de ver la desigualdad es notar que la remuneración mensual de un congresista en Estados Unidos representa 13 veces el salario mínimo, mientras en Colombia esta relación asciende a 39 veces.

Corregir los errores

Tan solo cuatro parlamentarios rechazaron esta actuación del gobierno (los senadores Juan Lozano y Camilo Romero, y los representantes Iván Cepeda y Ángela Robledo).

Colombia solicitó y obtuvo una “hoja de ruta” para ingresar a la OCDE, y esto implica el doble compromiso de mejorar la gobernanza y disminuir la desigualdad social.  Un buen punto de comienzo para una y otra cosa sería acabar con las prácticas chantajistas como forma de gobierno y con las gabelas ilegales y en todo caso desproporcionadas de los  políticos de oficio.

Para eso la opinión debería confrontar y sancionar a los parlamentarios que, ante un abuso como el de estas primas ilegales, responden con displicencia que el decreto 2170 requiere “mucha pedagogía”,  no menos que a un ministro de Hacienda que se presenta como un técnico pero no tiene empacho en confundir la indignación ciudadana con un país cuyo “deporte nacional es estigmatizar el Congreso”.

Necesitamos una sociedad más equitativa y una ciudadanía que exija decoro de un  Congreso desprestigiado y oneroso.

* Economista, agrólogo, politólogo y candidato a doctor en estudios políticos y relaciones internacionales.