Un mínimo de 54 senadores son suficientes para decidir quién ejercerá la presidencia en Brasil hasta finales de 2018.
La presidenta constitucional de Brasil, Dilma Rousseff, asistirá este lunes al Senado para defenderse a sí misma del llamado impeachment (juicio político) en su contra, y para proteger la democracia.
Durante su discurso, de 30 minutos prorrogable para 30 más, Rousseff destacará que se debe respetar la democracia y la voluntad del pueblo brasileño reflejado en las urnas, además de mencionar la "injusticia de ser condenada incluso siendo inocente".
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Así lo informó el periodista Kiko Nogueira, quien anticipó algunos de los puntos que la mandataria enunciará ante los 81 senadores.
El golpe de Estado, azuzado por los medios de comunicación, la posibilidad de perder los avances sociales alcanzados en los últimos años, la conspiración de las élites brasileñas en su contra, detalló Nogueira que expondrá la dirigente progresista.
Dos tercios del Senado (54 de 81) bastan para confirmar la destitución de la dignataria, elegida con 54 millones de votos.
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"Ella instará a los senadores indecisos a respetar la democracia y detener el golpe de Estado que está en marcha", apuntó un portavoz de Rousseff a Reuters.
Rousseff se preparó junto al expresidente brasileño Lula da Silva y algunos asesores, para defenderse contra las acusaciones que pesan en su contra: alteraciones en el presupuesto del Estado sin permiso del Congreso y peticiones de créditos a bancos públicos.
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Una vez que la Presidenta electa de Brasil se defienda ante la plenaria, los senadores tendrán cinco minutos para hacerle preguntas.
El resultado final del impeachment se conocerá entre este martes y miércoles. De confirmarse la destitución, Michel Temer sería confirmado como presidente el resto del mandato hasta el 2018.
En contexto
La presidenta Rousseff fue separada de su cargo el pasado 12 de mayo, después de que el Senado admitiera una demanda presentada en su contra por la emisión de tres decretos de suplementación presupuestaria y las llamadas "pedaladas fiscales".
De ser considerada culpable tras la votación del pleno del Senado, la primera jefa de Estado en la historia de Brasil también será inhabilitada para ejercer cualquier cargo público por un período de ocho años.
Si obtiene el apoyo de 54 de los 81 senadores, la Presidenta podrá volver a su cargo hasta el final de su mandato en diciembre de 2018.