El presidente de Argentina, Mauricio Macri, derogó un decreto firmado por el expresidente Raúl Alfonsín y devolvió atribuciones políticas a las Fuerzas Armadas.
El decreto de Alfonsín (1983/89), vigente hasta ahora, establecía que el presidente de la Nación era el único comandante en jefe de las Fuerzas Armadas (FF.AA.). Estipulaba, además, que cualquier decisión del Ejército sobre designaciones, retiros, destinos y bajas, debía pasar por la órbita del presidente y del Ministerio de Defensa.
Alfonsín firmó ese decreto para limitar el dominio de los militares y evitar que sostengan el poder que les permitió realizar operaciones contra gobiernos democráticos en décadas pasadas. Esas libertades que mantenían los efectivos en el pasado permitieron masacres, desestabilizaciones y demás acciones militares.
Sin embargo, el pasado 30 de mayo, en el marco de los festejos de los 206 años del Ejército, Macri no solo se quejó de que las FF.AA. fueron “desatendidas” por el anterior gobierno, sino que dio claras definiciones sobre cómo estará orientada su política en el terreno militar.
Macri llamó a "dejar atrás enfrentamientos y divisiones" entre los argentinos y devolvió a las FF.AA. esa autonomía que Alfonsín había eliminado, algo que los organismos humanitarios rechazan al considerar que esconde la intención de poner fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. De esta forma, habrá menos controles aun para ascender a genocidas o trasladarlos donde mejor puedan ejercer su rol de represores.
Lorenzo Donohoe, quien formó parte del Ministerio de Defensa durante la gestión de Nilda Garré, en el Gobierno de Cristina Fernández, explicó las consecuencias de estas modificaciones realizadas por el Ejecutivo: “Esto es volver a crear un monstruo, que se había olvidado que podía ser un monstruo”. “Es el renunciamiento de la política a la conducción del Estado. Si desde el Ministerio de Defensa no podemos decidir quiénes están en la fuerza, el Ministerio de Defensa pasa a tener un rol decorativo”, argumentó.
Esta reivindicación que hace el presidente argentino de una de las instituciones responsables de crímenes de lesa humanidad ocurridos en Argentina, podría no sorprender si se toma en cuenta que su familia le debe muchos favores a los genocidas que intervinieron en el golpe de 1976. Se trata de una carta blanca al autogobierno y al cese de controles, muy formales dicho sea de paso, escribe la periodista Rosa d’ Alesio en La Izquierda Diario.
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