Tras varios encuentros aquí con los abogados de las FARC-EP los voceros del Gobierno colombiano viajarán hoy a La Habana para reanudar los diálogos con ese movimiento insurgente, enfocados en espinosos debates referidos al fin del conflicto.
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz confirmó a Prensa Latina que el equipo gubernamental partirá esta tarde rumbo a Cuba, luego de concluir la última reunión en esta capital con los asesores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), cuyo resultado no ha trascendido.
Mañana miércoles ambas partes beligerantes reiniciarán las sesiones de trabajo en la capital cubana, con el desafío de lograr consensos en temas controversiales como el cese el fuego bilateral, la dejación de las armas o desarme de los guerrilleros, la reintegración a la sociedad de los combatientes con garantías para su vida, así como el mecanismo mediante el cual el pueblo podrá refrendar todo lo pactado.
Analistas consideran que recientes acontecimientos como el llamado "paro armado" promovido por el clan Úsuga, los asesinatos de líderes de izquierda y las denuncias sobre el resurgimiento y proliferación del paramilitarismo han añadido tensión a la que pudiera ser la fase final de las conversaciones.
Durante 48 horas dicha banda intimidó a los habitantes de cuatro departamentos para que cerraran comercios, escuelas, paralizaran el transporte y el resto de las actividades, período en el que incineraron vehículos, bloquearon carreteras y aniquilaron a cinco personas, amenazas enfiladas la víspera contra los pobladores de Sincelejo, Sucre.
La semana previa el jefe de los portavoces de las FARC-EP, Iván Márquez, llamó al Estado a garantizar el ejercicio de la oposición política, además instó a la contraparte a trabajar con celeridad para firmar e implementar de manera urgente el acuerdo encaminado al desmonte de las estructuras paramilitares, todavía en ciernes en la mesa de La Habana, dijo.
En opinión de defensores de derechos humanos, politólogos e incluso congresistas, el fortalecimiento de ese flagelo constituye la principal amenaza para el logro de un escenario de distensión y obstáculo mayúsculo en los diálogos con dicho grupo rebelde, el principal involucrado en la confrontación bélica.
El Gobierno no reconoce la existencia del paramilitarismo y califica de criminal a organizaciones como los Úsuga, apreciación que simplifica el asunto a una arista exclusivamente delincuencial, subrayó el investigador del Centro de Memoria Histórica, Álvaro Villarraga.
La definición de la cantidad y características de las zonas donde deberán permanecer los guerrilleros de las FARC-EP así como el orden de las fases restantes son nudos gordianos en los actuales análisis.
De acuerdo con el Gobierno la dejación de armas (con fecha precisa) tiene que ser condición para la aplicación de los mecanismos de justicia transicional y para abrir la puerta de la reincorporación a la vida civil.
De igual modo, lo que se pacte sobre participación política debe estar sujeto también a ese proceso, aspectos en los que persisten desacuerdos entre las dos delegaciones.
Las FARC-EP han ratificado su disposición para abandonar hasta el último fusil, pero prevén ese procedimiento de manera escalonada (primero la destrucción del material explosivo, después quedaría guardado y custodiado el armamento de apoyo y uso colectivo como ametralladoras y en un tercer momento ocurriría la dejación paulatina de las armas de defensa individual), comentó a la revista Semana Carlos Antonio Lozada, uno de sus negociadores.
Así las cosas y con bastante tela por donde cortar, mañana volverán a encontrarse cara a cara los dos equipos en Cuba con la prioridad de establecer la hoja de ruta para lo que resta de conversaciones, que debido a la complejidad de los debates fueron prolongadas más allá del 23 de marzo, fecha proyectada para la firma de la paz.
El propio presidente Juan Manuel Santos admitió que tales discusiones están en un momento difícil, pero llamó a los colombianos a respaldar esas gestiones para acabar la guerra de más de medio siglo, la cual ha dejado unos 300 mil muertos, seis millones de desplazados de sus lugares de origen y al menos 45 mil desaparecidos.
En tanto la posibilidad de iniciar pláticas en Ecuador con el igualmente insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN), es vista como el único camino rumbo a una paz completa, no obstante las previsibles dificultades que deberá superar ese otro proceso.
