El hecho migratorio es un hecho social, la idea de cerrar las fronteras para limitar o evadir los flujos migratorios subyace en un panorama irreal y criminal.
La frontera internacional entre el estado Táchira de Venezuela y el departamento del Norte de Santander de Colombia es de las más confluidas de América Latina, entendiendo esto como la de mayor movimiento de personas y mercado económico (formal e informal) entre ambos países. De hecho, hasta finales del siglo XIX, cuando comenzó la expansión del sector exportador que estaba especializado en el café y el cacao venezolano, la región se consideró a sí misma como única e ‘’indistinta’’ en varios sentidos, con respecto a otros países latinoamericanos en zonas fronterizas. Táchira y el Norte de Santander tienen economías complementarias, la constitución familiar culturalmente se compone de una manera sinérgica, existe gran movilidad de la población estudiantil en todos sus niveles y se comunican directamente a través del puerto de Maracaibo y el paso por Cúcuta.
Claro que principios de la primera década del siglo XXI, con la llegada de Hugo Chávez al poder político en Venezuela, sus políticas proteccionistas al migrante extranjero se fortalecieron, así como las diferentes políticas públicas de carácter social en Venezuela demostrando un profundo compromiso humanista, poniendo la dignidad del ser humano por encima de fronteras y nacionalidades. Esto precipitó un nuevo repunte en la migración colombiana hacia la ya constituida República Bolivariana de Venezuela. Entre las causas de esta nueva ola migratoria se encontraban el recrudecimiento del conflicto armado interno, los desplazados del valle del Cauca, los altos niveles de pobreza, la normalización de la criminalidad en la sociedad civil colombiana y la bonanza petrolera venezolana.
Según estimaciones externas, en 2003 había 1.338.000 colombianos residiendo en Venezuela. Entre febrero de 2004 y el mismo mes de 2005, 186 mil colombianos fueron cedulados por el gobierno venezolano; el cual ejecutó políticas públicas acordes al proyecto bolivariano de la unión americana; las cuales beneficiaron a este alto número de colombianos que recién adquirieron su cedulación venezolana; además del arduo trabajo diplomático que emprendiera el gobierno venezolano por toda Sudamérica estrechando lazos de hermandad con proyectos de cooperación, libre comercio y tránsito.
Ahora bien, las discrepancias políticas entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, las posturas ambiguas que tomó el gobierno colombiano al prestarse como intermediarios y ejecutores directos de los interés del gobierno norteamericano en Venezuela, las diferencias marcadas en las visiones de integración, independencia y soberanía, además los muchos nexos del Estado colombiano con el paramilitarismo que tributaban a los planes de desestabilización, golpes de estados, magnicidios políticos al gobierno venezolano, precipitaron de manera acelerada los principios de una ruptura política inminente.
Así mismo, las decisiones políticas iban desencadenando graves consecuencias sociales en este paso fronterizo, tal como el decrecimiento del intercambio comercial, un aumento de la violencia y por ende un deterioro de las condiciones socioeconómicas de los habitantes de la frontera.
El cierre de la frontera en muchas ocasiones aduciendo responsabilidades por parte de Colombia en lo que respecta a los problemas de violencia en la región, acrecentó la incertidumbre y desconfianza entre ambos gobiernos, esto debido a los escasos mecanismos de fraternidad que se han venido socavando por las políticas hostiles de intervencionismo del gobierno colombiano. De igual manera, las asimetrías económicas exhibidas por la caída de valor de la moneda venezolana en relación con el peso colombiano y la crisis económica de Venezuela desde los últimos años, exacerbadas por el bloqueo económico financiero impuesto por los EEUU a este país caribeño; han acentuado los problemas de escasez y contrabando en la frontera. Trayendo grandes consecuencias a la población ‘’colombo-venezolana’’ que reside en el paso fronterizo.
La precariedad de acuerdos políticos ha dejado plasmado el deterioro y la ausencia de cooperación binacional en la solución de los graves problemas estructurales que aquejan a las regiones fronterizas; a las cuales se le suma, la aparición de la pandemia del coronavirus y el repunte de Colombia como uno de países latinoamericanos con más casos de la covid-19, con escasas o casi nulas políticas de atención y control bio-sanitario. La frontera colombo venezolana trascendió de ser un problema político, a darle paso a un cierre indefinido como una medida de salud pública por parte del gobierno venezolano.
Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro en los últimos dos años giro instrucciones de trabajar en un 1er encuentro trasfronterizo que alivianara las consecuencias de un conflicto político de años. Hoy vemos con emoción una apertura progresiva y controlada de la frontera con Colombia, como lo anunciaba Freddy Bernal (protector del estado Táchira) en sus redes sociales los últimos días.
Aún existen ciertos sectores de la población que están en desacuerdo con estas medidas, sin embargo, en importante estudiar y evaluar las siguientes razones sociopolíticas:
El hecho migratorio es un hecho social, la idea de cerrar las fronteras para limitar o evadir los flujos migratorios subyace en un panorama irreal y criminal. Sólo consigue que los desplazamientos sean precarios, peligrosos, convirtiendo las fronteras en abismos de criminalidad.
Abrir las fronteras permite, ante todo, emigrar en condiciones seguras y dignas; es de destacar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es una de las cartas magnas más modernas y garantistas del mundo y acordé a esto en ella se funda la Ley de Extranjería y Migración promulgada en el año 2004 que establece en su Artículo 13 “…los extranjeros y extranjeras que se hallen en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela tendrán los mismos derechos que los nacionales, sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las leyes”.
En esto radica la única manera de garantizar el respeto de los derechos humanos de los migrantes que entran a Venezuela y de los que salen hacia otros países; pues una frontera abierta, que da entrada y salida legal a las personas, que permite registros y controles y que facilite un estatus migratorio; siempre será sinónimo de un gobierno que apuesta por el cumplimiento de las leyes y de los derechos de sus habitantes. El cierre de fronteras contribuye a la apertura de una economía de la prohibición, por lo que legalizar la movilidad de todos, es acabar con las organizaciones criminales que han incursionado en el tráfico de personas.
En cuanto al potencial económico, se debe señalar que desarrollar el potencial económico en ambos países es prioridad ante la recesión económica que ha traído como consecuencia el coronavirus. Todos los estudios muestran que la contribución económica a sus países de destino es tanto más positiva cuanto más segura y legal es su situación. Legalizar las migraciones equivale a la desaparición, de facto, de la inmigración “clandestina”, permitiéndoles desarrollar su pleno potencial económico en el país de acogida. Su contribución económica se dirigiría también hacia sus países de origen; tal como es el caso del turismo venezolano y la utilidad de los aeropuertos internacionales colombianos.
Venezuela se caracteriza por haber atravesado un proceso de integración racial temprano durante la gesta independentista, donde se superaron los esquemas racistas y posteriormente xenófobos demostrando ser un país de acogida a lo largo de la historia para inmigrantes de diferentes naciones, ampliando la mescolanza no solamente racial, sino también social; siendo acordé la reapertura de la frontera colombo-venezolana con el espíritu integrador de la sociedad venezolana.
Políticamente, el hecho de que el gobierno Colombiano luego de los acontecimientos de los últimos años donde fungió como patrocinador de desestabilización social, política y económica con la finalidad de atentar contra el gobierno venezolano, se siente a dialogar, a utilizar la diplomacia como herramienta para acordar la apertura de la frontera significa un triunfo de la paz, que ha sido bandera del gobierno Venezolano en los últimos años, además que implica que el gobierno de Colombia reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo y constitucional de la República Bolivariana de Venezuela.
Esto último permitirá que progresivamente ambas naciones restablezcan relaciones diplomáticas que facilitarán el comercio, la interacción social, y el estatus de los migrantes de ambos países. En este sentido, es prioritario que los gobiernos del mundo, principalmente aquellos que mantienen una fuerte relación fronteriza como es el caso de Venezuela y Colombia; acepten y reconozcan de manera seria y políticamente responsable; el hecho de que la injerencia en los asuntos internos de los países jamás servirá a la paz, ni a los intereses de los pueblos.
