El régimen de Moreno no se ha pronunciado hasta el momento, pero los canales y medios oficiales, además de otros aliados del Gobierno no cubrieron la presentación del informe.
La Defensoría del Pueblo de Ecuador hizo público hoy el informe de la Comisión para la Verdad y Justicia que la integró para investigar los graves sucesos ocurridos durante las protestas de octubre del 2019, ha llegado a la conclusión de que se cometieron crímenes de lesa humanidad y cuya responsabilidad es la del Estado ecuatoriano, en consecuencia del presidente de la República, Lenín Moreno, "violentar gravemente" los derechos humanos.
En un documento de más de 270 páginas se detallan las conclusiones y el análisis respecto de esas manifestaciones, producidas por organizaciones sociales y populares, en contra de la eliminación de los combustibles que dispuso Moreno el 1 de octubre de 2019 y eliminó el 13 de octubre de ese mismo año, tras una reunión con los dirigentes de las organizaciones indígenas del Ecuador.
De acuerdo con el informe, el Estado "violentó gravemente los derechos a la vida, la integridad física y psicológica, la libertad personal, el derecho a la libre expresión, entre otros derechos". Además, que el Gobierno tuvo un discurso en el que posicionó "una interpretación hegemónica de la realidad y justificó la represión para mantener la estabilidad política del régimen y de la democracia".
"Lo sucedido en octubre de 2019 no puede verse como abusos o excesos aislados por parte de la fuerza pública ya que se han vulnerado los derechos humanos a la vida e integridad personal", señala el informe borrador, y se agrega que la comisión pudo observar que los agentes de la fuerza pública "actuaron reiterando conductas violentas entre el 3 y el 16 de octubre y causaron serios, y en algunos casos irreversibles, daños en la población civil".
La Comisión estuvo integrada inicialmente por cuatro comisionados: Sybel Martínez, Xavier Zavala, Juan Carlos Solines y Juan Cueva, este último renunció y el día de hoy no participó de la ceremonia de entrega. Esta instancia recibió 519 testimonios, de los que 249 revelaron vulneraciones a derechos humanos. A su vez, 188 son de miembros de la Policía Nacional y 34 de las Fuerzas Armadas. Se menciona que 26 funcionarios públicos, entre estos de la Fiscalía General, "no actuaron en el marco de sus competencias".
También registraron 123 casos relacionados con violaciones al derecho a la integridad personal, 38 al derecho a la libertad personal, seis ejecuciones extrajudiciales, 22 atentados al derecho a la vida, tres violencias sexuales y 20 lesiones oculares.
En el acto desarrollado en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el defensor del Pueblo, Fredy Carrión, fue enfático en señalar las responsabilidades que tendrían las máximas autoridades del Gobierno, empezando por Lenín Moreno, su ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín y la exministra María Paula Romo (ahora residiendo en Washington), quien además fue juzgada políticamente en la Asamblea Nacional el año pasado.
De acuerdo con los comisionados, este informe, además cuenta con recomendaciones para la reparación de las víctimas y un conjunto de acciones que debe tomar el Estado para garantizar la no repetición de actos señalados como graves violaciones a los derechos humanos.
El régimen de Moreno no se ha pronunciado hasta el momento, pero los canales y medios oficiales, además de otros aliados del Gobierno no cubrieron la presentación del informe y además trascendió que se habría pedido a otros medios “bajar el perfil del tema”.
En redes sociales hubo pronunciamientos de las víctimas y de los familiares de los fallecidos, exigiendo justicia y pronta sanción a los responsables.
