La oleada contra la corrupción desatada en Guatemala y Honduras desde hace un par de años, ha dado más material mediático que justicia, y, como resulta evidente, la misma no está dirigida a terminar la corrupción en nuestros países. Lo que si se va tornando cada vez más evidente es la conexión que existe entre esta andanada mediática en Centroamérica y la guerra económica contra Venezuela y el ALBA.
La “anticorrupción” en Centroamérica parte de la guerra económica contra el alba
Más que una estrategia política, la anticorrupción es una campaña de medios dirigida a plantar ciertas imágenes en la mente de nuestras sociedades: de este modo, comenzar en Guatemala y Honduras no es casualidad; son países controlados totalmente por Estados Unidos, y mantienen un historial de corrupción absoluta que ha contado históricamente con el beneplácito de Washington.
Para iniciar vemos el caso guatemalteco donde la Comisión contra la impunidad (ahora CICIG) surge de la preocupación por los altos niveles de impunidad imperante en aquel país entre los criminales culpables de atrocidades contra la población. Los objetivos iniciales de la CICIG eran:
-Proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universales reconocidos.
-Trabajar contra cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, que atentan gravemente contra estos derechos en acciones delictivas y que provocan impunidad.
-Garantizar a los ciudadanos afectados la protección de su vida, integridad física y pleno acceso a la justicia.
-Garantizar y proteger de forma eficaz la labor de defensores de derechos humanos conforme a lo establecido en los acuerdos de paz.
-Desarticular dichos aparatos clandestinos de seguridad.
-Recomendar al Estado la adopción de políticas públicas para erradicar aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad, prevenir su reparación.
-Promover leyes jurídicas que vayan con ese fin.
En términos reales, la CICIG tiene un origen legítimo que busca la justicia y la reparación para las víctimas. Pero toma un giro hacia la corrupción estatal en 2014, justo cuando Thelma Aldana es nombrada y Fiscal General, y Todd D. Robinson es nombrado Embajador de los Estados Unidos en Guatemala. Sin decir mucho, podemos ver la metamorfosis de la CICIG en el mismo caso de Otto Perez Molina que no cae en desgracia por su vinculación a crímenes de lesa humanidad sino por corrupción.
La fiscal Aldana, ahora convertida en heroína por los medios de comunicación, ha transitado su vida en el poder judicial guatemalteco, escalando hasta la posición de magistrada de la Corte Suprema, cargo en el que es muy improbable que desconociera la gran corrupción imperante desde siempre. Ella era, en cualquier caso, una pieza más del aparato de impunidad. Del mismo modo, el embajador Robinson presto servicios clave en El Salvador y Colombia en los años ochenta, en medio de lo más crudo de los conflictos armados, y luego sirvió como Subsecretario Adjunto en la Oficina Internacional de Asuntos Narcóticos y Aplicación de la Ley. Nada parece casual.
Los dos nombramientos se producen antes de que se conozca el famoso caso de “La Línea”. En este asunto en particular, Juan Carlos Monzón, en sus declaraciones habría mencionado que había contado con la “protección” de la misma fiscal Aldana, quien mantenía una relación cercana con Roxana Baldetti. La seria acusación de Monzón fue desechada mediáticamente.
La idea ha sido crear la imagen de una cruzada justiciera contra la corrupción que se ha ido consolidando, y pasar a una cacería de brujas que abra la puerta a hacer señalamientos que no llegan a ninguna corte, se resuelven en los noticieros.
Recientemente un medio de comunicación guatemalteco publico una nota en la que acusaba al ex comandante guerrillero Pablo Monsanto de utilizar vínculos con Otto Perez Molina para hacer negocios con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega y el presidente del Ecuador, Rafael Correa. Resulta que los negocios por los que se acusan a Monsanto son fundados bajo la iniciativa del ALBA, y han servido para el intercambio de bienes entre los miembros. Inferimos aquí rápidamente la Guerra Económica contra la revolución bolivariana de Venezuela.
Para quienes hemos vivido en Venezuela recientemente, nos es familiar encontrar productos alimenticios centroamericanos para suplir la escasez provocada como parte de la guerra económica. Leche, granos, carne, y otros alimentos fundamentales llegan desde Centroamérica gracias a esta iniciativa integracionista.
Casi al mismo tiempo, el senador Marco Rubio, miembro connotado de la mafia cubanoamericana de Miami, acusa al comandante Jose Luis Merino (Ramiro) del FMLN de El Salvador. Los cargos son muy similares a los planteados contra Monsanto: negocios ilícitos y corrupción. Al indagar nos encontramos que los negocios por los que se acusa al comandante Ramiro, están también en el marco del ALBA. Todo va cogiendo forma, la plataforma esta implementada; la gente “dispara” en la dirección que los medios le indican.
En el contexto salvadoreño, la acusación llega en momentos en que se potencia un Golpe de Estado, mientras se bloquea toda capacidad de ejecución de obras al gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén del FMLN. De hecho, desde hace rato, voceros del gobierno norteamericano habían mencionado la necesidad de una CICIES. ¿Cómo hacen la magia de meter en la misma bolsa a los gobiernos derechistas, corruptos y criminales de Honduras con el de El Salvador? A pura magia mediática.
Notemos que todos los actores a los que se pretende estigmatizar son presidentes o funcionarios de alto rango de países miembros del ALBA. El caso de Honduras no es una excepción, aunque en la confusión del debate doméstico es difícil percibir como se introducen sutilmente elementos propagandísticos.
Se pueden identificar al menos dos elementos en la famosa lucha anticorrupción en Honduras que están directamente enfilados contra el ALBA.
La batalla abierta sin cuartel de opinión contra Jose Manuel Zelaya Rosales, quien hoy es acusado literalmente de ser el culpable de todo lo malo que sucede en el país, en una campaña que, sin embargo, muestra una enorme coherencia y magnifica dirección destinada a socavar y, en última instancia, destruir la imagen de Zelaya de cara al proceso electoral de 2017.
En este sentido la manipulación mediática ha llegado a formar un enemigo imaginario “la reelección presidencial” y la equipara con la figura de dictadura para lo que de manera no tan sutil utiliza las imágenes de Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, y, por supuesto, Daniel Ortega en Nicaragua. Obviamente, el blanco local de esta campaña es Mel Zelaya, quien se atrevió en su administración a incorporar a Honduras a esta iniciativa de integración regional, llamada ALBA.
Llaman poderosamente los noticieros en los que se hace mención periódica de una supuesta conexión entre la trama de corrupción en Guatemala, y la disposición de la CICIG en investigar esa “red infame” que llega hasta la Nicaragua sandinista. La guerra anticorrupción en Honduras en cuanto arma contra el ALBA no va dirigida a terminar con el saqueo de la administración bipartidista de Juan Hernández; está dirigida a destruir al Partido LIBRE, y, sobre todo, a José Manuel Zelaya.
Hace apenas unos días el Diario “La Prensa” de Managua, publica una extensa entrevista con el ex comandante sandinista Henry Ruiz, enemigo abierto del gobierno nicaragüense, que fue reproducido en Honduras ampliamente en las redes sociales. La misma fue introducida por “viejos amigos” hondureños de Henry Ruiz que hoy militan dentro del Partido LIBRE (Con numerosas conexiones en el llamado MRS de Nicaragua), que declaran abiertamente su carácter anti sandinista y que casualmente producen una intensa discusión “anti reelección” y “anti corrupción”, además de ser generadores de constantes acusaciones contra Mel Zelaya.
La guerra contra la corrupción ha sido una lucha y una reivindicación histórica de nuestros pueblos que la han sufrido por siglos. El fenómeno actual, no está estructurado para rescatar los bienes arrebatados a nuestros pueblos; en realidad son unos corruptos bien adaptados a la política imperial cazando convenientemente a otros corruptos.
En la visión del amo norteño todos en estos países son “expendables”, así que sacrifican a quien necesitan sacrificar, pero mantienen intacta la estructura de impunidad imperante. Los héroes hoy han sido miembros connotados del mismo aparato que hoy dicen perseguir.
En conclusión, la campaña anticorrupción está destinada al exterminio del ALBA, y a la renovación facial de las estructuras del sistema, sin que nada cambie. Pero el objetivo más importante es que al final de todo, los pueblos repudien cualquier iniciativa de integración.
Y no olvidar, que el exterminio de la red ALBA, es parte integral de la guerra económica contra el pueblo de Venezuela.
