El pasado 26 de enero el Tribunal Supremo de Justicia ratificó la inhabilitación de la dirigente de extrema derecha María Corina Machado para ejercer cualquier cargo público, por un lapso de 15 años.
El fallo se desprende de la sentencia N° 00005, expediente N° 2023-0461, referido a un amparo cautelar solicitado por Machado por las “presuntas actuaciones materiales ejercidas por la Contraloría General de la República”.
En la sentencia se señala que la dirigente del partido Vente Venezuela fue partícipe de la “trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Guaidó”, dirigente de Voluntad Popular quien apoyado por Estados Unidos y algunos países de occidente, se autoproclamó “Presidente de Venezuela”.
Esta acción propició la implementación de medidas coercitivas unilaterales de forma ilegal que mermó la economía del país al perder activos y afectar el sistema financiero y comercial de la nación.
El máximo órgano de justicia del país indicó que el reclamo de la opositora “no cumple con los requerimientos establecidos y exigidos en el Acuerdo de Barbados firmado el 17 de octubre de 2023”.
El acuerdo firmado entre el gobierno y la Plataforma Unitaria -que alberga a algunos partidos de la oposición- permitió a los precandidatos de derecha solicitar que fuera revisada su inhabilitación ante el máximo tribunal del país.
La propia Machado, quien en reiteradas oportunidades había desconocido el acuerdo aludiendo que “nadie le había notificado que estaba inhabilitada”, a pocas horas de cerrar el proceso de recepción de documentos se apareció el 15 de diciembre en la sede del TSJ.
Estas contradicciones de la dirigente de derecha, quien siempre ha apostado por el extremismo y ha manifestado su desconocimiento a las instituciones del Estado, tienen una gran recurrencia desde su aparición en la palestra política.
ONG contra la democracia
En el año 2002, Machado funda Súmate, una ONG que tenía como finalidad promover “la transparencia electoral”.
Sin embargo, el 12 de abril de ese mismo año, la dirigente fue una de las 400 personas que estamparon su firma en el Acta de Constitución del Gobierno de Transición Democrática y Unidad Nacional, mejor conocido como el “Decreto Carmona”, documento con el que el entonces presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga se autonombraba “Presidente de la República” y echaba por tierra la Constitución de 1999 y todos los poderes públicos, tras un golpe de Estado al presidente Hugo Chávez.
En 2004 el Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, demostraba como Súmate recibía financiamiento del Fondo para el Desarrollo de la Democracia (NED), organización ligada a la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), con la excusa de utilizarlo para “talleres de formación en asuntos electorales”.
Sin embargo, el Fiscal general demostró que los recursos fueron desviados y utilizados en la realización de actividades ilegales. “La gruesa suma de dólares aportados por la NED, fueron utilizados por la directiva de Súmate para enfrentar política y electoralmente al presidente de la República, Hugo Chávez Frías”.
El 31 de mayo de 2005, María Corina Machado, aún como presidenta de esta ONG, sostenía una reunión con el entonces presidente de EEUU, George W. Bush, en la propia Casa Blanca, que se produciría gracias a sus vínculos con el partido Republicano.
En ese entonces, la actual Primera Combatiente, Cilia Flores, quien era diputada a la Asamblea Nacional (AN) expresó que dicha reunión tenía como finalidad pedirle a Washington más dinero, así como líneamientos para “continuar con su agenda oculta”.
Planes violentos
En el año 2011, Machado es electa diputada a la Asamblea Nacional por el estado Miranda. Sin embargo, no cesaría en su cruzada contra el gobierno nacional utilizando esta vitrina.
Uno de los episodios que más se recuerda fue en 2012, durante el mensaje Anual del Comandante Chávez, en el que la opositora, quien había perdido las elecciones primarias, quiso increpar al jefe de Estado, quien respondió con un contundente “águila no caza mosca” ante sus insultos.
Con la victoria electoral de la Revolución ese año y la del presidente Nicolás Maduro un año después, tras el fallecimiento de Chávez, comenzaría una nueva oleada de acciones violentas para tomar el poder.
El 12 de febrero de 2014, Machado se une al dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, en un plan violento denominado “La Salida”, que dejó un saldo de 43 ciudadanos y miembros de la fuerza pública asesinados en todo el país, en la mayoría de los casos recibieron disparos en el rostro por intentar quitar las barricadas.
En marzo de 2014, Machado, quien aún era diputada, pretendía hablar ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos como embajadora alterna del gobierno de Panamá, acción que finalmente no procedió.
El gobierno venezolano aseveró que Machado al aceptar esta investidura había renunciado automáticamente a su cargo de parlamentaria, debido a que viola lo establecido en la Constitución.
El entonces presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello, explicaba que la acción viola el artículo 191 de la Carta Magna, que establece que los parlamentarios no “podrán o ejercer cargos públicos sin perder su investidura”, sólo bajo algunas excepciones que van más hacia la docencia y que no supongan dedicación exclusiva de los mismos.
Sanciones
Con la llegada de la mayoría opositora en 2015 al parlamento y la activación del “Gobierno Interno” en 2019, Machado también se convertiría en una de las “embajadoras” para pedir a Estados Unidos y sus aliados la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales que le han costado la país la perdida de 642 mil millones de dólares entre 2015 y 2022, tal y como lo reveló recientemente el jefe de Estado.
Además, solicitó en reiteradas oportunidades la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar) disfrazado como “fuerza de paz” y que tendría la finalidad de derrocar, por medio de las armas, al gobierno constitucional de Nicolás Maduro.
Las siete razones del TSJ para su inhabilitación
- Incursa en los hechos y participe de la trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Guaidó, quien propició el bloqueo criminal a Venezuela.
- Por el despojo descarado de las empresas y riquezas del pueblo venezolano en el extranjero Entre ellas: Citgo Holding, INC y Citgo Petroleum Corporation que causó un daño patrimonial por 32.500 millones de dólares.
- El despojo de la empresa Monómeros colombo venezolana la cual fue llevada a la quiebra
- La retención de 31 toneladas de oro en Inglaterra.
- Congelamiento de 4.000 millones de dólares en el sistema financiero internacional.
- Solicitud de sanciones que impidieron la compra de medicamentos para 60.000 pacientes con VIH.
- Aceptar el cargo de representante de Panamá ante la Organización de Estados Americanos.
