La actual emergencia global por la pandemia de COVID-19 ha dado para todo, incluyendo la justificación de un mayor control y desmovilización social por parte de los Estados y la élite económica. Evidentemente para controlar a la sociedad con un mayor éxito, se ha requerido de una presencia policial y militar bien fuerte, en el sentido que los cuerpos armados regulares han profundizado la represión a los ciudadanos comunes, llegando a agredir, torturar, asesinar, extorsionar y desaparecer a personas de forma descarada, escudándose en la supuesta defensa de la democracia, del orden, de la seguridad ciudadana, del bienestar general, de la institucionalidad y de la estabilidad, en “peligro” por la lógica inconformidad individual y/o colectiva, manifestada públicamente por diversas vías.
En este marco hay que hacer referencia a lo ocurrido recientemente en la capital colombiana, donde policías asesinaron vilmente a un ciudadano común; sin duda alguna un hecho irracional, abominable y para colmo justificado por los terroristas con uniforme, que además no mostraron remordimiento alguno, como si hubieran liquidado a un animal rabioso o algo por el estilo. Como era de esperarse, se originaron varias protestas callejeras en respuesta al deleznable hecho de sangre, y en el proceso los policías hirieron y mataron a numerosas personas, siendo por ello felicitados públicamente por el mismo presidente de Colombia, quien aseguró que los funcionarios armados no hicieron más que actuar como héroes, contra “vándalos” que atentaban contra la democracia, la paz ciudadana y la propiedad pública y privada. Está claro, a raíz de estos tristes
acontecimientos, que a estas alturas los mercenarios (policías, soldados y grupos irregulares) al servicio del Estado colombiano tienen completa vía libre para hacer lo que les venga en gana sin ser cuestionados, ni mucho menos ser juzgados y encarcelados.
Y al igual que en Colombia, el resto del mundo ha sido testigo de la cada vez más brutal represión policial y militar a los ciudadanos comunes, exacerbada hoy día en el contexto de la pandemia de COVID-19, que ha sido una excusa ideal para oprimir a la mayoría en nombre de una supuesta defensa de la salud y el bienestar general de la población. Es decir, los cuerpos armados han reprimido con toda intensidad al mismo pueblo que aseguran proteger, agrediendo, torturando, extorsionando, desapareciendo, deteniendo de forma arbitraria y asesinando a más no poder. Parece una contradicción este accionar de policías, militares y otros funcionarios, pero la verdad es que históricamente ellos solo han servido y protegido a los intereses de los poderosos, mientras que respecto a los débiles ha sido lo contrario, y hay muchos episodios que así lo evidencian, pero eso es tema para otros escritos. En pocas palabras, los ejércitos y el resto de fuerzas armadas oficiales y paraoficiales o irregulares (a excepción de los grupos antipoder o antisistema) han servido en realidad al Statu Quo de turno en el planeta entero, en pro de la estabilidad institucional y la protección preventiva o ‘ejecutoria’ ante cualquier intento popular de atentar contra su funcionamiento o de destruirlo; individuos con armas que además han muerto por millones y millones en bastantes guerras libradas durante numerosos siglos, peleando no por honor, ni por defender una patria, ni por proteger los intereses de todo un pueblo, sino simplemente por luchar en favor de las apetencias de los poderosos.
