Entonces, cuando se decreta el confinamiento obligatorio de la gente, no se puede olvidar lo estipulado en el art. 366 CP: “El bienestar general (…) de la población son finalidades sociales del Estado…”. Encerrar a mucha gente, sin asegurarles el bienestar, viola la constitución, en esto en particular. Cierto que el gobierno ha irrigado auxilios a mucha población codificada en las bases del Estado asistencialista. Pero, una de las muchas falencias que nos descubre la pandemia en Colombia es la alta informalidad económica y laboral que congrega a más de la mitad de la población: por lo menos 30 millones, sumidos en un mundo que no los reconoce a la hora de pensar en su bienestar general en términos constitucionales. Ese es el lío…
Sí: puede seguir el Gobierno repicando sus ‘favores’ dirigidos a Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Tercera Edad, inclusive, a parte de los trabajadores formales de salario mínimo; puede también que la banca le esté muy agradecida por las comisiones generadas “sin tener que ir a misa”, y las empresas que, mal que bien, ahí están en el llavero. ¿Pero, y de los informales qué?; ¿qué de aquellos tenderos de barrio, odontólogos, mecánicos, transportadores informales, mercaderes de plazas, coteros, salones de estética y peluquerías, centros ópticos y ene mil más, sin dejar por fuera a los vendedores ambulantes, inclusive, a los acróbatas de semáforos y cantantes de buses, esa población que, por supuesto, se comprende en lo estipulado en el ya citado artículo constitucional, QUÉ?
Se aplaude al Gobierno mostrándose rígido; y a los alcaldes y gobernadores, ídem, con la alcaldesa de Bogotá a la cabeza. Se sataniza, en general, a las personas que violan la cuarentena obligatoria; a las que no usan tapabocas ni guantes; a las que se nos arriman en los buses y el supermercado y tendemos a creer que todos los encerrados tienen la nevera llena de alimentos y los bolsillos de plata: la indolencia social en su esplendor.
Estamos viendo al Gobierno apelar a todas las fuentes de recursos posibles para recabar fondos con destino a la emergencia económica y social causada por la pandemia. Los más prestantes voceros del sector privado, ANDI y FENALDO, entre otros, hemos visto quejarse de lo limitado de los auxilios que ha ido soltando el Gobierno, y decir que hay que apelar a medidas “poco ortodoxas”, es decir, emitir en favor del Gobierno. Pues, si la Constitución lo contempla (art. 373), ¿qué está esperando el gobierno para obrar en conformidad? ¿Una catástrofe superior? ¡POR DIOS!
Conservo un tuiter del senador Iván Marulanda en el que describe la acción paquidérmica de Duque magistralmente: “No hay peor desgracia que el hambre de los pobres esté a cargo de hambrientos”.
