El tribunal penal de Le Havre (Francia) ha absuelto a 16 activistas que bloquearon una esclusa de un puerto para protestar contra una terminal de gas, porque el juez entiende que lo hicieron para salvaguardar un interés superior: la protección del planeta.

Hugo Raguet es matemático e informático. Trabaja en la escuela de Ingeniería INSA de Blois y en la Universidad de Tours, en Francia. Tiene dos hijos y forma parte de Rebelión Científica, un colectivo internacional integrado por académicos e investigadores que han dejado sus pizarras y laboratorios para salir a la calle ante la inacción climática. El 12 de mayo de 2023 se encadenó en la esclusa de un puerto para impedir la construcción de una nueva terminal de Gas Natural Licuado (GNL). Fue arrestado, encarcelado y enjuiciado junto a otros 15 compañeros. Un tribunal lo absolvió al entender que su acción ilícita se llevó a cabo para salvaguardar un interés superior: la protección de la vida ante los impactos climáticos derivados de las emisiones antropogénicas.

Raguet recuerda cada detalle de aquella mañana de lluvia en el puerto Le Havre, en la región de Normandía. La acción de desobediencia civil, sin violencia, se dividió en tres etapas: un discurso con un altavoz explicando el motivo de la protesta, el encadenamiento a una esclusa para bloquear el tráfico rodado y marítimo, y el lanzamiento de pintura contra una gasolinera de TotalEnergies, la petrolera detrás del proyecto de instalar un nuevo punto de importación de GNL en la costa francesa.

La protesta terminó con la llegada de la policía. En su caso, un oficial cortó la cadena que rodeaba su cuello. Lo esposaron y lo trasladaron a una comisaría. Estuvo más de 20 horas retenido. Volvió a su casa con un expediente abierto por el delito de desorden público. El juicio se celebró año y medio más tarde, en diciembre de 2024. Tras escuchar a las partes y analizar el caso, el magistrado resolvió la absolución de todos los acusados. Justificó su decisión en el “estado de necesidad”.

“La importancia de esta sentencia para la lucha contra el cambio climático es gigante. Reconoce oficialmente la amenaza que la crisis socioecológica representa para las sociedades humanas, y se admite que, para combatirla, podría ser necesario infringir la ley”, incide el activista Hugo Raguet 

“Se trata de una figura del artículo 122-7 del Código Penal que puede ser definida como la situación en la que se encuentra una persona que frente a la posibilidad de que ella misma o un tercero sufra un daño más grave, decide realizar una acción contraria al ordenamiento jurídico, lesionando un bien o un derecho cuyo valor es menor”, explica Carlos Andrés Hecker Padilla, abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Máster en Derecho por la Université de Bourgogne.

En la sentencia, el juez destaca que “Francia sufre las consecuencias del cambio climático provocado por la actividad humana” y que el país va camino de “no alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que se había fijado”. Por tanto, “la realidad e inminencia del peligro [los impactos climáticos] están probadas”. Concluye que “la obstrucción del tráfico parece haber sido necesaria para llamar la atención del público y de los medios de comunicación sobre la construcción de la nueva terminal de GNL en contradicción con el objetivo general de reducir el uso de combustibles fósiles”.

El científico explica que, hasta ahora, las absoluciones en juicios por actos de desobediencia civil tenían la libertad de expresión como única justificación. “La importancia de esta sentencia para la lucha contra el cambio climático es gigante. En primer lugar, es un nuevo medio para defender a los activistas de la represión. En segundo lugar, reconoce oficialmente la amenaza que la crisis socioecológica representa para las sociedades humanas. Y en tercer lugar, se admite que para combatirla podría ser necesario infringir la ley”, subraya.

En Francia, agrega Raguet, cada vez hay más “concienciación sobre el cambio climático entre los jueces”, debido a impactos “recurrentes y tangibles”. Los abogados de Rebelión Científica llevaron a declarar en el juicio a una “víctima directa” de esta crisis, un ciudadano que perdió su casa y todas sus pertenencias por un fenómeno meteorológico extremo, “cuyo aumento en frecuencia e intensidad se atribuye inequívocamente al cambio climático”.

Otros dos casos

No es la primera vez que un juez francés se aferra al ‘estado de necesidad’ para eximir de culpa a activistas climáticos. Dos sentencias de 2024 utilizaron la misma figura jurídica. En enero, el tribunal de La Rochelle falló a favor de nueve activistas de Extinction Rebellion –otra organización que propone acciones de desobediencia civil– que en 2023 habían desplegado una enorme pancarta en lo alto de los silos de una empresa vinculada al negocio agrícola. La fiscalía llevó al grupo a juicio por “intrusión en una instalación portuaria en una zona restringida”.

En octubre, el Tribunal de Policía de París utilizó el mismo argumento para absolver a otros cuatro manifestantes que, en 2022, ocuparon una sala del Museo Nacional de Historia Natural para sensibilizar sobre la pérdida de biodiversidad.

En el juicio, varios científicos de renombre testificaron ante el tribunal en apoyo de los activistas, entre ellos Pierre-Henri Gouyon, biólogo, Museo Nacional de Historia Natural; Christophe Bonneuil, historiador del Centro Nacional para la Investigación Científica; y Fabrice Flipo, filósofo del Instituto Mines Telecom. Todos destacaron los múltiples informes intergubernamentales sobre el consenso científico sobre la pérdida de biodiversidad y la emergencia climática.

En los tres casos, la Fiscalía recurrió las sentencias, por lo que ahora un tribunal superior deberá revisarlas. Los activistas acusan al Ministerio Público de “persecución” y de “cuestionar la validez” de hechos ya certificados por tribunales de primera instancia. “Basta con un juez conservador de una instancia superior para que arruine todos nuestros esfuerzos por demostrar la necesidad de defender el planeta”, lamenta, algo escéptico, Raguet.

Una figura jurídica que no se aplica en España

Inés Díez es la responsable del área jurídica de Greenpeace. Lleva años defendiendo a activistas enjuiciados por protestar contra la contaminación de empresas y administraciones públicas. La última sentencia contra su organización se firmó en diciembre del año pasado.

El Juzgado de lo Penal Nº 1 de Pamplona condenó a ocho miembros por el delito de daños. La acción por la que se les juzgó tuvo lugar en marzo de 2021 por el Día Mundial del Agua y consistió en devolver a la macrogranja mil litros de agua contaminada por nitratos.

El tribunal absolvió a los acusados por el delito de allanamiento, pero los condenó por la rotura de la valla de la macrogranja de Valle de Odieta. En conjunto, los activistas tendrán que pagar una multa de 28.880,75 euros.

“En España nunca se ha aplicado el eximente del estado de necesidad. Tenemos tribunales bastantes más conservadores. Son sentencias muy importantes, más en este contexto de judicialización de la protesta climática”, resalta Díez.

La abogada aclara que para “sentar jurisprudencia”, las sentencias tienen que ser ratificadas por tribunales superiores, de lo contrario quedan vinculadas únicamente al derecho interno de Francia. “No puedo augurar un efecto contagio inmediato, pero todo se andará”, sostiene con optimismo.

Futuro Vegetal, un colectivo de desobediencia civil y acción directa que lucha contra la crisis climática mediante la adopción de un sistema agroalimentario basado en plantas, es la organización con más expedientes abiertos en los últimos años por este tipo de protestas. En total, tiene cinco sentencias condenatorias en primera instancia (todas recurridas), un juicio que comenzará el 31 de diciembre en Valencia y 11 procedimientos penales activos.   

Por el momento, un solo tribunal, la Audiencia Provincial de Bizkaia, dictaminó una absolución al reconocer que el empleo de pintura lavable –dos activistas la arrojaron contra la entrada principal del Museo Guggenheim, en protesta por su proyecto de ampliación– no constituye un delito de daños.

Una sustancia similar –zumo de remolacha– arrojaron miembros de Rebelión Científica España a la puerta del Congreso de los Diputados en abril de 2022. La Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid los acusa de un delito contra el “patrimonio histórico”, con pedidos de 21 meses de prisión contra cada activista, entre ellos el filósofo Jorge Riechmann, el ecólogo Fernando Prieto, la ambientóloga Marta García Pallarés o el periodista y actual diputado de Compromís, Juan Bordera.