Sus críticos aseguran que el código viola las libertades y la intimidad de los ciudadanos.
La plenaria de la Cámara de Representantes de Colombia finalmente aprobó este jueves el nuevo Código de Policía y Convivencia después de discusiones de más de 11 horas y una subcomisión que trabajó incluso en las noches.
El objetivo principal del código es regular el comportamiento de los ciudadanos en todo el territorio asi como renovar las herramientas de la Policía Nacional y buscar la convivencia en áreas que no están contempladas en el actual código que rige desde hace 40 años.
¿Qué consagra el nuevo código?
Entre otras disposiciones, el nuevo código de 244 artículos establece:
1.- Facultades para disolver una protesta social
2.- Allanamiento sin orden judicial
3.- Detención administrativa arbitraria
4.- Imponer multas
5.- Creación de centros de detención para borrachos e indigentes
¿Por qué causa polémica?
Es considerado por sus principales detractores como represivo, arbitrario y dictatorial; pero más importante aún como un reglamento que no es coherente ante un escenario de post conflicto.
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Algunos congresistas consideran que el código le da demasiadas libertades y facultades a la policía y pone en riesgo algunas de las libertades ciudadanas.
Los partido Alianza Verde y Polo Democrático fueron los más críticos al calificarlo no solo de represivo sino de coercitivo por la manera en la que se trata a los habitantes de la calle, los niños, niñas, adolescentes, la protesta social entre otros sectores de la sociedad.
Repercusiones del código en el proceso de paz
Sectores de la sociedad denuncian que lo establecido en el código es contrario al discurso de paz que tiene el Gobierno Nacional y no beneficiaría a la convivencia pacífica en una posible etapa post acuerdo.
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El corresponsal de teleSUR en Colombia, Vladimir Carrillo, informó del descontento de la población porque el código no se ajusta a un país que quiere encontrar el fin del conflicto armado, debido a que se restringe la libertad de las personas en estado de indigencia o criminaliza a quienes son vendedores ambulantes, desconociendo la jurisprudencia constitucional de protección a estas comunidades.
