La Cumbre dio un nuevo paso ante el incumplimiento del Gobierno en los "acuerdos de confianza" para la protección de manifestantes.
La Cumbre Agraria de Colombia solicitó este martes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares que le permitan proteger la vida de los manifestantes, su integridad personal, expresión, así como la libertad individual y de pensamiento.
La organización acudió a la CIDH debido a que el Gobierno incumplió con lo acordado el pasado sábado en Cali (sur), cuando representantes de la Cumbre Agraria y ministros del presidente colombiano Juan Manuel Santos firmaron varios "acuerdos de confianza" vinculados a la protección de los derechos humanos, el retiro del Ejército de los puntos de movilización y las garantías de seguridad para los manifestantes.
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La Cumbre que convocó la Minga Agraria, Campesina, Étnica y Popular, denunció que ha habido una violación sistemática de sus derechos por parte de la Fuerza Pública y de las autoridades nacionales y regionales.
Versión del Estado
A estos reclamos, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que si ha habido violencia en las protestas “ha sido practicada por los manifestantes”.
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Villegas justificó que uno de los campesinos muertos fue a consecuencia de un "accidente de tránsito" y que los otros dos indígenas fallecieron por explosivos artesanales según el resultado de Medicina Legal, sin embargo, estos datos distan de lo que la Cumbre Agraria expuso ante la CIDH.
De acuerdo con la organización, el primero de los indígenas fallecidos, Willington Quibarecama, no murió por un accidente de tránsito, sino arrollado por una tanqueta del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en La Delfina (Valle del Cauca), mientras que los otros dos comuneros muertos, Gersain Cerón y Marco Aurelio Díaz, habrían sido asesinados con armas de fuego, así lo expuso la Cumbre Agraria en el documento que presentó ante la CIDH y que fue conocido por el diario local El Espectador.
En cuanto al número de heridos, la Cumbre Agraria manifestó que ha habido 149, casi el triple que de lo que reportó el Ministerio de Defensa. El documento mencionó las 160 detenciones arbitrarias que habrían ocurrido en los últimos seis días.
