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Florence aseguró que los ministros votaron a favor del juicio político contra Rousseff para asegurar sus cargos.

La denuncia va dirigida a los ministros de Agricultura, Relaciones exteriores, Ciudadanos, Transporte y Educación.

 

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil en la Cámara de Diputados, Afonso Florence, denunció este martes a 10 ministros del gobierno provisional de Michel Temer ante la Comisión de Ética Pública de la Presidencia.

 

Florence pidió la apertura de un procedimiento administrativo para aplicarles una advertencia con propuesta de separación de cargo a los ministros, por presuntamente violar la Constitución y el Código de Conducta de la Administración Federal del país.

En la acusación, Florence señaló que de los 24 ministros nombrados por Temer, ocho son senadores y tres diputados.

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“Se valieron del cargo para fines particulares”, indicó Florence.


Según Florence, la votación en el proceso de impeachment, que debió ser jurídica y sobre la base del interés público, fue motivada por intereses personales y políticos, como lo demostró el hecho que los requeridos fueran designados ministros de Estado luego de la votación y la separación provisional de la mandataria Dilma Rousseff.

El líder del PT denunció al ministro de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, Blairo Maggi, Relaciones Exteriores, José Serra; de Ciudades, Bruno Araújo, Transportes, Puertos y Aviación Civil, Mauricio Quintella y Educación, Mendonca Filho.

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En contexto

El Senado de Brasil aprobó el proceso de juicio político contra Dilma Rousseff el pasado 12 de mayo con 55 votos a favor, 22 en contra y 1 abstención (de 78 de los 81 miembros del cuerpo colegiado).
En este lapso las autoridades brasileñas se encargarán de encontrar las pruebas contra la mandataria que no fueron presentadas ni en la Cámara baja ni en el Senado. La votación final del impeachment en el plenario del Senado sería para el 2 de agosto.
La acusación central de la oposición contra Rousseff para justificar un juicio político es la supuesta violación de normas fiscales al maquillar el déficit presupuestario de 2015. Sin embargo, no se han presentado pruebas en su contra.