Aviso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el viernes con una intervención militar en Venezuela, en una sorpresiva escalada en la respuesta de Washington a la nación.

Trump dijo a reporteros reunidos en su campo de golf de Nueva Jersey que no va a “descartar” una opción militar.

“Sin duda es algo que podríamos considerar”, añadió.

El régimen de ocupación israelí confirmó la demolición de dos viviendas palestinas y la evacuación de otra en la ocupada Cisjordania.

La medida se aplicó, según un comunicado de las fuerzas de guerra israelíes, el miércoles por la noche. Funcionarios palestinos han explicado que en el marco de las políticas expansionistas de Israel, los militares derribaron casas en la localidad de Deir Abu Mashal, mientras que al un edificio ubicado en Silwad, se le cerró su acceso por estar conectado a otras casas.

En la misiva advierte de los efectos inmediatos que pudieran tener las sanciones en el tema petrolero, puesto que Venezuela es el tercer mayor proveedor de crudo a los Estados Unidos, después de Canadá y Arabia Saudita.

El Congreso de los Estados Unidos envió una carta al presidente Donald Trump advirtiendo de los impactos que pudieran tener las sanciones impuestas a Venezuela.

En la misiva advierte de los efectos inmediatos que pudieran tener las sanciones en el tema petrolero, puesto que Venezuela es el tercer mayor proveedor de crudo a los Estados Unidos, después de Canadá y Arabia Saudita.

Con la promulgación del Decreto Supremo 3251, las instituciones públicas del Estado deben encarar un proceso de transición gradual para la utilización exclusiva de software libre y estándares abiertos, dejando de lado software de tipo privativo, como Windows, Mac u otros.

La norma que prohibe el uso de estos sistemas se aplica únicamente en el ámbito público, y no así en el privado. Establece además la implementación del denominado gobierno electrónico, que obliga a las instituciones públicas a mejorar la atención a la ciudadanía a través de trasladar sus trámites a su página web, de esta manera se espera eliminar la burocracia.

El gobierno de México busca legalizar, por la puerta de atrás y de forma disfrazada, la práctica de la fracturación hidráulica o “fracking” para favorecer con garantías a las empresas que pretenden invertir en proyectos de extracción de gas en la Cuenca de Burgos, denunciaron representantes de comunidades indígenas y organizaciones, activistas, especialistas e investigadores.