El diplomático venezolano Alex Saab, extraditado el pasado sábado a EE.UU. desde la isla africana de Cabo Verde, fue llevado este lunes al tribunal del Distrito Sur de Florida, donde el juez John O'Sullivan le imputó ocho cargos, siete de ellos por presunto lavado de dinero y uno por supuesta conspiración para cometer este delito.
Alex Saab —que resultó detenido en circunstancias irregulares en junio de 2020 por las autoridades caboverdianas— fue imputado por O'Sullivan desde una celda en Miami, donde se encuentra detenido.
La audiencia fue realizada a través de teleconferencia. La defensa solicitó libertad bajo fianza para el acusado, pero la petición fue denegada. De momento, la próxima comparecencia se ha fijado para el próximo 1º de noviembre.
Más temprano, el Ministerio de Justicia de Cabo Verde informó que el diplomático venezolano tendría un proceso judicial "justo y equitativo", sin condena a pena de muerte o cadena perpetua, conforme a la Constitución del país africano y según las garantías ofrecidas por Washington.
Venezuela, por su parte, ha calificado la extradición de Saab como un "secuestro" que vulnera el derecho internacional y diplomático, e insiste que su detención en Cabo Verde se hizo de manera "ilegal" sin una orden de captura, "violando las leyes del país y la Convención de Viena".
Saab fue detenido en Cabo Verde cuando iba rumbo a Irán en una misión diplomática para adquirir medicinas y alimentos para Venezuela. El funcionario hizo una parada técnica en la isla africana para recargar combustible pero las autoridades lo detuvieron pese a su condición diplomática. Tras la detención, la defensa del embajador denunció el hecho como una arbitrariedad y advirtió que había sido víctima de abusos, torturas y violación de sus derechos humanos.
"Una puñalada mortal"
Tras la extradición del diplomático, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseveró que la medida aplicada por EE.UU. había significado el fin del proceso de diálogo que realizaba su gobierno con sectores de la oposición radical en México, ya que en septiembre pasado Caracas había sumado a Saab como "delegado pleno" de la mesa de negociaciones.
"El Gobierno de Estados Unidos le aseguró a la Plataforma Unitaria que no se iba a llevar a Alex Saab porque iba a romper con el diálogo. […] Y lo hizo, con alevosía, con espíritu criminal", declaró.
"El Gobierno de EE.UU. sabía que secuestrando a Alex Saab, miembro de la comisión de diálogo en México, le metía una puñalada mortal a los diálogos y negociaciones de México, lo sabía el Gobierno de EE.UU. y actuó", expresó Maduro, quien adelantó que están en gestiones ante la Naciones Unidas para solucionar el caso del diplomático venezolano.
Para el mandatario venezolano, EE.UU. no quiere diálogo, ni democracia, ni paz, ni avance para su país.
La extradición de Saab ocasionó que Caracas se retirara y suspendiera el viaje a México para comenzar una nueva ronda de negociación con la oposición radical, encuentro que estaba previsto para el domingo 17 de octubre.
EE.UU. señala a Caracas
Este lunes, el portavoz del Departamento de Estado del gobierno estadounidense, Ned Price, criticó que Caracas decidiera suspender las negociaciones en México por el caso Saab.
"Están poniendo el caso de un individuo por encima del bienestar, por encima del sustento de los millones de venezolanos", aseguró Price, quien aseguró que su país seguirá "apoyando" el diálogo en México, que comenzó en agosto pasado y que, según él, debería reiniciarse el próximo domingo.
Alex Saab afirma en una carta que no tiene "nada que colaborar con EE.UU."
Durante la rueda de prensa, Price aseguró que la extradición de Saab, que ocurrió el mismo día en que se retomaba el diálogo entre el Gobierno y la oposición en México, no tenía ninguna intención de dinamitar las negociaciones porque, supuestamente, en EE.UU. "la aplicación de la ley es independiente de la política".
No obstante, minutos después el funcionario sí exigió a la justicia venezolana que liberara a seis exejecutivos de Citgo, filial de Petróleos de Venezuela, que están detenidos desde 2017 con condenas que van entre los ocho y 13 años de prisión por delitos de corrupción.
Según el funcionario estadounidense, los llamados "seis de Citgo" fueron "detenidos injustamente" y "deberían ser liberados de forma inmediata e incondicional".
