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Un nuevo trabajo de investigación de The Washington Post revela que el opositor Juan Guaidó se apropió ilegalmente de $40 millones en activos de Venezuela en el exterior, con su estrategia de autoproclamación.

La acción se ejecutó con la intervención de los abogados Jorge Reyes y Pedro Antar, quienes relevaron parte de la trata fraudulenta.

Señalan al llamado “Comisionado Presidencial para la Gestión de Activos de Venezuela” nombrado por Guaidó, Javier Troconis.

Reyes y Antar habían identificado los recursos de Petróleos de Venezuela (PDVSA), entre ellos, automóviles, inmuebles y deudas no cobradas, en países del Caribe.

Reyes afirmó que Guaidó expresó interés en captar los recursos; luego se lo manifestó Troconis quien coordinó el trato.

Sin embargo, delegados del dirigente pidieron coimas y sobornos, dijo Reyes al diario. Detalló que recibió una exigencia por escrito de una empresa en Miami.

Se trata de una compañía de Magin Blasi, hermano del representante económico del diputado en Washington, Fernando Blasi.

Magin Blasi, fue contratado como asesor para el trato. Perdió en la carta un adelanto de $750.000 y una comisión de 18 % de los recursos.

El hecho salpica también al ex denominado procurador del autopecopamado, José Ignacio Hernández y de Luis Augusto Pacheco Rodríguez.

En septiembre de 2019 el Fiscal General de la República, Tareck Willians Saab, anunció una investigación en su contra.

La causa también recae sobre los hermanos Blasi y Troconis, por traición a la patria, legitimación de capitales, usurpación de funciones y asociación para delinquir.

Igualmente, las movidas de Troconis lo vinculan a otros de hechos en la apropiación ilícita de los activos. Los contratos citados por el diario refieren múltiples negocios.

“Habrían requerido lo que algunos miembros de la oposición han caracterizado como pagos grandes e inusuales”, reseña la investigación.

También, hay un contrato “prospectivo” con el gobierno Mario Abdo Benitez en Paraguay, con una comisión de $26 millones a pagar a terceros.

Al respecto, el articulador de Guaidó “condonó” – ilegalmente – la mitad de deuda que el gobierno de Paraguay tiene con PDVSA por concepto de suministro de petróleo. 

La comisión de $26 millones, por descontar la mitad de la deuda de $269 millones, sería destinada al abogado argentino Sebastián Vidal.

Un segundo documento refleja un acuerdo para “recuperar” activo del Ministerio de Alimentación por $1.700 millones en un banco británico.

En septiembre pasado el contralor general de la República, Elvis Amoroso, también informó sobre un procedimiento administrativo contra Troconis.

Denunció que el “comisionado”, dueño de la empresa T&C Services, había hecho contrataciones con PDVSA por $204 millones.

Se pudo evitar que Troconis recibiera 127 millones de dólares más, acotó Amoroso, y señaló que Guaidó utiliza las mismas estrategias que el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, para apropiarse de los activos del pueblo.