Santiago Maldonado estuvo desaparecido más de dos meses luego de una represión de la Gendarmería argentina en el territorio mapuche de Cushamen, en la provincia patagónica de Chubut. Su cuerpo fue encontrado sin vida a los 78 días.
Asimismo, el último fin de semana Rafael Nahuel, un mapuche de 22 años, murió de un disparo por la espalda en el marco de un desalojo llevado a cabo por la Prefectura Naval en el Lago Mascardi, provincia de Río Negro.
Estos hechos han conmocionado a la sociedad del país sudamericano. Sin embargo, no se trata de casos aislados, sino que se inscriben en una problemática alrededor de la propiedad de la tierra.
1. ¿Qué es la Ley 26.160?
En el año 2006 el Congreso argentino aprobó una legislación que regula la situación de los territorios de los pueblos originarios, la ley 26.160. Su objetivo era, en el plazo de tres años, recopilar datos sobre todas las tierras de comunidades aborígenes del país con el objetivo de resolver disputas sobre su propiedad. En simultáneo, planteaba la suspensión de cualquier desalojo.
2. Una tarea incumplida
Sin embargo, nunca se llevó a cabo en el plazo establecido y la ley debió ser prorrogada constantemente. La última vez fue hace apenas unos meses, extendiéndola hasta 2021.
3. El 50% de las comunidades, en peligro
En Argentina hay más de 1.500 comunidades identificadas por el Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (RETECI), que depende del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Sin embargo, hasta este año solo se tomaron datos de 759 y apenas 459 "cuentan con una resolución del INAI que considera a los relevamientos terminados", explicó a RT la doctora en antropología de la Universidad de Buenos Aires, Florencia Trentini. Esto supone que, en caso de que la ley pierda vigencia, los demás territorios no contarán con ningún respaldo legal.
Manifestante grita consignas durante una manifestación para exigir justicia por el asesinato del mapuche Rafael Nahuel en Argentina. / Martin Acosta / Reuters
De acuerdo al diario La Nación -que considera esta situación una "bomba de tiempo"-, en la provincia de Salta es donde hay una mayor cantidad de comunidades protegidas (23). Le siguen Santiago del Estero, con 21, y Neuquén, con 19. Más atrás están Jujuy (17); Tucumán (13); Mendoza (11); Chubut (9), Formosa y Río Negro con siete cada una.
4. Una ley que es violada sistemáticamente
A pesar de estar vigente desde hace más de diez años, la ley 26.160 ha sido incumplida de forma reiterada por el Estado argentino. Los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel son los más recientes pero no los primeros. De hecho, no es un problema que suceda solo en el sur del país.
En septiembre de este año, como reseñó el portal Contexto, la policía atacó a una comunidad indígena en la provincia de Salta, al norte del país. Más atrás en el tiempo, en 2011, el joven Cristian Ferreyra, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), murió en un intento de desalojo como marcó el diario Página/12.
5. Intereses privados y extranjerización de la tierra
Como señaló el abogado Juan Grabois a RT, existe "una ofensiva del Capital sobre la naturaleza y el territorio". Esta es impulsada por el actual Gobierno argentino, que modificó "el régimen de dominio nacional sobre las tierras rurales", lo que permite "la extranjerización de la tierra en un nivel superior al que se venía permitiendo, porque las cuotas de tierra que pueden tener los capitalistas extranjeros aumentó".
Ello fue llevado a cabo mediante el decreto 820/2016, tal como señaló el diario Ámbito Financiero. La resolución presidencial modificó una ley aprobada en 2011 que definía como extranjero a quien sea titular de "un porcentaje superior al veinticinco por ciento (25%)" de cualquier sociedad o persona jurídica. Con el cambio impuesto por Mauricio Macri se considera extranjero a quien sea titular de "más del 51% del capital social".
Así se presenta el caso de la empresa de orígen italiano Benetton que, de acuerdo a El Destape, es el mayor latifundista del país con 970.000 hectáreas en su poder. Es justamente en conflicto con esta compañía que se da la disputa de los mapuches de Cushamen a los cuales estaba apoyando Maldonado.
Similar es lo que sucedió con Rafael Nahuel. Como explicó al diario Página/12 Luis Pilquiman, responsable zonal de la Coordinadora del Parlamento Mapuche, detrás de la represión en el Lago Mascardi hay "intereses inmobiliarios" privados. "Después de lo de Santiago Maldonado, el hostigamiento (de las fuerzas de seguridad y la Justicia) contra la comunidad mapuche, aumentó" y "la persecución se hizo más fuerte", concluyó.
Santiago Mayor
