Con la promulgación del Decreto Supremo 3251, las instituciones públicas del Estado deben encarar un proceso de transición gradual para la utilización exclusiva de software libre y estándares abiertos, dejando de lado software de tipo privativo, como Windows, Mac u otros.
La norma que prohibe el uso de estos sistemas se aplica únicamente en el ámbito público, y no así en el privado. Establece además la implementación del denominado gobierno electrónico, que obliga a las instituciones públicas a mejorar la atención a la ciudadanía a través de trasladar sus trámites a su página web, de esta manera se espera eliminar la burocracia.
El decreto establece también que los operadores o proveedores de internet, no realizarán cobros para el acceso a las páginas web con dominio “.gob.bo” y a 100 portales educativos, informativos y otros que aporten al desarrollo del conocimiento de la ciudadanía.
Promueve el desarrollo
El ciberactivista Mario Durán Chuquimia, destacó la norma porque considera que promueve el desarrollo tecnológico de Bolivia, la generación de empleos, la utilización e innovación en software libre, la innovación en sistemas de información y la soberanía tecnológica.
Explicó que la norma apunta a la seguridad informática, debido a que en marzo de este año, Wikileaks filtró un informe con más de 8.000 documentos desvelando herramientas de espionaje por parte de la CIA a través del sistema Windows.
Plazos
La migración al software libre debe finalizar en un plazo de siete años. El control del proceso estará a cargo de la Agencia del Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC).
Los software libres son programas informáticos gratuitos que pueden copiarse y modificarse con autorización del autor. Lo usan de manera oficial países como Ecuador, Brasil y Alemania, entre otros.
En su mayoría, las innovaciones que se desarrollan en el país, se basan en software libre descargado a través de internet y aplicado por estudiantes de colegio o universidad.
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