Del 14 al 16 de octubre de 2016, en el Instituto de Estudios Sociales (ISS) en La Haya, Países Bajos, cinco jueces de distintas partes del mundo escucharon a más de treinta testigos y expertos de los cinco continentes. El Tribunal Internacional Monsanto de La Haya, de carácter exclusivamente ético, se puso como objetivo sentar bases jurídicas que permitan avanzar en un verdadero proceso contra la polémica multinacional química y agroalimentaria. Para ello se ha basado en los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos adoptados por la ONU en 2011.
El veredicto del tribunal
El Tribunal concluyó que Monsanto se ha involucrado en prácticas que tienen un impacto negativo en el derecho a la alimentación. Las actividades de la multinacional afectan la disponibilidad de alimentos para individuos y comunidades, e interfieren con la habilidad de los individuos y comunidades de alimentarse a sí mismos directamente o a elegir semillas no modificadas genéticamente. Además, las semillas genéticamente modificadas no siempre son costeables para los agricultores y amenazan a la biodiversidad. Las actividades y productos de Monsanto causan daño al suelo, agua y al ambiente en general. El Tribunal concluye que la soberanía alimentaria también es afectada y resalta los casos en los cuales la contaminación genética de los campos forzó a agricultores a pagar regalías a Monsanto o hasta abandonar sus cultivos no-OGM debido a esta contaminación. Efectivamente hay una infracción al derecho a la alimentación debido al mercadeo agresivo de los OGMs los cuales pueden forzar a los agricultores a comprar nuevas semillas cada año. El modelo agroindustrial dominante puede ser criticado aún más fuertemente debido a que otros modelos –como la agroecología– existen y respetan el derecho a la alimentación.
La actividad de la empresa también afecta de forma negativa el derecho a la libertad indispensable para la investigación científica recurriendo a la intimidación, desacreditación de investigación científica cuando se formulan preguntas serias sobre la protección del ambiente y salud pública.
Con respecto a la creación del Agente naranja, arma química usada por EEUU en Vietnam, que mataba toda vida vegetal y provoca malformaciones en animales y humanos hasta hoy en día, sería cómplice de crímenes de guerra por ecocidio, si la ley internacional tuviese esa figura: “Si el delito de ecocidio se reconociera en el derecho penal internacional, las actividades de Monsanto posiblemente constituirían un delito de ecocidio en la medida en que causan daños sustanciosos y duraderos a la diversidad biológica y los ecosistemas, y afectan a la vida y la salud de las poblaciones humanas”, advirtió el fallo.
Nuestras vidas valen más que sus ganancias
Desde comienzos del siglo XX, Monsanto ha comercializado productos altamente tóxicos que contaminan el medioambiente de manera permanente, y ha causado enfermedades y muertes a miles de personas en todo el mundo. Entre estos productos se encuentra el PCB, que forma parte de los doce contaminantes orgánicos persistentes (COP) y afectan la fertilidad humana y animal; el 2,4,5-T, uno de los componentes del Agente Naranja, que contiene dioxina y que fue utilizado por el ejército estadounidense durante la guerra de Vietnam, causando malformaciones congénitas y cáncer hasta hoy; el Lasso, un herbicida que ahora está prohibido en Europa; y el famoso Roundup, el herbicida más utilizado en el mundo y elaborado en base a glifosato (reconocido por la IARC como potencialmente cancerígeno), que es el causante de uno de los mayores escándalos sanitario y medioambiental de la historia moderna. Este herbicida altamente tóxico, está asociado a los monocultivos transgénicos, principalmente soja, maíz y canola, destinados principalmente para la alimentación animal o para la producción de agrocombustibles.
El modelo agroindustrial promovido por Monsanto y otras empresas, además de ser responsables de enfermedades entre la población y extinción de especies, es responsable de al menos un tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. También es en gran parte responsable del desgastamiento de la tierra y de la escasez de agua, de la extinción de la biodiversidad y la marginación de millones de pequeños agricultores.
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En Argentina, aproximadamente 13 millones de habitantes de ciudades pequeñas y medianas están expuestos a estos agrotóxicos, con tasas de mortalidad por cáncer de hasta un 40 %, más del doble que las áreas no expuestas.
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Los Estados son cómplices
Ya el Ministro de Agroindustria es productor agropecuario y fue vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). En este marco el 50 % del suelo cultivable, 15 millones de hectáreas, le pertenece solo a un puñado de 2 mil grandes propietarios, arrendando también muchas otras, llegándose a utilizar este “paquete tecnológico” mortal sobre mas de 20 millones de hectáreas.
Según un informe presentado recientemente por la ONG Greenpeace “al menos treinta funcionarios tienen vínculos con el oligopolio de la industria química”. Esta rama estaría encabezada por Monsanto-Bayer, Dow-Du Pont, Syngenta-ChemChina y BASF, que controlan el 60 % del mercado mundial de semillas y el 65 % de las ventas mundiales de agrotóxicos.
La lucha contra la muerte generada por el agromodelo debe ser una lucha contra el Estado y las grandes empresas del sector que lo sostienen, y para llegar hasta el final solo se puede confiar en las propias fuerzas de los trabajadores y sectores populares, así como en la coordinación con otros colectivos en lucha, independientes de los políticos que compartan intereses con empresarios y corporaciones responsables de la muerte y enfermedad de millones.
Andrés Arnone
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (UBA)
