En Brasil, líderes de los movimientos sociales, parlamentarios y sindicalistas se manifestaron contra las políticas de Temer y pidieron nuevas elecciones.
Las protestas en Brasil no cesan, esta vez unas 50 mil personas se movilizaron el domingo en Sao Paulo, Brasil, contra los planes del Gobierno del actual presidente de Brasil, Michel Temer, para arremeter contra los derechos laborales de los trabajadores.
El presidente de la Central Unida de Trabajadores, Douglas Izzo, exigió la salida de Temer y de “todos los que defienden los contratiempos y las políticas que han de eliminar los derechos", e informó de que para el próximo 22 de septiembre han convocado un gran acto nacional contra las propuestas del Gobierno.
Por su parte, el Coordinador Nacional del Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST), William Boulos, dijo ante los asistentes: "este es el momento de resistencia, tenemos una responsabilidad histórica aquí es el momento de hablar 'Fuera, Temer' y 'Fuera, Cunha" y demandó nuevas elecciones presidenciales.
El Ejecutivo de Temer pretende acelerar un programa de ajuste para contener el déficit y reactivar la economía, sin embargo, el anticipo de reformas del régimen de jubilaciones y del mercado laboral ha generado una fuerte polémica entre la población.
Movimientos sociales vuelven a manifestarse en São Paulo bajo consigna #ForaTemer #NemUmDireitoAMenos
Entre las reformas figuran el aumento de la edad de retiro y la flexibilización de las jornadas laborales, que podrían llegar incluso hasta 12 horas, es decir, un aumento de la carga horaria semanal de 44 horas, según declaró el ministro de Trabajo, Ronaldo Nogueira.
La movilización fue reprimida por la policía, que, además, detuvo a 3 personas, entre ellas a un menor. El senador Lindbergh Farias indicó que denunciará internacionalmente la violencia de la policía militar de Sao Paulo.
Policía bloquea el paso de la marcha por elecciones directas en São Paulo. Manifestación sigue pacífica.#ForaTemer
El pasado 31 de agosto, se consumó el 'impeachment' contra la entonces mandataria constitucional de ese país, Dilma Rousseff, señalada como culpable de corrupción por el Senado que, de hecho, tomó la decisión de apartarla definitivamente de sus funciones con el voto de 62 senadores a favor de un total de 81.
