La selva de la Amazonía, que atraviesa el territorio de ocho naciones de la región suramericana, está en la mira del Gobierno estadounidense desde hace buen tiempo atrás.
Sus pletóricas riquezas naturales la han convertido, de facto, en un activo estratégico para la superpotencia.
La Amazonía genera entre un 16 y un 20 % del agua dulce del planeta, posee un 25 % de la biodiversidad terrestre, 6.000 especies de animales y al menos 40.000 especies de plantas.
Su deforestación implica un riesgo existencial para Washington, así se desprende de varios documentos sobre seguridad nacional publicados por el Gobierno norteamericano desde la década de los 2000.
Las pletóricas riquezas naturales de la Amazonía la han convertido, de facto, en un activo estratégico para la superpotencia.
Y justo a partir de esa fecha es que uno de los objetivos de la política exterior estadounidense consiste en llevar a cabo acciones orientadas a su conservación, entre ellas, intensificar la cooperación internacional.
Recientemente, Brasil y Colombia son dos de los países donde EE.UU. ha logrado imponer la visión de que, para salvaguardar uno de los 'pulmones naturales' de la Tierra, es necesario el despliegue de sus Fuerzas Armadas.
CORE 23: un ejercicio militar inédito en Brasil
En lo que va de su tercer mandato, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha dejado claro que uno de sus principales objetivos consiste en reposicionar a Brasil como un actor de gran relevancia en el escenario internacional.
Sus pronunciamientos a favor de alcanzar una salida pacífica en conflictos regionales, su apoyo para fortalecer el bloque de los BRICS (acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), así como su decisión de relanzar los esquemas de integración del Cono Sur, son botón de muestra de su compromiso con el multilateralismo.
Lula no pretende un rompimiento con la Administración de Joe Biden, pero tampoco actuar con sumisión.
En el Palacio de Itamaraty, una política exterior basada en el unilateralismo no tiene cabida. El Gobierno brasileño ha expresado, sin cortapisas, su interés de mantener una buena relación con EE.UU., sin embargo, también ha puntualizado que no será al costo de aceptar imposiciones.
No se pretende un rompimiento con la Administración de Joe Biden, pero tampoco actuar con sumisión.
Lula defiende una política exterior de mayores equilibrios, una que pone el acento en buscar contrapesos para no dejarse vapulear por los designios de una sola potencia.
Con todo, no ha resultado sencillo para su Gobierno romper con varias inercias que ponen en un serio predicamento la soberanía del gigante suramericano.
Desde EE.UU, altos funcionarios del Gobierno federal insisten en mantener la cooperación en los rubros de la seguridad y la defensa, misma que escaló durante la Administración de Jair Bolsonaro.
EE.UU. se propone seguir apuntalando la cooperación en las áreas de la seguridad y la defensa ofreciendo apoyo para detener la deforestación de la selva.
Como parte de los acuerdos suscritos con Washington durante la presidencia de Bolsonaro, en 2020 se estableció uno que contempla la capacitación de las Fuerzas Armadas, el intercambio de información y tecnología, así como la realización de ejercicios militares conjuntos hasta 2028.
Aprovechando que para Lula salvaguardar el medio ambiente constituye un asunto prioritario, EE.UU. se propone seguir apuntalando la cooperación en las áreas de la seguridad y la defensa ofreciendo apoyo para detener la deforestación de la selva.
Como parte de esta colaboración entre países se tiene programado entre octubre y noviembre de este año llevar a cabo un ejercicio militar conjunto por vez primera en la Amazonía brasileña.
Se trata de CORE 23, una maniobra militar que implica el despliegue de elementos de los Ejércitos de Brasil y EE.UU. en las guarniciones de Belém, Macapá, Oiapoque, así como en el Distrito de Clevelandia do Norte.
En 2021, un ejercicio idéntico se realizó en varias localidades de Sao Paulo y Río de Janeiro; en aquel momento se desplegaron 990 militares, de los cuales, 240 eran de origen estadounidense.
CORE 23 implica el despliegue de elementos de los Ejércitos de Brasil y EE.UU. en las guarniciones de Belém, Macapá, Oiapoque, así como en el Distrito de Clevelandia do Norte.
El año pasado, meses antes de la toma de posesión de Lula da Silva, EE.UU. fue sede de la segunda edición de este ejercicio militar: CORE 22 se llevó a cabo en Fort Polk (Luisiana), con la participación de por lo menos 200 elementos de las Fuerzas Armadas de Brasil.
En la Unión Americana, quienes promueven estos ejercicios militares aseguran que son indispensables para compartir experiencias e intercambiar conocimientos entre países sobre técnicas, tácticas y procedimientos de defensa.
Para Brasil, sostienen, no son sino experiencias que contribuyen a mejorar las capacidades de sus Fuerzas Armadas, que hasta cuentan con la oportunidad de certificarse en operaciones internacionales.
En aras de evitar una confrontación con la potencia del Norte, hasta el momento, el presidente brasileño ha optado por no echar atrás los acuerdos que fueron formalizados por su antecesor.
A mediados de mayo de este año, a través del Comando Militar Norte, el Ejército de Brasil recibió a varios elementos de su contraparte estadounidense para comenzar a preparar lo que será el primer ejercicio militar conjunto en la Amazonía.
Cabe recordar que tres meses antes, en febrero, tras su encuentro con Joe Biden, el presidente Lula aseguró que Brasil contaría con el apoyo de EE.UU. para proteger uno de los denominados 'pulmones naturales' de la Tierra.
Hoy queda de manifiesto que el primer componente de esa ayuda ofrecida por el inquilino de la Casa Blanca es un fondo de unos 500 millones de dólares para su conservación. Y, el segundo componente, el despliegue militar.
Colombia: una política de puertas abiertas
Gustavo Petro persigue con ahínco, desde que tomó posesión como presidente constitucional de Colombia, el objetivo de hacer de su país una 'potencia mundial de la vida'.
Es una encomienda que, sin embargo, su Gobierno ha dejado claro, hasta el momento, es imposible de llevar a cabo en solitario.
Para el presidente de la nación suramericana, ha resultado indispensable el apoyo de potencias mundiales como EE.UU. y coaliciones militares como la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para hacer realidad una de sus principales promesas de campaña.
Bajo el argumento de proteger el medio ambiente, el Gobierno colombiano autorizó el despliegue de Fuerzas Armadas norteamericanas en la región de la Amazonía.
Durante su visita a Colombia en noviembre de 2021, ya con Petro como presidente en funciones, la jefa del Comando Sur de EE.UU. ('US Southern Command'), Laura J. Richardson, se reunió con altos funcionarios del Gobierno, así como con autoridades de las Fuerzas Armadas.
Desde esa ocasión, Richardson consiguió trabar un acuerdo que era clave para Washington: bajo el argumento de proteger el medio ambiente, el Gobierno colombiano autorizó el despliegue de Fuerzas Armadas norteamericanas en la región de la Amazonía.
Semanas después, sin ocultar su satisfacción por suscribir este acuerdo con el Comando Sur de EE.UU., Petro incluso se declaró dispuesto a solicitar el apoyo a la OTAN, con la que Colombia mantiene actualmente una relación de colaboración en calidad de socio global.
El acuerdo de cooperación con las Fuerzas Armadas de EE.UU. para salvaguardar la integridad en la Amazonía opera en la opacidad, sin supervisión y control.
Los pactos entre el Gobierno emanado del Pacto Histórico y la Administración de Biden han generado oposición de comunidades locales que habitan la Amazonía, así como de algunos representantes populares, que alertan sobre un atentado contra la soberanía y riesgos de violaciones a los derechos humanos.
Y es que el acuerdo de cooperación con las Fuerzas Armadas de EE.UU. para supuestamente salvaguardar la integridad en la Amazonía opera, hasta la fecha, en la opacidad, sin supervisión y control.
Igual que sucede en el grueso de países latinoamericanos donde EE.UU. tiene desplegados militares, en la Amazonía colombiana no se conoce el número de elementos en operación, sus tareas específicas ni el armamento y equipo que se utilizan.
Los bienes comunes en clave geopolítica
Bajo el argumento de que los Gobiernos de países en desarrollo no cuentan con la capacidad para hacer un buen manejo de sus ecosistemas, potencias como EE.UU. han venido proyectando una geopolítica ambiental, explica en entrevista exclusiva con RT, Manuel Sarmiento, concejal de Bogotá.
El abogado detalla que se trata de un plan de gran alcance que pretende convalidar la injerencia de Washington en países que poseen vastos recursos naturales de carácter estratégico, como es el caso de los ocho latinoamericanos que comparten territorio amazónico.
Sarmiento sostiene que concebir a la Amazonía como un 'bien común' de toda la humanidad sirve de coartada para que EE.UU. intervenga de forma directa en la toma de decisiones más allá de sus fronteras, relegando a un segundo plano a los Gobiernos nacionales.
Bajo esta narrativa se insiste que, para poner un alto a la deforestación de la selva amazónica, que desde Washington es considerada asunto de seguridad nacional, se requiere de una estrategia conjunta, la única posibilidad para resolver el problema.
Así las cosas, la Administración de Biden propone establecer un fondo de unos 500 millones de dólares para la conservación de este 'pulmón natural' de la Tierra, así como el despliegue de sus Fuerzas Armadas.
Sobre el despliegue de militares en la Amazonía, Manuel Sarmiento advierte que se trata no solo de una grave violación de la soberanía de la nación suramericana, sino que además se abre la puerta para que se atente contra los derechos humanos de las comunidades que habitan la región.
El concejal de Bogotá recuerda que como parte de la 'Operación Artemisa' —maniobra militar dirigida a erradicar la deforestación—, se violaron derechos humanos en Colombia.
Años atrás, explica, se presentaron denuncias por la explotación sexual de menores en la base militar de Tolemaida, así se hizo constar en el Informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, publicado en 2015.
Sin embargo, detalla que como parte de los acuerdos que se trabaron desde los tiempos del Gobierno de Álvaro Uribe, a los elementos de las Fuerzas Armadas de EE.UU. se les otorgó 'inmunidad diplomática', con lo cual, no pudieron ser juzgados en la nación suramericana.
Sarmiento concluye que se requiere de la intervención gubernamental para la conservación de la Amazonía, sin embargo, lamenta que se impongan condiciones desde el exterior para que Colombia y otros países latinoamericanos terminen cediendo el control de la selva.
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