El presidente Donald Trump alista una nueva propuesta para que los diplomáticos y agregados militares estadounidenses trabajen en el terreno a favor del incremento de las ventas de armas fabricadas en el país.
La iniciativa, que se anunciará en febrero, se convertirá en una estrategia a nivel de Gobierno para reducir las regulaciones impuestas a ciertas naciones que compran armamentos norteamericanos, en particular drones, piezas de artillería y aviones de combate.
Funcionarios de la Casa Blanca dijeron en exclusivo a la agencia Reuters que el objetivo de la medida es estimular el crecimiento de los empleos en el país, beneficiar a la industria de la defensa y proporcionar a los aliados la posibilidad de compartir el peso de la seguridad internacional.
La Administración Trump está bajo la presión de las grandes compañías productoras que enfrentan una creciente competencia de sus similares extranjeras, en particular de China y Rusia, además de que el mandatario intenta cumplir su promesa de campaña de priorizar las ventas de mercancías de todo tipo fabricadas en Estados Unidos, incluidos estos implementos bélicos.
Sin embargo, la disminución de restricciones en las ventas de armamentos choca con las posiciones de expertos y políticos temerosos de que parte de esos medios letales que se venden a naciones del Medio Oriente y Asia Meridional caigan en manos de grupos terroristas.
Informes recientes del Pentágono señalan que Washington vendió en el año fiscal 2017 armas por un valor superior a los 41 mil 930 millones de dólares, un crecimiento de 25 por ciento en relación con 2016.
Según el Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Estocolmo, el 57,9 por ciento de todas las transacciones de armamentos en el mundo las realiza Estados Unidos a más de un centenar de naciones, seguido por el Reino Unido (9,6 por ciento) y Rusia (7,1).
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