Desde la veeduría social (1) al cese unilateral de fuego declarado por las FARC-EP y a las medidas de desescalamiento del conflicto tomadas por el Gobierno presentamos el siguiente pronunciamiento como lectura preliminar del octavo informe que será entregado el jueves 29 de octubre:
Los últimos acontecimientos que han rodeado la situación del conflicto armado muestran una importante disminución de las acciones reportadas, pero al mismo tiempo se evidencian preocupantes escenarios de acciones paramilitares y violaciones de derechos humanos. Expresamos nuestra preocupación por las dos advertencias públicas, realizadas por la FARC-EP, en relación al riesgo de que su decisión de cese unilateral sea levantado por los ataques aéreos y operaciones de las que vienen siendo objeto por parte de las fuerzas militares.
Tal situación fue corroborada por el mecanismo de seguimiento que hemos establecido, que nos muestra que del 20 de septiembre al 20 de octubre, se ha registrado tres (3) casos de ametrallamiento y un (1) caso de bombardeo por parte de la Fuerza Pública. Por su parte las FARC-EP mantuvieron su decisión de cese unilateral, como resultado de ello no registramos ninguna acción ofensiva contra la fuerza pública, aun en medio de las denuncias de la continuidad de las acciones militares. Así mismo, esta veeduría alerta sobre la creciente presencia paramilitar en los territorios y las implicaciones graves en materia de DDHH, infracciones al DIH y la falta de garantías para las comunidades en los territorios, los líderes sociales y políticos, los reclamantes de tierras, los defensores de derechos humanos y en general para quienes buscan construir propuestas alternativas.
En nuestro proceso de veeduría constatamos el fortalecimiento de estructuras paramilitares en varias regiones, especialmente de los departamentos de Antioquia (Zona Bajo Cauca), Chocó, Meta y Norte de Santander, y con presencia menos visible en buena parte del territorio nacional. Estas estructuras vienen amedrentando a las comunidades, amenazándolas y extorsionándolas, -modus operandi de las estructuras paramilitares que ya habíamos conocido en los años 90`s y 2000. Igualmente hemos tenido conocimiento de tres (3) combates entre fuerzas unificadas de las FARC-EP y el ELN contra paramilitares de la Autodefensas Gaitanistas de Colombia, en el Departamento del Chocó, con el resultado de 14 paramilitares muertos, número indeterminado de heridos de parte de esa estructura y la captura por paramilitares de un 1 guerrillero.
En lo que se refiere a la situación de derechos humanos en el país, ésta sigue siendo cada vez más preocupante; durante este periodo de veeduría se han producido 6 asesinatos de líderes sociales, indígenas, políticos y miembros de organizaciones sociales. Junto a ello, continúan las estigmatizaciones en contra de la Unión Patriótica (UP), la Marcha Patriótica, la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, el Movimiento Indígena en cabeza de la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC y otras organizaciones sociales que trabajan en pro de la construcción de una paz estable y duradera; en este mes se han hecho al menos 3 señalamientos públicos que han sido denunciados por las organizaciones.
Han vuelto a registrarse también amenazas colectivas, con un total de 4 panfletos donde se ha señalado a líderes sociales y políticos, reclamantes de tierras, defensores de derechos humanos, periodistas, etc, entre los que están varias personas que hacen parte de esta veeduría. En este mes también se ha registrado un (1) robo de información.
Muchos de estos hechos siguen estando ligados al proceso electoral; en este sentido la situación en el Norte de Santander es especialmente complicada, pues en el último mes se han registrado atentados contra dos candidatos a Alcaldías (del Polo Democrático Alternativo en Cúcuta y del Partido Conservador en La Playa), así como contra el jefe de campaña del Polo a la Gobernación de ese departamento (también miembro de Marcha Patriótica y de la organización campesina ASCAMCAT).
Por otra parte, han continuado las detenciones arbitrarias y las judicializaciones en contra de líderes sociales y populares: en el último mes de observación se han documentado trece (13) casos de judicializaciones y al menos uno (1) de detención arbitraria que afectó a varias personas en Manizales.
Estos hechos constituyen ataques al derecho constitucional a la protesta y la libertad de pensamiento y se han dirigido directamente a las organizaciones sociales y políticas. Hacemos un llamado para que se impulse un verdadero y real desmonte del paramilitarismo, se investigue y se sancione a aquellos funcionarios públicos, principalmente miembros de la Fuerza Pública que están apoyando y colaborando con el accionar paramilitar en las regiones. Cesen los bombardeos y ametrallamientos indiscriminados en los territorios y se evite poner en riesgo la continuidad del Cese Unilateral.
Exigimos las garantías reales, tanto materiales como políticas para la oposición en Colombia y eso parte de que se investigue, individualice y sancione a los responsables de los hechos que se han denunciado y cesen las estigmatizaciones, detenciones arbitrarias y judicializaciones en contra de los líderes sociales y populares. Se deje de perseguir a quienes realizan una labor decidida en favor de la construcción de una paz estable y duradera y se garantice la participación política democrática de todos los sectores de la sociedad.
En esta semana hemos tenido noticia de la notificación de apertura de pliego de cargos contra el senador del Polo Democrático, impulsor del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y parte de esta Veeduría por el Frente Amplio Común por la Paz, Iván Cepeda Castro. Esta decisión tomada por el debate que el senador Cepeda adelantó contra el Estado por la impunidad en la investigación sobre los vínculos entre diversas entidades del Estado y el paramilitarismo, se constituye en una clara obstrucción a los esfuerzos de paz desde la búsqueda de la verdad, justicia y garantías de no repetición, como también evidencia la ausencia de garantías para la participación política de sectores de oposición.
Adicionalmente, genera mensajes en la dirección opuesta del segundo acuerdo parcial acordado en la mesa de diálogos de la Habana, que versa sobre participación política. El proceso electoral que culmina el 25 de octubre exige garantías reales en el marco positivo que ha creado el cese al fuego unilateral de las FARC-EP para que cesen los asesinatos, amenazas, estigmatizaciones, detenciones arbitrarias y judicializaciones en contra de los líderes sociales, candidatos populares y voceros de la oposición política que realizan una labor decidida a favor de la construcción de la paz estable y duradera.
La libertad de participación política democrática de todos los sectores de la sociedad es parte integral de las garantías de No Repetición. La paz con justicia social que soñamos y que vamos a materializar debe ser integral, duradera y democrática
