La insurgencia propone objetivos para normalizar la vida nacional y transformar su grupo en organización abierta. Pidieron protección constitucional en términos de una posible extradición.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP), presentaron este sábado a través de un comunicado una serie de propuestas que permitan a este grupo insurgente transformarse en un movimiento política una vez que se firme el acuerdo de paz para la nación suramericana.
Entre los objetivos propuestos, la insurgencia exige al menos en dos períodos la asignación directa de curules en el Congreso de la República, en Asambleas Departamentales y Concejos Municipales.
Asimismo, plantean “desarrollar economías del común, de carácter asociativo y comunitario, en los diferentes campos del proceso económico y articuladas entre sí con el objetivo de contribuir a la reconstrucción de la base productiva del país y al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y al buen vivir de los pobres y desposeídos”.
En este sentido, las FARC-EP señalaron que un fin de conflicto implicará cambios, entre ellos la decisión de la guerrilla de pasar a la vida civil. Al respecto, destacaron la necesidad de normalizar la vida nacional y transformar las FARC-EP en organización abierta, una solución confiable en lo que concierne al tema de “Justicia especial para la paz”.
De igual modo, piden la protección constitucional en términos de una posible extradición y decisiones ponderadas en la investigación de los crímenes cometidos durante el conflicto.
Informaron además que para alcanzar dichas metas, trabajan en el desarrollo de 10 iniciativas para una paz estable y duradera como proceso de normalización social de las FARC-EP.
Las iniciativas se presentarán en el desarrollo de los diálogos de paz en La Habana y buscarán condiciones para crear nuevas relaciones sociales y culturales.
El pasado 4 de noviembre, voceros de las FARC-EP llamaron al gobierno colombiano a desistir de las medidas unilaterales y excluyentes que afectan el proceso de paz, iniciado en Cuba desde 2012, en referencia a la Comisión Legislativa para la Paz aprobada por el Senado.
La insurgencia afirmó que los diálogos atraviesan una etapa clave con dificultades debido al impedimento de participar en la política del país, establecido por la cámara. Insisten en resolver la situación de inmediato para garantizar el proceso.
El Senado de Colombia eliminó el martes la potestad del presidente del país de nombrar a integrantes de la Comisión Legislativa para la Paz que no sean congresistas, lo cual impide que puedan participar delegados de las FARC-EP.
En diciembre estará listo el proyecto de refrendación de los acuerdos, probablemente un plebiscito, que entró con urgencia en el Congreso, tras ser discutida el pasado viernes con la guerrilla.
El pasado 23 de septiembre, Gobierno de Colombia y las FARC – EP firmaron un preacuerdo de paz en La Habana, Cuba, donde se desarrollan los diálogos para poner fin al conflicto que lleva más de 50 años.
Uno de los puntos acordados, habla sobre la participación política de ambas partes, en el caso de grupo guerrillero se estableció una permanencia transitoria en una Cámara de Representantes, así como su actuación como garantes de los derechos políticos de cada partido en la nación neogranadina.
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