El asesor jurídico de las FARC-EP Enrique Santiago afirmó hoy que a más tardar en junio podría estar listo el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y ese movimiento guerrillero, el principal involucrado en el conflicto interno.
Mi previsión es que si ambas partes se ponen a trabajar en la mesa para abordar los temas pendientes, y no se pierde tiempo en discusiones innecesarias, pues para finales de mayo o junio estarían cerrados todos los puntos (de la agenda), incluido el pacto conclusivo, precisó el abogado en declaraciones al diario El Tiempo.
Ello -amplió- posibilitará iniciar el proceso de dejación de armas.
Al referirse a los temas más complicados por dilucidar, Santiago mencionó las garantías de seguridad para los futuros desmovilizados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y las políticas de desmantelamiento eficaz del paramilitarismo.
Otro problema -dijo- tiene que ver con la visión gubernamental sobre las zonas donde estarán concentrados los insurgentes inicialmente o territorios de paz, pues el Ejecutivo propone lugares cerrados en los cuales no se podrá entrar ni estará permitido salir.
Según el jurista español se trata de una postura contradictoria al contemplar un régimen incluso más duro que el establecido para las sanciones restaurativas dentro del mecanismo de justicia transicional acordado.
Las FARC-EP quiere desaparecer como organización guerrillera y transformarse en asociación política, pues no tiene sentido prohibir la relación con la población civil, consideró el experto, citado por el periódico de circulación nacional.
Básicamente, aclaró, el grupo rebelde rechaza la posibilidad de que dichos sitios sean convertidos en escenarios de reclusión.
Desde 2012 representantes gubernamentales y de esa agrupación dialogan en Cuba con la finalidad de hallar una solución concertada a la conflagración.
Si hay compromiso y seriedad por parte del Gobierno para poner en marcha las políticas de seguridad, es decir, de combate eficaz al paramilitarismo, ese proceso de dejación de armas podría estar concluido a finales de 2016 o en los primeros días del 2017, con lo cual el conflicto de más de 50 años entre el Estado y las FARC-EP se podría dar por concluido, comentó.
En cuanto al tratado global de las conversaciones Santiago explicó que los insurgentes recomiendan firmarlo bajo la fórmula del acuerdo especial humanitario, una figura prevista en los artículos tres y seis, de la I, III y IV convenciones de Ginebra.
Tal pacto deberá tramitarse posteriormente en el Parlamento para darle fuerza de ley, subrayó.
Pese a las complejidades de esta etapa, no hay que ponerse nerviosos, no hay que preocuparse por las pequeñas crisis que vayan desatándose en este contexto; lo importante es no perder tiempo y trabajar intensamente los temas pendientes, enfatizó Santiago.
