Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) demandaron este viernes el cese en su país de lo que definieron como una guerra sucia contra defensores de derechos humanos y activistas políticos.
En un comunicado leído por Manuela Marín, integrante de la delegación de la fuerza insurgente que dialoga en La Habana con su par de Bogotá para alcanzar la paz, las FARC-EP calificaron de “muy preocupante” la racha de asesinatos que tienen por blanco a líderes sociales de izquierda.
El grupo guerrillero, que hizo extensivas su solidaridad y condolencias a los familiares y amigos de las víctimas, consideró que los hechos son consecuencia de la intolerancia y el paramilitarismo.
Al respecto de este último fenómeno, cuya impunidad denunció, sostuvo que constituye una amenaza y un desafío para la buena marcha del proceso de paz que se concerta en La Habana.
Si el Estado no combate resueltamente el fenómeno paramilitar, detalló en el comunicado, estaría contribuyendo con su indiferencia a configurar la guerra sucia del postconflicto, principal amenaza a nuestra reconciliación.
En opinión de las FARC-EP, no puede proclamarse como Estado Social de Derecho un régimen que tolera el accionar criminal del paramilitarismo y bajo el que, sólo durante el mandato del actual gobierno, han sido agredidos dos mil 244 defensores de derechos humanos, de los que 346 fueron asesinados y 206 resultaron víctimas de atentados.
La organización cuestionó la ocurrencia de tales hechos en medio del proceso de paz, que avanza hacia la firma de un Acuerdo Final.
Exigió una respuesta precisa y coherente por parte de Bogotá, y demandó el inmediato desmonte del paramilitarismo como una acción real y efectiva para materializar el fin del conflicto armado, y asegurar la no repetición.
Asimismo, sugirió abrir la Mesa de diálogos a las organizaciones sociales y populares para que aporten fórmulas que, en el contexto de la discusión del punto Fin del Conflicto, uno de los últimos de la agenda pactada, contribuyan al desmantelamiento de los hechos y fenómenos denunciados.
Desde 2012, representantes del gobierno colombiano y de las FARC-EP buscan en la capital de la mayor de las Antillas una salida política al conflicto armado que los enfrenta desde hace más de medio siglo, como consecuencia del que han muerto unas 300 mil personas.
Como resultado de tales encuentros ambas delegaciones lograron consensos en los temas de reforma rural integral, participación política, combate a las drogas ilícitas y reparación de las víctimas.
Actualmente abordan lo concerniente al cese el fuego bilateral, la dejación de las armas, y la desmovilización y reintegración a la sociedad de los ahora guerrilleros.
De igual forma, debaten en torno al mecanismo de refrendación más adecuado para refrendar por la vía popular todo lo pactado en los diálogos de paz.
