En un contexto con un Nicolás Maduro acusando a Colombia de estar enviándole contagiados de Covid, este fin de semana que pasó unos 1.500 venezolanos que querían regresar a su país quedaron represados en cinco ciudades, luego de que el Presidente de Venezuela decidiera ampliar la cuarentena de los retornados de siete a 14 días.
Como esa medida de aislamiento de los retornados se lleva a cabo en la frontera luego de que cruzan, se ralentizó el paso y aún ayer había aglomeraciones de venezolanos esperando en Cúcuta, Bucaramanga, Arauca, Ipiales y Bogotá.
Como todo el país lo ha visto, se trata de una población en la absoluta pobreza, que perdió la poca posibilidad de sustento que tenía en Colombia tras la pandemia y que prefiere regresar a Venezuela a pasar con los suyos estos días duros.
Es la tragedia humanitaria venezolana a la inversa, que estalló por el coronavirus y que ya cuenta, desde que arrancó la cuarentena, 69 mil venezolanos que se han ido en 915 buses, según datos de Migración Colombia.
Si bien apenas representan un poco más del tres por ciento de los venezolanos que hay en Colombia, no deja de ser un flujo de personas importante cruzando todo el país en plena crisis sanitaria.
Al problema evidente que significa este traslado en medio de unas casi siempre ausentes o precarias medidas de bioseguridad, se suma que el regreso a casa de la diáspora venezolana no tiene doliente en Colombia.
El Gobierno Nacional no ha asumido esa responsabilidad y Migración ha dicho que los gobiernos locales, que ya están frenteando y asumiendo retos duros del Covid con sus propios ciudadanos; tampoco tienen la obligación de poner la plata para el transporte, la alimentación y la seguridad.
En ese sentido, por ejemplo, alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, ya dijo en mayo que no pagaba un bus más.
La lógica del Gobierno, como también lo ha dicho Acnur, es que estos retornos generan concentraciones y riesgos que pueden aumentar el problema sanitario, como lo señaló en un balance de resultados.
Pero el problema está. Y si no se resuelve, además de ser un asunto de humanidad, igual puede terminar generando más focos de contagio en algunas regiones.
El fenómeno
En cuanto inició la cuarentena a finales de marzo, cerca de 30 mil venezolanos que vivían entrando y saliendo, retornaron a su país. A los pocos días aparecieron reportes de grupos de migrantes buscando medios para devolverse, en ciudades fronterizas y cercanas, como Cúcuta y Bucaramanga o Ipiales y Cali.
En su momento, el Gobierno lo vió como casos de retorno aislados y no se estableció una directriz nacional sobre cómo actuar, aunque algunos gobernadores y alcaldes se hicieron cargo, brindando ayudas como alimentación y transporte hasta los puentes fronterizos.
Luego de eso, empezaron a presentarse casos muy irregulares que encendieron las alarmas en regiones receptoras.
Tal y como nos contaron autoridades de Santander, Norte de Santander, La Guajira y Arauca, en esas zonas tuvieron que lidiar con que cualquier día en las fronteras de sus departamentos y municipios amanecieran grupos de venezolanos, desde 50 hasta 100, sin que nadie supiera cómo llegaron allí y sin ningún tipo de medidas de bioseguridad.
“Encontramos casos en que estaban llevando gente a escondidas hasta Barbosa (municipio de Santander que limita con Boyacá). Les preguntamos de dónde venían y decían que les habían dado transporte en Tunja”, nos dijo una fuente de la Defensoría de Santander.
“Nos tocó dar la pelea en la región Caribe para que los departamentos apoyaran a sus migrantes porque era muy fácil decir ‘se quieren ir, tomen los buses, váyanse’ (...) recibimos migrantes en camiones y sin saber de dónde venían”, agregó por su parte el secretario de gobierno de La Guajira, Jairo Aguilar.
Fue entonces cuando Migración Colombia diseñó una ruta, el pasado once de abril, para el retorno de quienes quisieran volver a Venezuela.
La ruta consiste en que las personas que quieran viajar en buses a la frontera informen a la alcaldía respectiva para que les hagan tamizajes para verificar su estado de salud, y a su vez coordinen con Migración el día y la cantidad de gente que pueden enviar, de modo que la frontera no colapse.
Todas las autoridades locales con las que hablamos coincidieron en que una vez Migración Colombia instaló esa ruta, y con el llamado de atención de la Procuraduría que dijo que cada departamento debía hacerse cargo de los migrantes y no promover la xenofobia, se redujeron los viajes clandestinos. Sin embargo, aún hay dos grandes vacíos para que estos viajes sean seguros: los protocolos y la plata.
Los protocolos
El protocolo definido por Migración indica que los buses no pueden hacer ninguna parada desde la ciudad de donde salen hasta cuando llegan a la frontera venezolana por Arauca, Norte de Santander o La Guajira, por eso deben llevar comida, agua y elementos de aseo suficientes para el viaje que puede durar entre cinco y 30 horas, dependiendo del lugar de origen.
Sin embargo, tal y como nos dijeron cuatro fuentes oficiales en tres regiones, en la práctica esos protocolos no son tan estrictos.
Por ejemplo, el ideal es que los recorridos sean en buses con capacidad para 40 personas pero apenas viaje la mitad, para así mantener distancia entre ellos. Sin embargo, Juan Carlos Villate, personero de Tame (municipio que es la puerta de entrada del interior a Arauca), nos dijo que allí han tenido que enviar buses hasta con 60 personas hacia la frontera para no dejarlos durmiendo en medio de la carretera.
Y en Bucaramanga un funcionario de la Personería que ha acompañado los operativos de retorno nos dijo que sí hay un proceso de desinfección de los buses antes de que los migrantes aborden, pero no hay capacidad de entregar a cada uno kits de bioseguridad, por lo que la única medida de protección con la que viajan es un tapabocas que ellos mismos traen de travesías de semanas.
Además, el vacío más grande persiste: no hay un doliente obligado que financie esos retornos.
El lavado de manos del Gobierno
Como mencionamos, cuando comenzó el retorno, algunas alcaldías asumieron poner la plata, según su voluntad y capacidades.
Ipiales, Nariño, ciudad fronteriza con Ecuador, pagó ocho buses: dos fueron hasta Arauca y costaron 14 millones 800 mil pesos y seis se fueron por Cúcuta y costaron 12 millones 800 mil pesos. Es decir, una inversión de 106 millones de pesos. Ese valor incluía comida y elementos de bioseguridad como tapabocas, según le dijo a La Silla el secretario de Gestión del Riesgo de esa ciudad, Fernando Jácome.
La Alcaldía de Cali ha costeado 80 buses a siete millones 500 mil pesos cada uno, es decir una inversión de 600 millones sin contar la alimentación y los kits de aseo y bioseguridad que les dieron, más la atención de la Secretaría de Salud, según explicó la secretaria de Bienestar Social caleña, Fabiola Perdomo. De Cali han salido 2.108 venezolanos en este tiempo.
En Huila, la Gobernación y la Alcaldía de Neiva pagaron dos viajes para trasladar a 342 personas que estaban llegando a pie desde el sur del país. En Santander, de donde han salido 5.110 personas, la Gobernación y la Alcaldía de Bucaramanga han gastado 217 millones de pesos solo en costear transporte.
Sin embargo, tal y como lo dijo la semana pasada el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, las alcaldías y gobernaciones no están en la obligación de financiar esos buses.
En Bogotá, por ejemplo, la Alcaldía no ha puesto plata para viajes sino que habilitó la terminal de transportes del Norte para que desde ahí la población migrante compre un tiquete de 180 mil pesos hasta la frontera.
En Cali, el alcalde, Jorge Iván Ospina, dijo a mediados de mayo que no va a financiar un bus más; en Ipiales, la Alcaldía ya no tiene plata y por eso los otros 39 buses que han salido han sido pagados por los mismos migrantes. Un pasaje desde allí a la Frontera cuesta entre 230 y 250 mil pesos. Hasta el momento han despachado 1.800 personas.
Así es que, aunque en la teoría la ruta de Migración establece que los venezolanos deben acudir a las alcaldías o gobernaciones de donde se encuentren para coordinar su tránsito, esto depende de la voluntad de las mismas.
Lo que ha dicho -y nos confirmó ayer- la gerencia de fronteras es que el Gobierno no quiere estimular este retorno porque unos traslados en esas condiciones son riesgosos en medio de una pandemia.
Un asunto que, en todo caso, no guarda mucha coherencia con el hecho de que Migración igual estableció una ruta y, con ayuda colombiana o no, muchos venezolanos sí están dándose la pela y buscando los medios para volver a su país en condiciones de riesgo de contagio para ellos y las poblaciones por las que pasan.
Ese es el caso de Alejandro Castillo, de 25 años, quién está acampando hace 21 días en el Parque de las Banderas en el centro de Cali junto a sus primos y su esposa y otras 196 personas, incluyendo 42 niños y cinco recién nacidos.
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Alejandro vive hace tres años en Cali, pero desde que comenzó la pandemia lo despidieron del restaurante donde trabajaba y lo echaron del lugar donde vivía.
Castillo no alcanzó a embarcarse en los últimos buses que mandó la Alcaldía, pero sigue con la intención de regresar a su país. “Estamos en las peores condiciones. Pedimos autobuses a empresas solidarias, gobernación, alcaldía, junta comunal, para ser evacuados porque allá tengo mis hijos, mis papás”, dice.
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A esos migrantes se suman los caminantes que no tienen plata para pagar buses y deciden regresar a pie. Solo en el trayecto de dos horas de Ipiales a Pasto se pueden ver unos cien migrantes al costado de la vía.
Caras quemadas por el sol, ropa vieja, zapatos desgastados, a veces en chanclas, maletas al hombro, niños cargados, coches de bebé con maletas, son la imagen diaria de la desgracia. Algunos vienen caminando desde Perú, Ecuador, Bolivia y hasta Chile.
Para ellos no hay ninguna ruta de atención del Gobierno, y dependen, de nuevo, de la voluntad de los mandatarios locales de dejarlos dormir en algún sitio, o darles comida y agua.
Por eso, todos los funcionarios de entidades locales con los que hablamos nos dijeron que están esperando que, más allá de la coordinación, el Gobierno sí se decida a poner plata para costear esa logística.
“Nosotros no tenemos competencia en ese tema, somos concurrentes pero ni las relaciones internacionales ni el tema migratorio es ni de las Alcaldías ni de las Gobernaciones. Lo hacemos por un tema humanitario, pero no nos pueden dejar esa responsabilidad”, nos dijo Silvano Serrano, gobernador de Norte de Santander.
Durante la cuarentena, las ayudas directas del Gobierno Nacional para la población migrante han sido 200 mil mercados distribuidos en las regiones donde hay mayor concentración, como Norte de Santander o La Guajira, y 45 mil bonos de 480 mil pesos que hacen parte de su estrategia de Ingreso Solidarios y que recibieron venezolanos que están en bases de datos.
Frente a eso, María Clara Robayo, investigadora del Observatorio de Venezuela la Universidad del Rosario, dice que el problema es más estructural: “El Covid agudiza los grandes vacíos de la migración... se agudiza su precariedad para integrar a la sociedad. No hemos podido impulsar una política migratoria integral”.
Lo que viene
A esta compleja situación, se suma la nula relación entre el Gobierno de Colombia y la dictadura de Maduro. Eso es clave porque la fecha y la cantidad de personas habilitadas para salir hacia Venezuela depende precisamente de las autoridades de ese país.
Aunque el cierre de este fin de semana que generó represamientos en cinco ciudades no fue una decisión caprichosa del vecino país, tres autoridades locales en zonas fronterizas nos dijeron que ese tipo de cierres se podían prever si hubiese buenas relaciones.
Actualmente, lo único que existe es intercambio de información extraoficial entre los entes territoriales fronterizos que de cualquier manera no toman decisiones sobre la migración.
De modo que represamientos como este, con el dictador de Nicolás Maduro diciendo que Colombia le está enviando contagiados, pueden volverse más frecuentes.
Además, Migración Colombia prevé que al menos el 80 por ciento de los migrantes retornados vuelvan a Colombia una vez la situación del nuevo covid se estabilice. No nos respondieron con base en qué hicieron esa aproximación.
Sin embargo, supimos por autoridades de Norte de Santander que dentro del tamizaje que le hicieron a los 500 represados en la frontera este fin de semana, les preguntaron si planeaban quedarse en Venezuela. El 30 por ciento dijo que no, que esperaban volver a Colombia entre julio o agosto.
Para entonces se supone que las fronteras seguirán cerradas. Sin embargo, la mayoría de ellos, irregulares, ya entraron una vez por las trochas ilegales y podrían volverlo a hacer.
