La emergencia carcelaria en Colombia se ha agudizado en los últimos meses. Las altas cifras de contagio de Covid-19 de los internos que se encuentran en los centros penitenciarios reflejan la sistemática violación a los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad. A esto se suma la represión por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec- que ha dejado varios internos muertos y otros tantos heridos.
En las cárceles de Colombia, el hacinamiento es del 53%. Según la Defensoría del Pueblo, estas instalaciones sobrepasan la capacidad de albergue para las que fueron creadas. Al menos 42.000 personas recluidas cumplen su condena en pésimas condiciones de vida.
Desde que la Covid-19 fue catalogada como pandemia, personas privadas de la libertad en diferentes cárceles del país así como sus familiares han realizado manifestaciones contra la negligencia gubernamental para evitar la expansión de esta enfermedad al interior de los centros. A esto se la han sumado las denuncias sobre el maltrato y los constantes hostigamientos por parte de integrantes del Inpec a las y los internos.
Sin embargo, el hacinamiento es una de las principales causas de vulneración de derechos a las y los internos. De los 138 centros penitenciarios del país, 129 presentan hacinamiento. Las ciudades con mayor cifra son Santa Marta (Magdalena), Magangué (Bolívar), Valledupar (Cesar), Villahermosa (Cali) y Bogotá.
“El dramático aumento de las cifras de hacinamiento que pasaron del 27.8% al 53.7% durante los últimos cinco años, demuestra que no ha habido una política gubernamental integral en materia carcelaria y criminal que permita superar los problemas estructurales”, declara el Comité de Solidaridad de los Presos Políticos -CSPP- en su artículo Situación carcelaria en Colombia.
Aunque no se han implementado soluciones al hacinamiento tampoco se han desarrollado proyectos de protección frente a la pandemia para los presidiarios y guardianes de las cárceles.
Según la Fundación Defensora de Derechos Humanos Lazos de Dignidad, en las cárceles de Colombia van 1.297 casos confirmados de Covid-19 y cuatro muertes. La cárcel de Villavicencio (Meta) resulta la más afectada, con 877 casos confirmados.
Fondos mal empleados
La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – Uspec- firmó contratos por más de 500 millones de pesos colombianos en servicios de abogados. Llama la atención que este dinero no ha sido puesto en marcha para solventar elementos que requieren las cárceles en la emergencia sanitaria.
Se presume que funcionarios de las cárceles de Villavicencio (Meta) y de la Alcaldía de Soledad (Atlántico) estén implicados en este mal manejo de los recursos del Estado.
Las cárceles son un principal foco de contagio y aunque la Uspec es una entidad que suministra elementos que requieren las cárceles, los elementos sanitarios que requieren los prisioneros son negados.
Una protección que no llega
El Movimiento Nacional Carcelario -MNC- ha exigido al Gobierno Nacional la derogación del Decreto 456 de 2020 pues este “se convierte en una burla las justas solicitudes de prevención y respeto a la dignidad humana de la población privada de la libertad, donde se desconoce la necesidad de descongestión de los centros penitenciarios y se prioriza la tortura por encima de la humanidad”.
El MNC sostiene que lo previsto por el Decreto no abarca ni un 2% de la población en condiciones de hacinamiento así como tampoco tiene en cuenta a las personas privadas de libertad que se encuentran con mayores riesgos de contraer la Covid-19 y morir a causa de esta enfermedad. “Exigimos la libertad inmediata para las mujeres lactantes y mujeres de la tercera edad con enfermedades” señalaron.
Específicamente en la cárcel de Cúcuta, internos han realizado manifestaciones que han terminado con abusos por parte de los guardias. De esta situación se conoce poco pues el Inpec no ha querido dar información, ni siquiera a los familiares.
La Asociación de Familiares y Amigos de Internos e Internas de la Cárcel de Cúcuta – Asofaminterccuc- ha venido liderando las acciones de agitación y visibilización de esta situación en la ciudad frontera. Entre plantones y velatones (y a pesar de los constantes hostigamientos y amenazas por parte de la fuerza pública) este grupo de personas,ha continuado resistiendo y denunciando la actual emergencia carcelaria.
“Estos actos se han realizado con el objetivo de que el Estado nos escuche, porque no han tomado ninguna acción hasta el momento. También conmemoramos la memoria de los masacrados en La Picota el 23 de marzo de este año por parte de integrantes del INPEC”, comentó Ángela Ochoa, representante de la Asofaminterccuc.
También la Fundación Lazos de Dignidad ha exigido “respeto a la dignidad humana y garantías efectivas en beneficio de las personas privadas de la libertad en Colombia, obligada por el Estado a vivir en condiciones de inhumanidad y a morir ante la desidia estatal, pena a la que no fueron condenados y no están en capacidad de soportar”.
Familiares de las y los detenidos exigen al Gobierno de Iván Duque garantías y medidas inmediatas, tanto para las personas privadas de la libertad como para las personas que hacen parte del personal que atiende las instituciones penitenciarias y que en muchas ocasiones salen y entran a las instituciones sin ningún tipo de protección ni protocolos. Estas mismas familias se han unido mediante campañas y actividades de recolección de elementos personales y de alimento para suministrar las ayudas y elementos de protección que no llegan.
