El gobierno de Duque ha decretado una nueva emergencia económica.
En el decreto 637 del 6 de mayo se anuncian las medidas que el gobierno vía express, va a tomar, consultando solo a banqueros y grandes empresarios nacionales y extranjeros: privatizaciones, reforma laboral, reforma tributaria, licencias ambientales, reforma a las regalías, flexibilización de la contratación directa y unos pocos subsidios.
Este es el mismo paquetazo del año anterior del cual solo logró aprobar en el congreso la reforma tributaria quedando en lista de espera las demás reformas.
Las motivaciones para esta serie de medidas tienen que ver con la misma cantaleta con que el gobierno anunció el paquetazo el año anterior y que desembocó en ese extraordinario paro nacional del 21 de noviembre, el más grande de los últimos 70 años. La cantaleta tiene que ver con reactivación económica y generación de empleo, a la cual han recurrido en los 30 años de aplicación del modelo neoliberal. Y los resultados son los mismos. Solo crecen los banqueros y no hay empleo.
La diferencia de este paquetazo, en esta oportunidad es que pretextando la crisis de la pandemia del coronavirus, ha encontrado el gobierno el camino más expedito para realizarlo, como es el autoritario método de la emergencia económica, en el que por 30 días tiene la facultad de expedir los decretos legislativos, sin pasar por el congreso ni por las consultas sociales y sindicales.
Así en el tema de privatizaciones estaría Ecopetrol por vía de vender el 8,5% de las acciones o la filial de los huevos de oro Cenit, la empresa que maneja los oleoductos.
En materia laboral se frotan las manos el Consejo Gremial Nacional de la Andi y sus socios, Vargas Lleras y los cacaos nacionales y extranjeros para que en esta oportunidad, no les sea esquivo, estableciendo los contratos por horas, horarios de trabajo flexibles que elimine recargos nocturnos, dominicales y festivos, autorización legal para reducción de salarios y renegociación de convenciones y contratos de trabajo, suspender las cesantías y sus intereses del 12%, eliminar las primas de junio y diciembre, eliminar subsidio de transporte y las dotaciones obligatorias de trabajo, flexibilizar los costos de despido.
En la reforma tributaria están pendientes de nuevas exenciones y reducción de impuestos, argumentando la cantaleta ya referida.
En cuanto a las nuevas normas ambientales requieren legalizar las licencias express y obviar las desagradables e incómodas consultas previas populares, para cumplirles a las depredadoras compañías minero-energéticas.
Requieren decretar, por esta vía extraordinaria, una modificación al régimen de regalías que les ha sido extraño en el congreso, para seguir quitándole recursos a los territorios y así tener mayor control sobre los gobiernos locales.
Y para que nada se les escape para sus viejos y nuevos socios, hay que legislar dentro de la emergencia para flexibilizar la contratación directa, con lo cual la corrupción será más expedita y por supuesto lucrativa, no importando si se habla de recursos de salud o solidaridad. Todo es objeto de corruptela.
Por último, y «atendiendo» un clamor de las Mipymes y las centrales obreras, el gobierno expidió un decreto para entregar un subsidio a las nóminas, que ha sido tardío, pues quienes más lo necesitaban, las micro y famiempresas, ya quebraron, pues créditos tampoco les dieron. Y el monto, el 40% de un salario mínimo por cada trabajador, por tres meses, es insuficiente para las medianas y pequeñas y un regalo para las grandes empresas. Lejos de medidas como en el Reino Unido, donde el Estado ha pagado el 80% de toda la nómina de trabajadores por 6 meses.
Todas cosas, que nos colocarán a paso de tortuga, muy lejos de recuperar los empleos y los ingresos de los trabajadores, pues se utiliza la grave problemática para empobrecer al trabajador. Y con menos salarios, habrá menos consumo y entonces la reactivación económica será una mera quimera.
* El autor es Fiscal Central Unitaria de Trabajadores – CUT-
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