El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela sumará a la denuncia contra Estados Unidos en la Corte Penal Internacional (CPI) una acusación política y penal a la administración de Iván Duque, por prestar el territorio de Colombia para el entrenamiento de terroristas con el fin de agredir a Venezuela.
Así lo instruyó el Presidente Nicolás Maduro:
“Hagan los estudios jurídicos que tengan que hacer. No tengo duda de la responsabilidad de Iván Duque, penal y política, y la necesidad de acusarlo ante la Corte Penal Internacional, como complemento de la acusación que estamos haciendo contra sus amos del norte”
El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores está recopilando todos los detalles de las agresiones cometidas en los últimos días para presentar un informe oficial, con las pruebas y evidencias, a todas las instancias legales internacionales.
“Todos los días surgen nuevos detalles de las agresiones contra Venezuela y estamos compilándolos para presentarlos (…) ante los miembros del Consejo de Seguridad”, manifestó el Canciller Jorge Arreaza.
El ilegal gobierno de Iván Duque, elegido gracias a la compra de votos con dinero del narcotráfico, es completamente servil a los intereses de EEUU y se convirtió en cómplice directo de las agresiones de Trump hacia Venezuela, y ha permitido el entrenamiento de terroristas.
Al respecto, el Canciller venezolano destacó que el Gobierno de Colombia está violando el compromiso, adquirido como miembro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), al no respetar la declaratoria de Zona de Paz de la región, en encuentro rubricado en La Habana, Cuba, en el año 2014.
La criminal “operación Gedeón” buscaba capturar a Nicolás Maduro y llevarlo a EEUU para ser juzgado, y cobrar la millonaria recompensa que ofreció Trump.
La estrategia política de la dictadura de Duque contra Venezuela ha sido denunciar internacionalmente (en la ONU y ante la Corte Penal Internacional) al gobierno Venezolano, por un supuesto apoyo al ELN y las disidencias de las antiguas Farc.
En septiembre de 2019 Duque presentó en la ONU un dossier de 128 páginas que contenía «pruebas irrefutables» de la presencia del ELN en Venezuela, pero pocas horas después el teatro político se transformó en comedia por cuanto varias de las “pruebas” resultaron totalmente falsas.
En la actualidad, las revelaciones acerca de cómo la Operación Gedeón se planeó en suelo colombiano indican que (como mínimo) el régimen Duque se hizo “el de la vista gorda” frente a las actividades que los terroristas venezolanos estaban fraguando contra el «régimen de Maduro».
Tanto la investigación de la Associated Press (AP), como los testimonios del representante de Silvercorp, Jordán Goudreau, del exsoldado gringo capturado en el operativo Luke Denman, de Clíver Alcalá y del Presidente Maduro coinciden en que los más de 60 mercenarios que participaron en la Operación se entrenaron en tres campamentos en La Guajira durante varios meses, se alojaron en casas en Riohacha, y partieron hacia la costa venezolana, en lanchas que salieron desde La Guajira.
El 23 de marzo de este año, cuando la Policía de tránsito decomisó en la carretera entre Barranquilla y Riohacha un arsenal de guerra avaluado en más de 150 mil dólares, el exgeneral Clíver Alcalá, dijo a la W que las armas eran parte de un acuerdo entre él y Juan Guaidó, con asesores norteamericanos, que tenían como fin ser utilizadas en una «operación contra Maduro».
Esa información, por sí misma, ya indicaría (por lo menos) un nivel de negligencia del régimen colombiano para enterarse de lo que sucede en La Guajira. Pero la historia es más complicada.
Cuando, en marzo, Clíver Alcalá aparece mencionado como narcotraficante en la acusación del imperio contra Maduro decidió entregarse en Barranquilla donde vivía hace 2 años, para presentarse voluntariamente ante el Fiscal del Distrito Sur de Nueva York.
A raíz de su entrega Alcalá dijo en una entrevista que los miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de Colombia, que lo recogieron en su casa en el norte de Barranquilla, y posteriormente lo llevaron a un hotel para facilitar su entrega, eran personas conocidas para él:
“Son funcionarios de Inteligencia del presidente Iván Duque. Los conozco de vista y trato desde hace más de un año, he estado con ellos constantemente en comunicación en el pasado en Colombia, he sostenido reuniones con ellos aquí en Barranquilla, no tengo ninguna duda de que son funcionarios dignos del Gobierno colombiano” expresó mientras esperaba un vuelo a Bogotá, desde donde viajó en avión a EEUU.
El portal “La Silla Vacía” asegura que confirmó con una fuente oficial de la DNI que desde que Alcalá se exilió en 2017 había trabajado como colaborador del organismo de inteligencia, que depende directamente de Duque.
En el 2012 Alcalá había sido denunciado por estar involucrado en narcotráfico, lo cual no impidió su amistad con agentes de la DNI.
Según dijo Alcalá en esa misma entrevista citada por El Heraldo, “(Los agentes de la DNI) Me han alertado de grupos privados que querían capturarme para entregarme al Gobierno de los EEUU… me están dando protección personal para evitar que mercenarios del dinero me puedan raptar y entregarme al Gobierno norteamericano”.
La investigación de la AP dice que “las autoridades colombianas sabían de sus movimientos” desde varios meses antes y así lo describen:
“…Alcalá abiertamente pregonó sus planes para una incursión en una reunión en junio con los directivos de la Dirección Nacional de Inteligencia y pidió su apoyo, dijo un ex oficial colombiano familiarizado con la conversación. Alcalá también se ufanó de su relación con Goudreau”.
Una fuente que conoce «las movidas» internas de la DNI “desde finales del año pasado en el DNI sabían que Alcalá estaba fraguando algo…” y cuando La Silla Vacía pidió a Casa de Narquiño una declaración oficial sobre si el Presidente sabía o no, su jefe de prensa respondió: “no hay ningún comentario al respecto de la Presidencia”.
Sin embargo cínicamente, en una entrevista a la emisora Mi Oriente de Antioquia, Duque dijo: “no auspicio invasiones ni triquiñuelas, porque confío en la carta democrática”.
Dos exfuncionarios que conocen minuciosamente la DNI aseguran que este es el tipo de información que le debe llegar al Presidente porque el organismo de inteligencia depende directamente de él, se creó precisamente para mantenerlo informado de este tipo de situaciones y la comunicación es semanal. Además, porque el tema “Venezuela” es prioritario para Duque.
Entonces, es evidente que conocía las actividades de Alcalá y los paramilitares que se estaban entrenando en La Guajira.
El episodio le resta aún más credibilidad al títere del imperialismo Juan Guaidó, el “mejor amigo” de Duque, al cual ha apoyado incondicionalmente.
Guaidó pierde credibilidad con este operativo frustrado frente al régimen de Trump, y los gobiernos lacayos que le apoyan, por lo cual ha quedado “contra las cuerdas” y en riesgo de ser asesinado por la CIA en una operación de “falsa bandera” que buscaría justificar una invasión a Venezuela.
En el argot militar, las operaciones de «bandera falsa» son las que realiza una potencia agresora de forma clandestina, en aras de parecer agredida y culpar al enemigo.
Guaidó reconoció en un Informe Especial a la Comunidad Internacional divulgado el 9 de mayo que él designó al diputado Sergio Vergara y JJ Rendón (famoso en Colombia por haber liderado la campaña negra de Juan Manuel Santos contra Antanas Mockus en 2010), para conformar una “comisión de estrategia y crisis” el año pasado.
Y que como parte de esa labor, Vergara y Rendón se reunieron con la empresa Silvercorp “en el marco de la labor emprendida por la comisión de estrategia para evaluar y preparar diferentes escenarios y propuestas de planes”.
Guaidó estuvo tan dispuesto a “explorar” esta posibilidad que, según su delegado JJ Rendón, la exploración duró mes y medio, y dio para que por lo menos Vergara y Rendón firmaran un contrato y redactaran un anexo de 42 páginas, y Rendón le desembolsara a Silvercorp 50 mil dólares.
El “Comisionado Especial de Seguridad e Inteligencia”, Iván Simonovis, que es el equivalente a un ministro del gobierno interino de Guaidó, dos días después de que fracasara la operación Gedeón tuiteó su apoyo a los que participaron en ella, sin que Guaidó reaccionara en su contra:
“Los eventos de las últimas 72 horas ratifican el compromiso de muchos hombres de armas en lograr la libertad de Venezuela, incluso a costa de su vida. Mis respetos a todos estos héroes. Seguimos en la lucha, cuenten siempre conmigo”.
Desde inicios de 2019 la Embajada de EEUU en Bogotá ha venido incrementando el número de funcionarios en su consulado en Cúcuta con dos objetivos fundamentales: apoyar las visitas de militares estadounidenses así como de jefes y oficiales de sus agencias secretas, y para el “monitoreo” de la situación en Venezuela, sobre lo cual remiten partes diarios que son remitidos al Departamento de Estado, la Casa Blanca y el Pentágono.
El consulado de EEUU en Cúcuta cuenta con expertos en operaciones encubiertas que se reúnen con la ultraderecha venezolana, grupos paramilitares, bandas criminales y con hacendados que, como parte de la guerra económica contra el gobierno constitucional de Nicolás Maduro, realizan operaciones clandestinas para robar de Venezuela minerales (oro, bauxita, hierro), petróleo y gasolina.
En ese contexto, la creación por EEUU de la «Unidad de Asuntos para Venezuela» reforzó el papel del dúo Álvaro Uribe-Iván Duque como cipayos de Washington y el de Colombia como plataforma para la agresión del Pentágono y la CIA contra Venezuela.
El Secretario General del Partido Comunista de Colombia, Jaime Caycedo ha destacado que es acertada la “acusación a Duque ante Corte Penal Internacional por complicidad en agresiones y desconocimiento del derecho internacional”.
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