Evidentemente la crisis que vivimos marcará un punto y aparte para la historia de la humanidad; está claro que las formas de relacionarnos en la cotidianidad, cambiarán después de la coyuntura actual. Ante esta situación, tendríamos también que cuestionarnos sobre la forma en que cambiaran las relaciones de la ciudadanía con el Gobierno Nacional.
El Covid-19 tiene a los gobiernos contra la pared, estos han recurrido a medidas nunca antes vistas en la historia reciente para subsanar las afectaciones. Sin embargo, existen problemas que no podemos desconocer. Sí, es verdad, tenemos que estar unidos, ser responsables ante la comunidad, pero el clamor social no puede parar.
En Colombia, el COVID-19 llegó oportunamente para el Gobierno, ya que los días anteriores a la pandemia fueron de una gran conmoción política. Desde la presidencia, Iván Duque enfrentó el caso de Aída Merlano, escándalo que lo señalaba de tentativa de asesinato. Además de este caso, también se cuestionaba a Duque por la denominada “ñeñepolitica”, que evidenciaba la supuesta entrada de dineros del narcotráfico a la campaña Duque 2018.
El Gobierno tuvo que enfrentarse a sucesivas movilizaciones desde finales del año anterior, que rechazaban de una forma vehemente sus políticas frente a temas como la protección de los líderes sociales, la educación, reformas que atentan contra las mayorías, y el cumplimiento de los acuerdos de paz.
Estando contra las cuerdas, el COVID-19 dio un respiro a Duque. Desviando los cuestionamientos en contra de su gobierno, ya que el país entero a través del miedo se resguardó de la coyuntura sanitaria. Sin embargo, no es irracional preguntarnos… ¿Ha utilizado el gobierno la crisis sanitaria como una cortina para las problemáticas sociales más urgentes?
Durante los últimos días es difícil encontrar pronunciamientos del primer mandatario en los que no esté el COVID-19 como eje central. Pasando desapercibido problemáticas como el asesinato sistemático de los líderes sociales en el país, por ejemplo. Toda su bancada ha puesto en marcha una campaña propagandística para mostrar al presidente como un mandatario comprometido con los más necesitados en los momentos más críticos. Cuando es claro que nuestro presidente nació de la oligarquía, es apoyado por la oligarquía y gobierna para la oligarquía.
Aunque la crisis actual requiere de una gran atención, en el país existen problemáticas sociales las cuales se están olvidando. Sin embargo, ni siquiera la actuación del Gobierno ha gozado de una buena popularidad durante este periodo de emergencia sanitaria. Ante la obligación de asegurar el bienestar de las personas, se han evidenciado diferentes irregularidades que dejan como mayor damnificado al pueblo.
Ejemplo de ello, es ese distanciamiento entre el gobierno central y los mandatarios departamentales y municipales que hemos observado desde el inicio de la pandemia. La crisis ha demandado medidas eficaces del primer mandatario y este se ha quedado corto en muchas de estas.
Tras la aparición de decretos de la cuarentena nacional, creció la incertidumbre en las familias sobre cómo sobrevivir sin una entrada de dinero. Y es que en un país donde según cifras del DANE, 60,5% de las personas viven de la informalidad, es coherente que exista la preocupación. El gobierno central ha implementado ayudas como la devolución del IVA a los estratos 1 y 2, doble giro a las personas pertenecientes a programas como familias acción, bonos intercambiables por comida y el periodo de gracia en los bancos para las personas que tienen pendiente el pago de préstamos.
Sin embargo, la gestión de las ayudas ofrecidas no ha sido del mayor agrado para el pueblo. Ejemplo de esto son los grandes desplazamientos y la aglomeración que han tenido que padecer las personas, las cuales quieren intercambiar sus respectivos bonos por comida en los supermercados. También la lluvia de pañuelos rojos evidenciada en muchos sectores del país. La poca información que existe para las personas sobre cómo reclamar sus giros y la limitada cobertura de estas ayudas, ya que se considera que el estrato 3 no necesita los beneficios brindados. Esto deja a muchas personas en una situación difícil, ya que deben afrontar una cuarentena sin las condiciones necesarias para subsistir de una manera digna.
Estos focos de malestar común, sumados a la promulgación del decreto 444 del 2020, mediante el cual se pretende destinar recursos del Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) al sector financiero, en forma de préstamo con el fin de afrontar la crisis, ha creado un ambiente de desaprobación nacional en los cuales se incluyen algunos mandatarios municipales.
De aquí la necesidad de exigir plenas garantías para que las personas puedan afrontar esta calamidad de la mejor manera posible. Congelar los arriendos, las deudas en bancos y la garantía de no desalojo de vivienda; deben ser ejes transversales para buscar el bienestar de toda la sociedad colombiana.
Los anteriores problemas, nativos de la coyuntura actual, han desplazado de los focos de atención a otro de los flagelos importantes que se están viviendo en Colombia. Y este flagelo es el asesinato de nuestros líderes sociales, ya que el gobierno colombiano ha tenido una actitud mezquina y deplorable ante la calamidad que están viviendo estás personas que representan a las comunidades más oprimidas.
Y es que está claro que la guerra en contra de las personas que luchan por los derechos humanos está declarada, y ningún líder, en ningún sitio del país puede sentirse a salvo. El gobierno encabezado por Duque ha sido reacio a tomar decisiones sólidas con la matanza que se está dando a los líderes. Y en necesario ver declaraciones como la del exministro de defensa Guillermo Botero o la ministra del interior Alicia Arango que no vale la pena recordar, para darse cuenta que nuestros dirigentes no tienen el mínimo indicio de sensibilidad por la causa social que llevan a cabo nuestros líderes.
Según datos de Indepaz (Instituto de estudios para el desarrollo y la paz) en lo corrido del presente año han sido asesinados 95 líderes sociales en todo el país. Realmente una cifra escandalosa que nos deja como el país con más muertes de líderes sociales en América Latina, según la alta comisión para los derechos humanos de la ONU. A la cifra anterior, hay que sumar también los 24 excombatientes de las FARC, y los 8 familiares de líderes sociales, personas que vivieron el mismo flagelo.
Es evidente que después de la firma de la paz en La Habana, el gobierno ha dejado desamparadas a todas estas personas que luchan por reinsertarse a la sociedad, y que además de vivir la discriminación en carne propia, tienen que ver como su gobierno los deja a merced de estos grupos armados que están acabando con su vida.
Para agravar la situación, según cifras de El Centro por la Justicia – CEJIL y otras organizaciones aliadas a Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la impunidad en los actos perpetrados tiene una tasa del 98,6%. No sabemos si por ineptitud o por indiferencia premeditada, pero el gobierno no ha sido capaz de identificar plenamente a los perpetradores de estos atroces homicidios y especulan entre actores paraestatales, el paramilitarismo, los grupos narcotraficantes, disidencias guerrilleras y ELN; es decir no tienen claro ni lo más mínimo.
Según Michel Forst, relator especial para los derechos humanos (BBC, 2020) «Los asesinatos de líderes sociales son crímenes políticos«. Está claro que el foco de los ataques son personas que representan a minorías que viven subyugadas ante la inclemencia de este gobierno. Grupos de oposición, comunidades afro, comunidades indígenas y defensores de los derechos humanos son los actores más afectados con este flagelo.
La protección de las minorías, afianza la democracia y crea un ambiente de protección social. Sin embargo, un país en el cual no se puede denunciar la injusticia porque se le responde con un tiro en la cabeza, es muy difícil considerarlo democrático. Es menester atacar este problema con la mayor rapidez posible, y es obligación del gobierno brindar plenas garantías para el ejercicio de su actividad social, a estos grupos de personas que están siendo exterminadas sistemáticamente.
Pasando a nuevas problemáticas, en el ámbito internacional se han evidenciado la mala política diplomática que Colombia ha aplicado durante esta crisis; la relación con Venezuela y sus ciudadanos en nuestro país es un tema que debe abordarse, puesto que el paso de migrantes venezolanos retornando desde otros países, debe manejarse con protocolos que permitan salvaguardar la vida tanto de colombianos, como venezolanos.
En diferentes ocasiones, Nicolás Maduro ha reiterado la poca o nula disposición que tienen los ministerios colombianos para enfrentar de una manera conjunta los problemas sanitarios. Duque demuestra una vez más su inmadurez, recurriendo a actuaciones infantiles y totalmente fuera de contexto, escudándose bajo el no reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro en el vecino país.
No querer entablar relación directa con los ministerios venezolanos, hacer peticiones incoherentes a Guaidó, o no aceptar la llegada de las máquinas de diagnóstico de coronavirus ofrecidas por Maduro, han sido situaciones que han demostrado la mala gestión diplomática del gobierno colombiano frente a la crisis.
Se viven tiempos críticos, expertos del Fondo Monetario Internacional han anunciado que las consecuencias económicas en el futuro cercano van a ser devastadoras. Se avecina una recesión, los precios del petróleo están en mínimos históricos, hecho que afecta a un país que depende del crudo. El crecimiento de la economía mundial se proyecta por la mitad de su anterior dato.
En tiempos como este, es necesario resaltar la cooperación y colaboración personales y comunitarias, olvidándonos de conceptos de nacionalidad y actuando todos como hermanos con el fin de superar la adversidad. Es necesario tomar todas las medidas necesarias para proteger nuestra salud durante este momento.
Sin embargo, no podemos olvidar todas las demás necesidades y problemáticas que el gobierno se empeña en ocultarnos, tenemos que seguir trabajando juntos, organizándonos, seguir exigiendo garantías al gobierno, y cuando llegue el momento de movilizarnos, tendremos que llenar las calles exigiendo los cambios y transformaciones necesarias.
