Como si se tratara de un escenario apocalíptico, digno de las películas sobre el fin del mundo, la ministra de Minas, María Fernanda Suárez, aseguró que la decisión del Consejo de Estado de prohibir el fracking en Colombia es caótica: lo más grave que le pudo haber sucedido al país. En un tono muy cerca a la manipulación alarmista, la Ministra se atrevió a decir que el rechazo del alto tribunal llevaría a la devaluación del peso e incluso un dólar podría cotizarse en 5.000 pesos en los próximos años. De acuerdo con datos suministrados por Ecopetrol, las reservas de crudo en Colombia son para máximo siete años y los cerca de 400.000 barriles de consumo interno, tendrían que importarse. Una calamidad absoluta, según la Ministra. En esta misma línea, siguiendo algunos medios de comunicación, la seguridad energética en el país está comprometida y el fracking parece constituir la única salvación posible. Los conceptoa anteriores son un completo absurdo si se toma en consideración los daños absolutos que la técnica de fracturamiento hidráulico podría causar. Sin embargo, vamos por partes.
El primer elemento que debe ponerse en el debate es que la ministra Suárez como todo el gabinete del (pseudo) presidente Duque sigue unos intereses específicos, relacionados con los grandes poderes de multinacionales del petróleo. De manera que le queda muy mal a la Ministra posar como “preocupada” por la seguridad energética, si todos saben que son los negocios los que motivan sus “reflexiones”. Si en verdad la cartera de Minas y Energía, y por extensión todo el Gobierno Nacional estuvieran preocupados por la situación del país, entonces dirían algo en torno a que Colombia es el cuarto país más desigual del mundo, sólo por debajo de Sudáfrica, Haití y Honduras. Lo más grave es que, según la OCDE, una familia de bajos recursos tardaría 11 generaciones (¡once!) en alcanzar el ingreso promedio en el país. Pero hay datos más preocupantes: “el 10% de la población más rica gana cuatro veces lo que gana el 40% más pobre. El 20% de los ingresos totales están concentrados en sólo el 1% de la población, y la mitad total de los ingresos está en las manos del 10% de ella”. Por si fuera poco, el 1% de la población más rica, junto con algunas compañías transnacionales, poseen alrededor del 81% de las tierras en Colombia. Y todavía hay algunos que se atreven a decir que la concentración del territorio y la desigualdad económica no son los problemas más graves que aquejan al país.
Por esa simple razón, las declaraciones de la ministra Suárez son pura demagogia y oportunismo apocalíptico. ¿A quién quiere manipular la funcionaria con datos que sólo afectan a las empresas más ricas del país y a las compañías explotadoras en su mayoría norteamericanas? El día que ministros como María Fernanda Suárez denuncien la desigualdad en el país, que hablen con preocupación sobre los niños que mueren de inanición o las familias que viven por debajo de la línea de pobreza, ese día sí se les podrá llenar la boca al hablar de “crisis energética”. ¿Quiere hacer la Ministra, la “gran Juan Manuel Corzo” y decir que ya no habrá gasolina para los tres y cuatro carros de los altos funcionarios del gobierno?. Señora ministra: hay gente que muere de hambre y que ni toda la gasolina del mundo o incluso los billetes que usted tanto parece proteger, les darían lo que más necesitan. Por el contrario, el fracking representa un peligro definitivo para miles de comunidades cuyas únicas fuentes de agua potable estarían amenazadas.
En efecto, ya habíamos denunciado las graves afectaciones en temas de salud, cultura, política y economía que el fracking traería consigo. Sólo por recordar algunas de ellas, están: los riesgos de sismicidad que podrían ocasionarse con el ingreso de poderosas máquinas que arrasan todo a su paso; los grandes desperdicios de agua, pues justamente para la fracturación de las rocas se utilizan miles de litros del líquido a presión (mezclado con sustancias tóxicas); y la contaminación de acuíferos y otros cuerpos de agua a causa de las rupturas de las tuberías y que han producido los fenómenos de «ríos de fuego». De esta manera, no hay que ser ingeniero de petróleos ni experto en perforación para darse cuenta que el fracking es una industria dañina y peligrosa. Lo anterior se menciona debido al debate que se ha generado por “las voces no autorizadas” que han denunciado esta técnica. Pues bien, tampoco son expertos los miembros de las comunidades que tienen que padecer las consecuencias de unos pocos que se lucran a partir de la explotación de la tierra y viven en carne propia las decisiones que tecnócratas toman desde sus oficinas.
En consecuencia, la problemática es mucho más profunda que simplemente “la crisis energética” o “la ausencia de reservas petroleras”. El fracking como fenómeno productivo incluye una serie de elementos que superan el ámbito económico y que podrían incluso relacionarse con lo que los sociólogos llaman la interseccionalidad. Este término hace referencia a los elementos de género, etnia, clase o incluso de orientación sexual que también influyen sobre las relaciones de explotación y dominación. Dicho de otro modo, el impacto sobre las mujeres afrodescendientes en Tumaco (donde las necesidades básicas insatisfechas son cercanas al 50%) es distinto a las relaciones de dominación y explotación en otras regiones del país para un hombre blanco. Estos elementos deben incluirse a la hora de entender un fenómeno como el fracking que no sólo debe reducirse a las reservas energéticas del país, de hecho, hay detrás una serie variopinta de temas como: el reconocimiento de las comunidades ancestrales, la protección del medio ambiente, la búsqueda de modos de producción alternativos, la inclusión de la población en la toma de decisiones, entre otros.
Ahora bien, la decisión del Consejo de Estado se basó en ratificar la suspensión del fracking en el país, ignorando la medida cautelar impulsada por el Ministerio de Minas y Energía que pedía al menos mantener las pruebas piloto en Magdalena y Cesar. La decisión del alto tribunal se suma a la suspensión parcial de las normas que regulan la explotación de los yacimientos no convencionales (Decreto 3004 del 26 de diciembre de 2013 y Resolución 90341 del 27 de marzo de 2014) y contribuyó a poner un alto en las pretensiones de las empresas petroleras en el país. Con todo, la determinación del Consejo de Estado es un respiro para las comunidades, como lo dejó ver Carlos Andrés Santiago, miembro de la Alianza Colombia Libre Contra el Fracking para quien «lo que está en juego es el agua, el ambiente y la salud de las comunidades de las regiones donde se desarrollarían los pilotos de esta técnica». Esta perspectiva se conecta con el fenómeno de interseccionalidad pues deja ver el problema en su justa dimensión y no sólo como un dilema entre la seguridad energética y la “lucha de unos cuantos ambientalistas”. Por el contrario, el fracking es un asunto que le compete a todos los colombianos y debe tomarse con toda la seriedad antes que derive en un problema mayor.
No obstante, la reacción por parte de la Ministra de Minas y algunos sectores de la ultraderecha en el país fue la de rasgarse las vestiduras y asegurar que el Consejo de Estado incurría en un grave error pues prácticamente condenaba al país a la recesión energética. La ministra Suárez instó a “dejar la decisión sobre fracking en manos de la ciencia y no de Twitter”, como si el fallo de la alta Corte no tuviera relevancia por sí mismo. ¿Qué dirá la Ministra cuando los estudios científicos sean concluyentes en torno a los graves daños que el fracking causa a la salud y el medio ambiente? ¿Tendrá la misma postura o dirá que son estudios pagados o invenciones de Twitter? Lo grave de este caso es que ella, haciendo gala de su más vil politiquería, la ministra Suárez busca manipular a diversos sectores diciendo boca en jarro que las tarifas de energía y gas se pueden duplicar si no se acepta el fracking en el país. En otras palabras, o se acepta el fracking o el país tendrá que lamentar las consecuencias. ¡Qué bajeza, señora ministra!
A pesar de lo anterior, hay que ser sumamente prudentes con la decisión del alto tribunal pues es una medida provisional. De hecho, de acuerdo con una investigación de Nohora Celedón para el portal de la Silla Vacía, una sentencia de fondo de las altas Cortes puede demorar entre cinco y siete años, con lo cual, a pesar de que los sectores que se oponen al fracking han ganado algunas batallas, no se han hecho con la victoria definitiva. Debe considerarse una serie de variables como el término del periodo de algunos magistrados que, como Ramiro Pazos Guerrero, se han mostrado en contra de la implementación del fracking. Esto quiere decir que en cualquier momento se puede reactivar la normatividad que rige la explotación de yacimientos no convencionales y, con ello, el fracking podría convertirse en una alternativa de explotación de hidrocarburos.
Por lo expuesto hasta aquí, es necesario que los sectores sociales y movimientos ambientalistas no den su brazo a torcer y mucho menos se confíen frente a lo que está por venir. Si bien la ratificación del Consejo de Estado podría parecer esperanzadora, todavía no es una sentencia definitiva y en la cambiante política colombiana, todo puede suceder. Sin embargo, esto tampoco resta importancia a la decisión, de hecho, es un gran triunfo para aquellos sectores que han luchado con valentía para evitar la contaminación de sus entornos y debe tomarse en su justa proporción. Lo que debe rechazarse con vehemencia son las posturas alarmistas y manipuladoras de personas como la ministra María Fernanda Suárez que quieren reducir el debate de vida o muerte. Si ese fuera el caso, el fracking simboliza la muerte del medio ambiente, de los ecosistemas y del agua potable. Y no sólo eso, pues está en juego la independencia de las comunidades, su autodeterminación y la oportunidad de decidir su destino político. Retomando las palabras del novelista Edward Morgan Forster: “retengamos la idea de lucha: toda acción es una batalla; la única felicidad es la paz”.
