En Bogotá, a finales de octubre, se dio inicio a la expropiación y la demolición de predios (viviendas, locales comerciales, talleres, empresas) para construir un Metro elevado cuyo proceso de licitación no ha sido para nada transparente, y que dio como ganador a un consorcio chino comprometido con hechos de corrupción y sobornos en el ámbito financiero internacional. El Metro, tal como está diseñado, no tiene como objetivo resolver los problemas de movilidad sino que pretende reordenar la ocupación del territorio, habilitando los suelos en su área de influencia para edificar grandes edificios que se conectarán a las redes de servicios públicos construidas o actualizadas con cargo a los costos del Metro. Esa misma lógica se aplicará en las nuevas troncales de Transmilenio.
La población que será expulsada de las áreas de influencia de Metro y de las nuevas troncales de Transmilenio se desplazarán hacia las periferias intermedias; y a su vez, la población de las periferias intermedias se desplazarán hacia las periferias exteriores. Es decir, que se trata de un modelo de ciudad al servicio del capital financiero (nacional y supranacional) y al capital inmobiliario que reorganizarán la ocupación de la ciudad.
Es un proyecto de ciudad que elimina la capacidad de resistir a la crisis climática global, que oferta su geografía ecológica y sus territorios hídricos a negocios del turismo, aduciendo que se necesita mayor espacio público. Un modelo que no reconoce la necesidad del manejo adecuado de las basuras y que actualmente tiene en crisis ecológica a los habitantes de la Media Luna Sur.
Con base en lo anterior, este texto es una invitación a ampliar las discusiones y conversaciones para superar las miradas reduccionistas que circunscriben el negocio del Metro a un tema de “movilidad”. También es una invitación a superar las visiones binarias (Claudia López o Hollman Morris para la Alcaldía de Bogotá), ante una coyuntura electoral que reduce las decisiones y los debates que nos competen a todas-os a una dimensión de la política centrada en la representatividad y el Estado. Con esto, no queremos desestimar la importancia y la urgencia de construir políticas que le disputen el poder a las clases político empresariales que hoy administran la ciudad, pero queremos enfocarnos esta vez en la necesidad de construir miradas profundas que no reduzcan las decisiones que son comunes a representaciones individuales, pues como diría Holloway (2004) el poder del capital es el poder de individualizar y por ello encontramos la necesidad de ser y estar en contra y más allá del capital.
En este sentido, los proyectos de desarrollo que se ciernen hoy en Bogotá nos permiten ver la producción de una ciudad neoliberal a partir de megaproyectos que profundizan las relaciones de dependencia económica en toda nuestra América y que fortalecen la separación subjetiva con el territorio y con las luchas por la defensa de la vida. Lamentamos que la expansión espacial del capital en Bogotá, use nuestro suelo con el fin de acaparar y construir proyectos que producen riqueza para una constelación de intereses capitalistas, la cual garantiza el funcionamiento del mercado e instrumentaliza las formas de lo político para reducirlas a las plataformas de “democracia representativa”. Este cercamiento del capital a los pobladores urbanos y rurales, hace parte como menciona Federici en Cavallero y Gago (2019) de un nuevo momento colonial vinculado a una cuarta crisis del capital, en la que los procesos de despojo y las luchas populares de mujeres, trabajadores, campesinos, estudiantes, comunidades negras e indígenas, entre otros, irán en ascenso y en contravía del endeudamiento liderado por agencias financieras como el Banco Mundial y el FMI.
Nos encontramos ante un escenario como menciona Navarro (2015) de despojos múltiples, despojos por (i) apropiación de los medios de producción y del trabajo asalariado; por (ii) expropiación del territorio y de los bienes comunes y (iii) despojo para la producción de subjetividades a favor del capital, que se manifiestan en violencias físicas y culturales; y profundizan la separación de la gestión de lo común en la ciudad. Con esto, consideramos que los Planes de Desarrollo y el Ordenamiento Territorial (POT) impuestos por el actual alcalde Enrique Peñalosa y el presidente de la república Iván Duque, adelantan proyectos de despojo territorial a favor de un modelo de ciudad para el capital financiero y con ausencia de políticas sociales que aumentan la segregación socio-espacial, la pobreza, la marginalidad y la exclusión de quienes habitan Bogotá.
Por ello, consideramos que hacerle oposición al Metro elevado y al Plan de Ordenamiento Territorial no es sólo una propuesta de unas izquierdas ególatras y machistas, hace parte de posicionamientos políticos y éticos en defensa de la vida. La solución tampoco existe para nosotras en las propuestas que impulsan la igualdad de género como alternativa política pero que son distantes de la defensa del territorio y de modelos de seguridad no militaristas y cuestionamos también el voto en blanco que cuenta con pocas posibilidades de encarnarse como una expresión de lo colectivo en el terreno político-electoral y en el marco de un programa integral anticapitalista sin diálogo interclasista. Así mismo, cuestionamos un abstencionismo, ausente de colectividad militante, en clave de la lucha política directa y el boikot electoral.
Ante realidades complejas como las que se nos presentan, creemos necesario afirmar políticas comunes de defensa del territorio pues parafraseando a Pineda (2019) los despojos capitalistas no se dan solamente en suelo rural con las maquinarias extractivistas, sino también en suelos urbanizables para proporcionar procesos de acumulación y permitir el flujo del capital financiero, pues de ello depende el mal desarrollo que se nos impone en donde la vida digna poco importa y el suelo de la ciudad pretende ser urbanizado para el negocio de las constructoras.
Nuestra apuesta es comprender la coyuntura política electoral como una de las dimensiones de lo político, pero no la única, reproducir lo común en la ciudad implica reducir las separaciones que nos ponen en competencia de gobernabilidad. Las luchas latinoamericanas que hoy visibilizan quienes se han levantado contra las fórmulas de endeudamiento, de construcción de ciudades neoliberales y en contra de la represión en todas sus formas en Haití, Ecuador, Chile, Honduras, Líbano, Kurdistan, Cataluña, entre otras, incluso las que se dan en territorio colombiano por parte de los movimientos campesinos, indígenas, negros, estudiantiles, son aprendizajes significativos para pensar las ciudades como espacios comunales, para reducir las dicotomías campo-ciudad y para desprivatizar el espacio y el territorio en el que habitamos. Sin embargo, pensar y construir territorios para todas-os necesita de subjetividades que se piensen en común y más allá de representaciones políticas individuales. El derecho a la ciudad tiene que ver también con la superación de una racionalidad técnico-instrumental, entonces, construir lo común en la ciudad nos invita a pensar en otro tipo de relaciones sociales en las que el territorio, la vida y los cuerpos sean temas centrales.
Por eso esta coyuntura electoral requiere pensar la política en clave de luchas contra el capital financiero colonial que son también luchas directas contra el patriarcado, deseamos que quienes habitamos este territorio elijamos ediles, edilesas, concejalas-es que se entrecrucen con las distintas formas de hacer política, que hagan control a quien sea el/la alcalde-sa, consideramos necesaria la participación en la lucha institucional y la disputa electoral, pero sobre todo creemos en la urgencia de que las sociedades en movimiento sigamos haciéndole grietas al capital para mantener la esperanza y asediar la racionalidad de los despojos a través de la resistencia en las calles, los tejidos comunitarios y las luchas por la defensa de la vida y el territorio.
