Los servicios en las prisiones cuestan como un hotel de 3 estrellas pero su calidad se asemeja más a la de un campo de concentración. Los presos se ven obligados a pagar por comer, dormir, lavar la ropa o recibir algún tipo de tratamiento médico. Además a esta situación hay que sumarle las constantes violaciones de DDHH por parte de los carceleros. Es decir, las prisiones colombianas sufren una grave crisis que pagan los internos sobreviviendo entre la miseria y el hacinamiento.
La prisión principal de Bogotá, más conocida como La Picota, representa un complejo penitenciario que cuenta con diferentes edificaciones. El COMEB (Complejo Penitenciario y Carcelario Metropolitano de Bogotá) consta de tres estructuras principales: la estructura uno, que es la más antigua, es la penitenciaria de mediana seguridad; la estructura dos es la de máxima seguridad donde se encuentran miembros de las fuerzas armadas, varios jefes paramilitares y
algunos guerrilleros acogidos a la ley de “Justicia y Paz” (marco jurídico para la desmovilización de paramilitares en Colombia). Finalmente, la estructura tres, la más nueva, corresponde a un edificio de ocho plantas construido según el modelo de las prisiones norteamericanas. En éste los presos nunca ven la luz directa del sol. Este edificio llamado ERON (Establecimiento Reclusorio de Orden Nacional), fue construido con los fondos del Plan Colombia orquestado por los EE. UU para la lucha contra el narcotráfico y corresponde a alta y máxima seguridad, donde los presos además de no poder ver la luz del día y sufrir condiciones de hacinamiento, apenas pueden ver a los otros compañeros más de dos horas al día. En el caso de la zona de alta seguridad los internos se encuentran cerrados en diminutas celdas más de catorce horas diarias.
Junto a este gran edificio podemos ver pequeñas casas similares a las de un pueblo conocido con el nombre de “casas fiscales” donde cumplen condena políticos condenados por corrupción, jueces, grandes empresarios u otras personalidades de los partidos que actualmente gobiernan el país. Ellos disfrutan de todo tipo de privilegios como comida por encargo, visitas regulares entre semana, televisión por cable, internet y una larga lista de beneficios totalmente inalcanzables para el resto de la población penal. En el mismo complejo penitenciario hay otro edificio donde viven los y las guardianas de la prisión, miembros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). A veces es posible verlos realizando grandes barbacoas en la misma entrada de la Picota, con carne que según afirman los presos es robada de su propia comida. En este edificio conviven los carceleros, que a su vez desde sus ventanas solo ven las edificaciones donde están los presos, creándose una situación más parecida a un campo de detención en una guerra que a una prisión común.
La prisión está situada en un barrio de la localidad de Rafael Uribe Uribe, en el distrito de Usme, uno de los más pobres de Bogotá y que más desplazados de la guerra ha acogido. Delante está la escuela de Artillería del Ejército Nacional de Colombia y rodeando este Complejo se encuentran las montañas que corresponden a la cordillera andina, lugar donde se emplazan varios barrios en los cuales la criminalización de la pobreza y el narcotráfico son el pan de cada día. La distancia entre La Picota y el barrio apenas es de una calle estrecha, allí centenares de pequeñas casas se apilan unas contra otras en condiciones de hacinamiento que se asemejan considerablemente a las circunstancias en el interior de la prisión. Es aquí donde principalmente habitan familiares de presos de diferentes partes del país con el fin de ahorrar costes a la hora de ver a sus familiares o de poder pagar su estancia en la prisión. De esta forma se cierra el círculo de la pobreza para los que están recluidos por delitos relacionados con el hurto o la delincuencia común provenientes de estratos sociales bajos, del cual provienen casi el 80% de los condenados en Colombia. Es decir, se condena también a sus familiares a vivir en un barrio donde la pobreza, el control paramilitar y las condiciones insalubres imperan y se estigmatiza a un sector de la población por el mero hecho de ser pobres.
Según afirma Sebastián Contreras, preso de la Picota, cuando un detenido entra en la prisión si no tiene dinero “le tocará muy duro puesto que se paga por todo y las posibilidades de trabajo son muy escasas”. Las celdas son de un metro sesenta de ancho, dos metros de alto y otros dos de largo, donde no hay como acomodarse recto, es decir se tiene que dormir en posición fetal o en diagonal, además en cada celda viven cuatro o más reclusos. Aun así, poder dormir en una celda ya es una comodidad y un lujo que solo pueden permitirse quienes cuentan con el dinero para pagar por ello. Por ejemplo, dormir bajo una cama (en un espacio de unos 60 centímetros de alto) tiene un coste de 200 euros, esto en Colombia es un precio que está por encima de un salario mínimo. Este pago se le realiza al jefe del patio quien, con el tiempo, buscará algún problema para sacar a la persona de la celda y después revender ésta a un interno recién llegado, creando así un negocio redondo. Si la familia del prisionero no puede costear el pago de una cama a éste le toca dormir en carretera, o sea en el pasillo, con una colchoneta en el suelo que tiene que recoger cada día a las cinco de la madrugada y que solo podrá instalar para descansar después de la última contada de la noche (momento en el cual la guardia cuenta a los presos por patio), que, en general, es entre las ocho y las nueve de la noche. Cuando la “carretera” se encuentra llena, a muchos les toca dormir en el baño o en el patio, todo esto en una de las ciudades con más precipitaciones del mundo y una de las más frías de Colombia.
Sebastián afirma, que el principal negocio en el establecimiento está en la venta de droga y de comida, en el cual están implicados directamente los guardianes del INPEC, quienes exigen que se les pague por todos los servicios, hasta para tener la posibilidad de acceder a una habitación en el vis a vis con la pareja del interno. La droga entra desde el barrio colindante por los muros, en forma de bolas que se echan desde fuera hacia adentro o es ingresada directamente por los guardias. Para ello los jefes de los patios, en complicidad con los guardianes, ponen a los presos contra los muros con la finalidad de poder recoger las bolas y que éstas no se pierdan. Siendo el entrevistado “pasillero”, preso al que le corresponde la organización de uno de los pasillos o galerías en que se divide cada patio, y que conforma junto a los otros pasilleros y al jefe del patio el llamado Comité de Convivencia. Además explica que a él le toca recoger el dinero de los otros presos para pagar a la guardia con el objetivo de pasar la droga, de tener móviles o poder comer en mejores condiciones.
La comida en el interior de la prisión en Colombia se encuentra actualmente externalizada por servicios de empresas privadas que cuadruplican su precio y según un informe de Naciones Unidas la baja calidad y las inexistentes medidas higiénicas provocan gran parte de las enfermedades de los propios internos. Una de las imágenes más impactantes es la cantidad de hornos artesanales y microondas que hay entre los espacios de los patios donde los presos comercializan con “pizzas” o comida rápida que, según ellos, es mucho mejor que la comida que se da en el propio establecimiento.
Otro ejemplo de corrupción que cita Sebastián es respecto a la cuenta de horas trabajadas (generalmente sin remunerar) que sirven para restar tiempos de condena según el Código Penitenciario. Las horas se apuntan en unas planillas que nunca llegan a los juzgados para ser computadas, obligando a los internos a pagar a un guardia para que estos cómputos sean enviados a su juzgado, esta situación provoca que muchos internos, por no tener dinero para realizar este procedimiento corrupto, estén cumpliendo todavía condena cuando tendrían que estar libres. Todos estos gastos derivados de la corrupción y la falta de servicios llevan al endeudamiento de las familias, que de media tienen que gastar al mes un millón de pesos colombianos en cada interno para que tenga un mínimo de condiciones (el salario mínimo en Colombia es de 600.000 pesos), obligándolos a pedir préstamos a las bandas criminales dentro y fuera de la prisión o a los bancos en el mejor de los casos.
Respecto a la sanidad, Wicho, preso político del ELN (Ejército de Liberación Nacional), relata cómo la población infectada por VIH y tuberculosis estuvo 6 meses durante el año 2018 sin recibir tratamiento a pesar de ser un derecho fundamental, esto generó que muchos internos con infectados pasaran de ser pacientes asintomáticos a la fase de SIDA. Siendo esta una problemática grave, puesto que este contagio se reproduce y extiende, cuando tienen relaciones sexuales sin protección con sus parejas. Para él la sanidad es inexistente y con el nuevo modelo, totalmente privatizado, mueren más internos por enfermedades que por peleas violentas en el interior de la prisión.
Para René Nariño, ex-preso político de las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejercito del Pueblo), el patio de los paramilitares es el centro de todos los negocios de corrupción de la prisión, desde allí se maneja en realidad la prisión. Contreras dice que es vox populi que la guardia paga a presos para que maten a un interno o a un familiar suyo, si este se ha rebelado o ha provocado muchos problemas en la prisión, estos sicarios son conocidos como el grupo de sangre de la INPEC.
Según Ángel Parra, preso político de las FARC-EP, dentro de la prisión no hay espacio para que se haga pedagogía y solo algunas organizaciones sociales consiguen entrar y realizar talleres terapéuticos o de formación en aulas cedidas por la pastoral penitenciaria. Uno de los espacios donde más se realiza esta labor está en la biblioteca, su coordinadora asegura que es el único lugar donde los internos puedan recibir apoyo de organizaciones sociales externas. A veces, cuando el INPEC lo permite, se producen visitas de defensores de derechos humanos con el fin de dar cuenta de las condiciones infrahumanas del día a día en el interior. Aunque en general los informes emitidos por estas organizaciones de nada sirven.
De vez en cuando se realiza una visita de aproximadamente 20 niños de 14 a 16 años de una escuela militar que pasan por los pasillos de fuera de los patios con los ojos vendados mientras son insultados, intimidados y escupidos por los presos. Pilar, la única trabajadora social de la prisión nos confirma que el objetivo de esta acción es que aprendan lo que los puede suceder si cometen delitos o se rebelan, además, esta “actividad” es parte de su formación militar. La visita consagra el resumen de la función única de la prisión en Colombia y en el mundo en general.
