Cada 15 de octubre se conmemora en Colombia el Día Nacional de las y los presos políticos. La fecha evoca el asesinato del líder sindical Luis Carlos Cárdenas Arbeláez, muerto a manos del Ejército en 1973. Era reconocido por su lucha sindical y en contra del encarcelamiento por delitos políticos, así este día se rinde un homenaje a quienes han sido encarcelados por oponerse al modelo social vigente.
El 15 de octubre de 1973, el sindicalista Luis Carlos Cárdenas fue detenido en la ciudad de Medellín por miembros de la Cuarta Brigada del Ejército, los mismos que lo asesinaron tras dispararle varias veces con armas de fuego. Su brutal asesinato se mantiene en la impunidad como el de miles de personas en Colombia.
Este hecho motivó a varias organizaciones colombianas a conmemorar en Colombia el Día Nacional de los Prisioneros Políticos, como homenaje y dignificación al dirigente sindical Luis Carlos Cárdenas Arbeláez.
Al momento de su ejecución Luis Carlos Cárdenas Arbeláez tenía 36 años de edad, era padre de tres hijos pequeños, vicepresidente del Sindicato de Trabajadores del Departamento de Antioquia y trabajaba. Desde hacía 13 años era como conductor en la Oficina de Obras Públicas del mismo departamento y desde hacía nueve años se desempeñaba como sindicalista.
Según Mario Calixto, defensor de derechos humanos exiliado en el País Vasco, en Colombia hay aproximadamente 10 mil presos políticos; se trata de líderes campesinos, comunales, estudiantiles, obreros, trabajadores y defensores de Derechos Humanos, a quienes el Estado, a través de su aparato judicial y organismos de seguridad, judicializó y encarceló mediante capturas masivas, montajes judiciales o conculcación del derecho de defensa y el debido proceso.
A esto se suman las denuncias presentadas a la ONU que señalan que en las cárceles colombianas se presentan decenas de casos de torturas y tratos o penas crueles e inhumanas.
El delito político en Colombia castiga duramente a hombres y mujeres que deben enfrentar el aislamiento y los vejámenes estatales. Una de las principales denuncias que realizan las personas detenidas es el hacinamiento, la falta de acceso a la salud, la educación y en general a unas condiciones dignas de reclusión.
A pesar del alto número de ‘Presos políticos’, esta es una condición que no es reconocida por el gobierno colombiano. Sin embargo, la legislación nacional reconoce el delito político, en consecuencia, cualquier persona que es acusada de los delitos de rebelión, asonada o sedición, es en sí mismo un preso político, sobre todo si está detenido.