El viernes 11 de octubre, la cancillería de Colombia realizó a Cuba la petición formal de extradición de ‘Aureliano Carbonell’ y ‘Pablo Beltrán’, miembros del ELN que se encuentran actualmente en ese país. Este hecho representa otra violación por parte del gobierno colombiano al protocolo establecido durante los diálogos entre el mismo y la insurgencia.
En un video publicado por la cancillería de Colombia, el canciller Carlos Holmes Trujillo anunció la petición formal del gobierno colombiano para exigir a Cuba la extradición de Víctor Orlando Cubides, alias Aureliano Carbonell, e Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, integrantes de la Delegación de Paz del Ejército de Liberación Nacional -ELN-.
Esta solicitud, que se hace a través del Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia, busca que estos paguen una condena de 40 años de prisión.
Con esta exigencia se agudizan los incumplimientos al protocolo que se había pactado en caso de que se rompiera el proceso de diálogos con la insurgencia.
¿Qué decía el protocolo?
En el 2016, el mismo año en el que comenzaron formalmente los diálogos, el ELN y el gobierno en cabeza de Juan Manuel Santos, firmaron un protocolo a seguir en caso de ruptura. En este se indica que luego de su terminación, las partes tendrían un plazo de 15 días para concretar el retorno de la delegación del ELN a Colombia. Sin embargo, este punto no se cumplió.
Luego de que en enero de este año el ELN confirmara su autoría en el atentado a la Escuela General Santander de Bogotá, el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció el cese de los diálogos y la reactivación de las órdenes de captura en contra de la Delegación de la insurgencia. Esta acción representó un completo desconocimiento al protocolo firmado por ambas partes y que además tenía a la comunidad internacional como garante.
Ante esta situación, el argumento del gobierno colombiano fue que «no hay protocolo que ampare el terrorismo», desconociendo el carácter político del ELN. Con razón a este incumplimiento, nueve meses después el Estado colombiano formaliza la solicitud de extradición de Carbonell y Beltrán, la cual constituye una grave violación a este protocolo.
Un panorama complejo
A pesar de que la Mesa lleva nueve meses suspendida, distintos sectores de la población han manifestado la necesidad de continuar con el proceso. Asimismo, el ELN ha reiterado su disposición para retomar los diálogos con el gobierno colombiano.
Sin embargo, este hecho demuestra que, como se ha evidenciado desde su posesión, existe poca disposición por parte del gobierno de Iván Duque para encontrar una salida negociada al conflicto. Según la Fundación Paz y Reconciliación -PARES- «el presidente Iván Duque ha dejado de lado la política de paz que tenía el anterior Gobierno y reconoce la existencia de un conflicto armado, virando hacia una política de legalidad y estabilización. Esto se ve reflejado en el cambio de discurso, que usa un lenguaje de código penal y no uno de DIH, que reglamenta los conflictos».
El genocidio, la persecución y estigmatización de líderes sociales, la brutalidad policial y la militarización de los territorios han caracterizado el mandato de Iván Duque. Mientras tanto las comunidades, tanto en las ciudades como en el campo, han exigido que cese la violencia en los territorios, se cumpla el Acuerdo de Paz con las Farc y se dé continuidad a la Mesa de Diálogos con el ELN.
La solicitud de extradición complejiza aún más el panorama de diálogos, pues representa el incumplimiento a un acuerdo de Estado al que se había llegado, no solo con la insurgencia, sino también con los garantes de la comunidad internacional. Así, la posibilidad de continuar con la Mesa de Diálogos con el ELN se diluye cada vez más, mientras que se reafirma la existencia de un gobierno con políticas que desconocen a los acuerdos internacionales y a las mismas comunidades.
