El Chocó, un territorio de agua y selvas; de cultivos de pancoger y pescado, así como variedad de minerales, plantas y animales. El Atrato, el San Juan y el Baudó hacen parte de la amalgama de ríos que recorren una región que comparte el sabor del pacífico y del atlántico, pero en la que el conflicto armado, el abandono estatal y la pobreza han marcado la realidad de las comunidades chocoanas.
Aunque el Chocó ha sido catalogado como uno de los lugares con mayor diversidad biológica del planeta, según el informe de pobreza multidimensional por departamentos realizado por el DANE en el 2018, el Chocó ocupa el quinto puesto de los departamentos más pobres del país con una cifra del 45,1%. Este indicador tiene en cuenta las condiciones educativas, de la niñez y juventud, el trabajo, el acceso a salud y las condiciones de vivienda y servicios públicos. Sin embargo, la pobreza en su centro poblado supera este porcentaje por 14 puntos (59,6%).
La abundancia de bienes naturales, así como la ubicación estratégica en la que se encuentra este departamento no se han reflejado en las garantías de vida digna para las personas que lo habitan, sino que por el contrario, ha contribuido al recrudecimiento del conflicto armado y la incursión de grupos paramilitares; asimismo, han incursionado proyectos de carácter extractivo como la minería y los monocultivos.
Según la publicación ‘Alimentando el conflicto en Colombia: el impacto de la minería de oro en Chocó‘ realizada por el Centro de Investigación y Educación Popular -Cinep- «el 41 por ciento de su superficie total sujeta a concesiones mineras (concedidas o solicitadas), del que el 75 por ciento ha sido solicitado o concedido a las empresas multinacionales».
Estas mismas características han sido el motor de la disputa de casi 20 años entre Antioquia y Chocó por la jurisdicción de Belén de Bajirá. Ante la proximidad de las elecciones locales, este pleito ha cobrado vigencia luego de que la Registraduría afirmara que los habitantes del municipio deben votar en Antioquia, a pesar de que en el 2017 el Instituto Geográfico Agustín Codazzi -Igac- afirmara que Belén de Bajirá pertenece al Chocó.
Asimismo, ha sido una de las regiones más azotadas por el conflicto desde 1997 cuando se llevó a cabo la Operación Génesis. Se trató de una serie de acciones realizadas por militares y paramilitares en las que fueron desplazadas más de 25 mil personas; según la misma publicación del Cinep «sus objetivos incluían la promoción de intereses económicos, entre ellos la minería, y coincidieron con importantes novedades en relación a la tierra de la región».
De esta manera el abandono estatal, el conflicto armado y la incursión de proyectos extractivos han estado estrechamente relacionados, contribuyendo a un panorama histórico de pobreza y violaciones de derechos humanos para las comunidades que habitan este territorio.
La Caravana Humanitaria por la Vida
El 5 de agosto salió desde Medellín la ‘Caravana Humanitaria por la Vida’ que recorrió el Bajo Atrato chocoano. Su objetivo era visibilizar la crisis humanitaria y el abandono estatal en el que se encuentran las comunidades de esta región. Contó con la participación de 530 caravanistas: 40 internacionalistas de 13 países diferentes, 40 organizaciones nacionales, así como pobladoras y pobladores locales que visitaron un total de 21 comunidades.
El recorrido finalizó el 12 de agosto en el municipio de Riosucio, en donde se presentaron los primeros informes sobre la situación humanitaria, económica y social de los tres recorridos: el río Truandó, el río Salaquí y las Zonas Humanitarias.
El informe presentado mostró la gravedad de la situación en el Chocó, haciendo énfasis en la situación territorial y ratificando problemáticas como el abandono estatal, el conflicto territorial entre comunidades negras e indígenas, el malestado de las vías fluviales (principales canales de comunicación) con relación a su taponamiento, y las consecuencias que esto trae para la economía de las poblaciones que habitan distintos puntos de los dos ríos, pues no pueden comercializar sus productos, como el plátano, el arroz y otros alimentos que se cultivan en la zona. 
En el marco de la Caravana se realizó un recorrido de atención médica en el que se llegó a atender a más de 150 pacientes diarios, para un total de 900 personas atendidas durante la jornada. Así, desde la comisión de salud se evidenció que la mayoría de los territorios visitados no cuentan con un centro de salud de atención, ni siquiera de primer nivel.
Frente a la situación de violencia que históricamente ha vivido el departamento, continúan habiendo incumplimientos por parte del Estado para garantizar el retorno de muchas familias que fueron desplazadas desde 1997, a raíz de la ola paramilitar que azotó la región.
Debido al masivo acompañamiento de la Caravana, varias de estas familias decidieron retornar a su lugares de origen después de 22 años. Aunque este retorno no fue definitivo, avivó en las personas, en su mayoría mujeres, la esperanza para seguir resistiendo a estas problemáticas que cada vez se profundizan más en distintos lugares de país.
Actualmente este fenómeno se continúa presentando en la región debido a las constantes amenazas y hostigamientos por parte de los grupos paramilitares, así como el incremento de los combates entre estos grupos, el ejército y el ELN. Así, en abril de este año doce familias que habitaban la rivera del río Salaquí tuvieron que abandonar su territorio.
Asimismo, los incumplimientos del gobierno no se remontan únicamente a los noventa, pues tampoco se han cumplido los acuerdos a los que se llegó durante la Minga del Chocó realizada el año pasado.
Los principales elementos mencionados en el informe ejecutivo de la Caravana son: la falta de políticas públicas para mejorar la calidad de vida de la población, las afectaciones al ambiente debido a los proyectos de carácter extractivo y las constantes violaciones de derechos humanos hacia las comunidades. Esto además, se enmarca en un contexto de temor en el que las personas prefieren guardar silencio, debido a la presencia constante de la fuerza pública y de grupos paramilitares.
La comisión de Derechos Humanos entregará un informe final para que entidades gubernamentales y no gubernamentales presten real atención a la situación en la que se encuentran las comunidades del Bajo Atrato chocoano. La presentación del informe se realizará el martes 15 de octubre en el Senado de la República.
