“Me han horrorizado, consternado las versiones de los campesinos, afrocolombianos e indígenas describiendo los ataques que enfrentan, sin poder decir el nombre de los victimarios”. Michel Forst relator especial de la ONU, tras visitar a Colombia, en noviembre de 2018.
En Colombia, en 2018, el régimen asesinó entre 164 y 226 líderes sociales según la Defensoría del Pueblo e Indepaz. La mayoría de ellos eran directivos de Juntas de Acción Comunal, de Comunidades indígenas o de asociaciones campesinas, casi todos vivían en zonas rurales, y defendían la implementación de los Acuerdos de Paz.
Más allá de presentar cifras, hay que dejar en evidencia el trato de guerra, que aplica el régimen mediante su política de seguridad, que caracteriza como Enemigo Interno a todos los que se oponen a las políticas represivas y
extractivistas en las regiones colombinas; lo que logran es que ser líder social en nuestro país sea como “llevar una lápida en la espalda”, una labor social de muy alto riesgo, dado que la defensa de los derechos de las comunidades incomoda a las clases dominantes.
Genocidio en auge
El último informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, entregado en diciembre, muestra su preocupación por las escasas garantías de seguridad para las comunidades, las personas defensoras de los derechos humanos y los líderes sociales.
Según la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, en los 2 años transcurridos desde la firma de los Acuerdos de Paz, han registrado 454 asesinatos, de ellos, el 51 por ciento se concentran en tres Departamentos: Cauca, Antioquia y Norte de Santander.
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ASESINATO DE LÍDERES EN 2018 (%)
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Cauca 25
Antioquia 16
Norte de Santander 10
Putumayo 8
Valle del Cauca 7
Nariño 6
Meta 5
Caquetá 5
Córdoba 5
Arauca 4
Chocó 3
Caldas 2
Huila, Risaralda,
Cundinamarca, Sucre 2
Santander 1
Magdalena, Guaviare,
Guajira, Bolívar,
Atlántico 1
Boyacá, Cesar, Quindío,
Tolima, Valle, Vichada 1
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Los ataques y el asesinato de los líderes, continua con alta impunidad, pese a que el Gobierno dijo en noviembre pasado que iba a ejecutar un Plan de Acción Oportuna, que hasta la fecha no muestra ningún resultado, porque sigue sin esclarecer las responsabilidades de los delitos, y ni tan siquiera el Gobierno lleva una estadística de los casos de persecución y agresiones.
El jefe de la Misión de Verificación de la ONU, destaca que las comunidades desde sus territorios han hecho esfuerzos por consolidar la paz como un derecho, lo que exige que las instituciones del Estado den una respuesta urgente al clamor de las comunidades, las víctimas y los excombatientes; por la seguridad, la educación, la salud, la tierra, la infraestructura y alternativas viables a las economías ilegales, que son derechos fundamentales que por décadas les han negado.
Víctimas Exigen No Ser Revictimizadas
En pro de continuar con la política de guerra y perpetrar el genocidio, el Gobierno nombró al mando de diferentes unidades de las Fuerzas Armadas, a comandantes que están vinculados en las ejecuciones extrajudiciales llamadas Falsos Positivos y en violaciones graves de derechos humanos.
En aras de exigir respeto a las víctimas, organizaciones de defensores de derechos humanos de Antioquia, a través de un comunicado público, rechazaron el nombramiento del Brigadier General Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, como comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles, asignada al Bajo Cauca, por estar vinculado en por lo menos 22 casos de Falsos Positivos, ocurridos entre 2006 y 2007, cuando se desempeñaba como comandante del Batallón Magdalena de la Novena Brigada del Ejército.
El desplazamiento forzado aumentó en un 106%
En Colombia, el desplazamiento forzado, alcanza una cifra histórica de 7,2 millones de desplazados internos; con lo que Colombia sigue siendo el primer país del mundo en desplazamiento.
Producto de este desplazamiento, las clases dominantes se han apoderado de 5,5 millones de hectáreas de tierras. El 95 por ciento de los desplazamientos se presentan en los Departamentos de Antioquia, Chocó, Nariño y Norte de Santander.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reveló que más de 30.500 personas han sido desplazadas forzosamente de sus territorios entre enero y noviembre de 2018 [2], como consecuencia del conflicto armado en Colombia. Lo que representa un incremento del 106 por ciento, en comparación con el año 2017.
Las víctimas de este 2019
El viernes 4 de enero, a las 6 pm, cuatro sicarios armados de fusiles asesinaron a Wilmer Antonio Miranda, en El Carmelo, de Cajibío, Cauca, líder campesino de los cultivadores de coca, dirigente de Fensuagro CUT, miembro del movimiento de izquierda Marcha Patriótica.
También el viernes 4 de enero a las 5 pm, varios sicarios armados asesinaron a José Rafael Solano, de 60 años, en frente de su casa y en presencia de su familia. Era Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Jobo, localizada en la vía entre Zaragoza y Caucasia. Zona del Bajo Cauca, altamente militarizada por la Fuerza de Tarea Aquiles del Ejército estatal.
Contrario a lo que se esperaba con la desmovilización de las FARC, el conflicto interno se ha agudizado en Colombia, siendo la disputa por el acceso a la tierra y la defensa de los bienes comunes, los principales factores que contribuyen al incremento del genocidio, los desplazamientos, las amenazas y las ejecuciones extrajudiciales.
Como paso previo a las fumigaciones con Glifosato en contra de los cultivos de coca, el asesinato de líderes de estas comunidades campesinas son un primer objetivo de ataque militar; así el Gobierno prepara tales zonas para aplicar la Guerra contra las drogas que le ordena Trump.
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