El presidente Gustavo Petro , en su gobierno, es quien ha denunciado la magnitud de la corrupción del sistema de salud:

Este informe de La W hace una descripción de lo que hemos estado denunciando por años en este país y que es uno de los motivos por los cuales se presentó la reforma estructural al sistema de salud, que continúan saboteando en el Congreso de la República para que esta realidad de saqueo continúe.

El presunto desvío de billones de pesos de recursos públicos de la salud, mediante el mecanismo de creación de empresas de papel, como lo fue Medimás (ya liquidada) y Coosalud, que, según denuncia del presidente Petro, creó una empresa de papel denominada Coosalud Inversa, que, soportado con los recursos de la UPC, hizo un préstamo por 200 mil millones de pesos al banco de los Gilinski, que luego embargó estos recursos públicos en el momento en que la Supersalud intervino.

Lo que omite el informe de La W es la conformación de la junta directiva de Coosalud, la cual estaba integrada por familias de la clase política tradicional opositora a la reforma. Se omite, además, que la creación de empresas de papel para intermediar recursos ha sido un mecanismo sofisticado tecnocráticamente bajo los gobiernos de Santos, Uribe y Duque. Se registraron en Coosalud y otras EPS anticipos billonarios a distintas empresas de las mismas familias y, en el caso de la Nueva EPS (bajo el control de la misma clase política), se hicieron giros por más de 700 mil millones a uniones temporales (muchas de ellas empresas de papel). Casualmente, esto se dio previo al proceso electoral de octubre del 2023. ¿Han utilizado estos recursos de manera ilícita para financiar campañas y otros negocios?

En el análisis, es importante señalar que el Congreso de la República legalizó el mecanismo de integración vertical en un 30 %, un diseño institucional perverso en el cual las EPS reciben billones de pesos de manera anticipada de los colombianos y tienen la potestad de contratar discrecionalmente, sin regulación tarifaria, con sus propias clínicas. Encontramos, por ejemplo, que en un año solo una clínica, de las 11 mil prestadoras de servicios de salud que hay en el país, facturó alrededor de 1,5 billones, de un total de 83 billones que movilizó el sistema ese año. Todo esto ha ocurrido por más de una década, mientras han llevado a la quiebra hospitales públicos, cerrado servicios de ginecología y pediatría, clausurado puestos de salud en todo el país y han sometido a la ciudadanía al paseo de la muerte.

Todo este presunto saqueo es el resultado de un diseño institucional del sistema, en el que se ha permitido que en Colombia se manejen de manera opaca, discrecional y privada billones de pesos de recursos de los colombianos. Esta situación es exactamente lo que transforma y enfrenta la reforma a la salud, generando instrumentos y mecanismos anticorrupción para el manejo público y transparente de los recursos con el fin de garantizar la atención universal de los pacientes.

La realidad es que, con la complicidad de cierta prensa corporativa, los sectores políticos y clientelares que se han beneficiado del oscurantismo del sistema continúan oponiéndose a la reforma.

Es de anotar que en manos de la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República se encuentran radicadas las denuncias con los listados de irregularidades y presunto saqueo, denuncias que ha adelantado el Gobierno Nacional en sus distintas instancias, así como las instauradas por organizaciones ciudadanas y de la sociedad civil. Requerimos investigaciones y respuestas por parte de los organismos de control.

Por otro lado, es necesario que la Supersalud establezca un tablero de control riguroso para que la postulación de pagos de las EPS intervenidas a los prestadores sea transparente. Se deben deshacer contratos leoninos de la integración vertical para proteger la red pública hospitalaria y el conjunto de clínicas. Se debe adelantar de inmediato la auditoría forense a todo el sistema, además de restituir el sistema de peticiones, quejas y reclamos que proteja a la ciudadanía de la negación de servicios y la no entrega de medicamentos.

En el Congreso de la República está radicada la propuesta de reforma, construida por más de una década para comenzar a resolver esta calamitosa situación que cuesta la vida de millones de colombianos. Esperamos que el Congreso asuma la responsabilidad frente a esta situación con su trámite. ¡No más filibusterismo y saboteo!

Carolina Corcho Mejía.
Medica Psiquiatra.
26/2/25-

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